Chiapas: las fronteras del desarrollo

Abstract

En este ensayo nos proponemos plantear una serie de mutaciones que está teniendo la sociedad chiapaneca como resultado de factores endógenos y exógenos que se interiorizan en los diversos grupos de la sociedad y que dan como resultado una reelaboración de sus demandas, las cuales se expresan en posiciones divergentes y hacen ver que se trata de proyectos irreconciliables. Trataremos de mostrar la complejidad de la problemática chiapaneca, que se manifiesta como una serie de laberintos, cuya salida sería muy difícil sin un debate profundo donde participen todos los actores económicos, sociales y políticos.

Full text

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Introducción
Chiapas se ha convertido en los últimos
años en un gran espejo donde se miran
las posibilidades de una salida a la glo-
balización neoliberal, un ejemplo de esto se observa
en las manifestaciones de los globalifóbicos que en gran
medida han estado inspiradas en el movimiento
neozapatista. Esto merece una reflexión en la medi-
da en que, contrario a lo que podría pensarse, desde
la perspectiva del pensamiento crítico, es en los espa-
cios más desarrollados del capitalismo donde las con-
tradicciones generan planteamientos alternativos y
contestatarios al orden imperante. Pero el espejo tie-
ne dos caras, una que refleja las posibilidades de cam-
bio y otra que se resiste al cambio; para ponerlo más
claro, ambos lados quieren un cambio pero tienen
direcciones distintas, una que plantea la crítica a la
modernidad reivindicando los usos y costumbres y otra
que rompe con esta idea al plantear el camino de la
modernidad en el margen. Estos dos proyectos de cam-
bio se manifiestan en todas las esferas de la sociedad
local: en lo económico, lo social y lo político.
En este ensayo nos proponemos plantear una
serie de mutaciones que está teniendo la sociedad
chiapaneca como resultado de un conjunto de fac-
tores endógenos y exógenos que se interiorizan en
los diversos grupos de la sociedad y que dan como
resultado una reelaboración de sus demandas, las
cuales se expresan en posiciones divergentes y ha-
cen ver, ante la sociedad nacional, que se trata de
proyectos irreconciliables. Trataremos de mostrar la
complejidad de la problemática chiapaneca, que se
manifiesta como una serie de laberintos, cuya salida
sería muy difícil sin un debate profundo donde par-
ticipen todos los actores económicos, sociales y polí-
ticos.
I. El surgimiento del Ejército Zapatista de
Liberación Nacional y el debate sobre
Chiapas
Nunca antes se había escrito tanto sobre Chiapas.
En efecto, a partir del surgimiento del Ejercito
Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) se da una
especie de redescubrimiento de Chiapas, de sus pro-
blemas sociales, políticos, económicos y culturales,
incluso de su geografía, de su posición en el mapa
CHIAPAS: LAS FRONTERAS DEL DESARROLLO
Daniel Villafuerte Solís
Daniel Villafuerte Solís, Centro de Estudios Superiores de México y
Centroamérica, UNICACH.

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del país y del mundo. Las lecturas son diversas, algu-
nas convergentes y otras contradictorias. Se pueden
encontrar lugares comunes, explicaciones fáciles, plan-
teamientos globales, otros recortados a una región
o algún municipio, pero todo esto, al fin y al cabo,
refleja la importancia de Chiapas en los grandes pro-
blemas nacionales.
Esta avalancha de información no ha generado,
paradójicamente, un verdadero debate nacional y
mucho menos regional sobre las propuestas del EZLN.
Lo que resulta evidente son las posiciones políticas
sobre el movimiento neozapatista: en el ámbito na-
cional más a favor que en contra y en el ámbito
local más en contra que a favor. Esta ausencia de
debate se debe, en buena medida, como señala
Roger Bartra, a que los sectores duros de la eco-
nomía –los banqueros y los grandes industriales
exportadores– poco les importa el contenido de
los Acuerdos de San Andrés, y en el caso de los
intelectuales, “decepcionados por la grisura de las
perspectivas electorales y por la falta de opciones
después de la caída del Muro de Berlín”, la imaginería
de este sector crece y se enriquece en torno al nue-
vo espectáculo que fascina a amplios sectores de la
población.
A ocho años del surgimiento del EZLN la situa-
ción económica y sociopolítica de Chiapas no ha
cambiado. El debate político nacional y los apoyos
de los internacionalistas hacia el movimiento
neozapatista no han llevado a un cambio, por el
contrario, la pobreza se ha profundizado1 y Chiapas
ha entrado de lleno, de manera silenciosa, a la
globalización al sumarse a las migraciones centro-
americanas, aportando mano de obra barata para
las maquiladoras instaladas en el norte del país o
para los sectores agrícola y de servicios de la econo-
mía de Estados Unidos. El índice de globalización
de Chiapas, medido en términos de llamadas tele-
fónicas y número de migrantes hacia Estados Uni-
dos, ha crecido sustancialmente desde principios de
los años noventa del siglo veinte.
Durante el tiempo que lleva el conflicto, la dis-
cusión sobre las posibilidades de desarrollo de
Chiapas se ha cargado hacia la cuestión étnica y la
construcción de la autonomía, derivada de los lla-
mados Acuerdos de San Andrés, firmados por el
gobierno federal y el EZLN en febrero de 1996. Esta
sobrevaloración ha llevado a minimizar otros temas
de importancia fundamental en la formulación de
un proyecto de futuro. Los temas agrarios, econó-
micos y sociales, particularmente el problema de la
pobreza, han estado, paradójicamente, fuera de la
discusión. Por el contrario, el tema indígena ha sido
el más discutido y, en menor medida, el problema
de los recursos naturales en su dimensión ecológica,
pero alejado del problema del desarrollo.
El sobredimensionamiento del problema indí-
gena, que por supuesto tiene un peso específico pero
que no agota el tema de Chiapas y sus alternativas,
ha llevado a creer que la aprobación de la llamada
Iniciativa de Ley Cocopa, que sintetiza los Acuer-
dos de San Andrés, solucionará los problemas de
Chiapas, en especial el de los pueblos indios. Esto
ha conducido a olvidar los problemas estructurales
que tiene el estado y que por décadas no se ha podi-
do o no se ha querido resolver, y aquí todos los
actores económicos, sociales y políticos tienen una
responsabilidad: el Estado mexicano y sus institu-
ciones que mantuvieron y mantienen una relación
asimétrica con la entidad; los gobiernos locales que
no tuvieron un proyecto propio y que se limitaron a
administrar los recursos transferidos por la federa-
ción; los empresarios que se contentaron con los
subsidios del gobierno y no se preocuparon por in-
vertir y modernizar su planta productiva; las orga-
nizaciones gremiales empresariales cuya función

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estuvo constreñida a legitimar los gobiernos locales
en turno; las organizaciones campesinas, ahora lla-
madas indígenas y campesinas, que se contentaron
con las limosnas que ofrecían los gobiernos local y
federal; los partidos políticos, que sólo en fechas
recientes –no más de 10 años– comenzaron a tener
presencia en el estado pero sin una oferta de desa-
rrollo económico y social.
Este modus operandi de los actores todavía está
presente en la sociedad chiapaneca. Se siguen las viejas
prácticas políticas y aunque se habla de neocorpo-
rativismo, lo cierto es que en Chiapas se mantienen,
en lo esencial, los viejos patrones corporativos. Se
condena, desde el discurso gubernamental y de las
organizaciones patronales y campesinas, las prácticas
paternalistas y clientelares pero en la práctica se man-
tienen como realidad que se niega a desaparecer.
Las voces que más se escuchan en los medios
impresos y electrónicos son las que reivindican la Ley
Cocopa y condenan la llamada Ley Bartlett-Fernández
de Cevallos. Sin embargo, hay otras voces en el ámbi-
to local que no han tenido repercusión en los medios
masivos de comunicación: los pequeños propietarios,
las organizaciones campesinas oficialistas, los despla-
zados por grupos simpatizantes del EZLN, las clases
medias, los comerciantes, los pequeños y medianos
empresarios chiapanecos. En el ámbito nacional tam-
poco se escuchan las voces de intelectuales que no
están de acuerdo con la llamada Ley Cocopa, el ejem-
plo más claro es la posición expresada por Roger
Bartra, quien señaló: “Mantener el documento de la
Cocopa intacto es una utopía. No es posible some-
ter a un Congreso un documento para que pase
inalterado; esto supone pensar que los diputados y
los senadores son entes descerebrados, que no tie-
nen criterios y que no pertenecen a partidos políti-
cos y a corrientes de pensamiento distintas” (Cuarto
Poder, 6 de mayo de 2001: 63). La posición de Bartra
es radical: “Desde los Acuerdos de San Andrés las
propuestas referidas a los Derechos y a la Cultura
Indígena tienen un lastre conservador e incluso re-
accionario. Yo no creo que a estas alturas debamos
hacer un culto a los Acuerdos de San Andrés. Hay
que reconocer que dentro de esos acuerdos hay ele-
mentos atrasados y conservadores y me refiero
específicamente a todas aquellas ideas que intentan
traducir a la realidad mexicana la organización típi-
ca de los Estados Unidos y de otras regiones
anglosajonas, que es la idea de las reservaciones con
su territorio y su autonomía y sus usos y costum-
bres” (63).
Es importante señalar que Roger Bartra es de
los pocos intelectuales que ha tenido una oposición
abierta a los Acuerdos de San Andrés. En un breví-
simo artículo publicado en la revista Letras Libres,
Bartra se pregunta: ¿por qué un grupo guerrillero
de orientación rígidamente maoísta y convencido
de la necesidad de una guerra popular prolongada
entra, pocos días después del alzamiento, en nego-
ciaciones con el gobierno contra el que lucha y casi
tres años después adopta como bandera principal la
defensa de una iniciativa de ley que, por donde quiera
que se le mire, es cualquier cosa, menos revolucio-
naria?... Estamos ante una propuesta legislativa cuyo
espíritu fundamenta la autonomía y la libre deter-
minación de los pueblos indígenas en criterios
genéticos (que definen su ascendencia), en sistemas
normativos de origen colonial, en la defensa integrista
y tradicionalista de la comunidad, en formas de go-
bierno que excluyen a los partidos políticos y en
intereses corporativos o patrimonialistas... Las for-
mas de gobierno indígena están, en esos acuerdos,
ligadas a poblaciones que conservan sus antiguas ins-
tituciones, que definen sus prácticas políticas de
acuerdo con la tradición, que disfrutan (o quieren
disfrutar) en forma colectiva tradicional del hábitat

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que las rodea y que ejercen formas de justicia basa-
das en la costumbre. El espíritu conservador, tradi-
cionalista y costumbrista es evidente, aunque está
atenuado por sintomáticos agregados condicionantes
sobre el necesario respeto a las garantías individuales,
los derechos humanos, los preceptos constituciona-
les y, especialmente, la dignidad de las mujeres.
Podemos advertir los peligros de este conserva-
durismo para la propia población indígena: exclusión
de los partidos políticos y de instituciones nuevas que
contengan semillas de cambio, confusión de funcio-
nes políticas y eclesiásticas católicas, marginación de
jóvenes, mujeres y disidentes de la práctica cotidiana
de una democracia directa ejercida en asambleas, trans-
formación del disfrute colectivo de los recursos na-
turales en usufructo corporativo de rentas y royalties
cobrados a compañías privadas, y otras amenazas que
serían largo de enumerar (Bartra, 2001:109).
El artículo de Bartra fue escrito antes del dic-
tamen de la Ley Cocopa en el Congreso y, en
consecuencia, señaló: Como por el momento des-
conocemos el grado de tolerancia del EZLN hacia
posibles modificaciones de la propuesta original, es
difícil predecir si –como sería deseable– aminorará
la influencia de la imaginería espectacular que des-
taca excesivamente el teatro y el vestuario, como el
uso del foro y de capuchas, por encima de la discu-
sión de contenidos. Sin dejar de reconocer los en-
cantos de la dramaturgia legislativa, espero que la
deseable aprobación de una ley que otorgue dere-
chos a la población indígena logre ir más allá de la
batalla entre villanos de zarzuela y héroes de opere-
ta (Bartra, 2001:109-110).
Hay posiciones intermedias que visualizan di-
versos escenarios, pero que tienen una posición
menos radical sobre la visión neozapatista, en las
que ubicamos a Sergio Zermeño, quien en un artí-
culo escribió a propósito de la marcha neozapatista
al Distrito Federal. Para apuntalar su argumenta-
ción se pregunta sobre los peligros del radicalismo y
la intransigencia que puede derivarse a partir del
tercer mensaje enviado por los neozapatistas al pue-
blo de México que indica: “es necesario desafiar para
hacer la guerra; es necesario desafiar para hacer la
paz”. Zermeño señala que:
...este razonamiento nos pone en guardia, pues
escuchado desde otros puntos de nuestra extensa
geografía de la pobreza y la exclusión, ese discurso
se ha convertido en un llamado extremadamente
frontal. Ser habitante del DF, vivir en la universidad
y observarla, acercarse a los medios populares,
constatar la violencia, la delincuencia y el rencor que
genera la desigualdad lacerante nos hace titubear:
¿el discurso que nos propone el zapatismo nos invita
a la reconstrucción de los colectivos sociales y de las
organizaciones políticas o amplifica la desconfianza,
la cultura del ‘no rotundo’, del ‘no cambiaremos ni
una coma’, el rechazo de cualquier acuerdo y del
reconocimiento del otro, tal como lo estamos
viviendo con crudeza en tantos ambientes de la
ciudad, o como lo hemos constatado en los ‘diálogos
de minería’? Hay conductas extremas: a algunos de
nuestros estudiantes no les importa ser expulsados,
actuar por fuera, porque tienen la certeza de que
su intransigencia no es más que una respuesta tímida
a un andamiaje de poder ecuménico que va del
director de su escuela a Seattle, a Davos y ahora a
Cancún. El mundo ve los colores vivos y los
harapos de la marcha indígena, y en espacios
crecientes se consolida la fobia, la rabia contra los
titanes malvados del orden global y sus lacayos.
Pero ¿hasta donde se ramifican esos lacayos?, ¿hasta
el profesor de Ciencias Políticas?, ¿hasta la familia
de clase media que se transporta en un auto
comprado a crédito y se encuentra desdicha-
damente con la turba que sale de un concierto
juvenil? (Zermeño, 2001:27).

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La pregunta inicial de Zermeño lo lleva a la for-
mulación de tres escenarios posibles. El primero de
ellos significaría volver a vivir una historia parecida
a la de los años setenta; el segundo se refiere a las
prácticas del poder, sobre todo a partir del fortale-
cimiento del sistema de partido; y el tercero es la
opción más viable y el reto mismo del zapatismo.
Veamos en forma resumida estos tres escenarios:
I. Reproducir la historia de los años setenta que,
aunque con otra terminología, colocó en la escena
latinoamericana y mexicana a los mismos
personajes de este drama: nos afanamos, en esos
años, a delatar al imperialismo que penetraba
nuestros países y nos oprimía con la complicidad
de la burguesía nacional, de la clase media
improductiva y de los aparatos de poder y de
cultura: sospechábamos que había agentes de la
CIA hasta en el seno de nuestros más íntimos
círculos. La derecha (al principio los ricos y los
conservadores y, conforme la crisis se ahondaba,
el grueso de la pequeña burguesía, de los sectores
asalariados y de los que sobreviven del statu quo),
se condensó en un espectro nacional, defendiendo
sus intereses y sus ilusiones, aterrada por la
confrontación, por la sublevación. El desenlace
fue dramático y es lo que hoy tenemos que evitar:
globalifóbicos contra momios caceroleros (o el
nombre que terminemos dándoles).
II. Pasado el momento inicial y de mayor euforia
y si no se logró una desestabilización generalizada
del orden, lo que procede desde el punto de vista
del poder es el alargamiento del conflicto y su
debilitamiento en el tiempo.
III. Que se retire el ejército, que sean liberados
los presos zapatistas, ahí no está el problema. Lo
que sí es importante es que se apruebe la ley sobre
derechos y cultura indígena lo más rápido posible;
quizá haya que cambiarle algunos puntos, algunas
comas y alguno más, porque de lo que se trata es
de no entrar en un período de desgaste... El
movimiento zapatista corresponde a un territorio,
es local y regional, debe regresar a sus regiones
una vez que haya llegado a un consenso sobre el
significado de la autonomía, gobierno, usos y
costumbres, y tiene que demostrar, desde ahí hacia
el mundo que lo está observando y hacia todos
los mexicanos, que hay un camino para superar
las condiciones de opresión y de explotación,
incluso en el marco de la globalidad, sobre todo
en este momento en el que recibe el apoyo sin
reservas, moral y material, nacional e internacional.
(Zermeño, 2001: 27-28).
Las interrogantes formuladas por Zermeño tie-
nen pertinencia no sólo desde el DF, sino también
desde Chiapas. La ruralidad y la falta de opciones en
un territorio caracterizado por la pobreza extrema,
que invitan a la delincuencia, al linchamiento físico y
a la expulsión violenta de muchos campesinos de sus
comunidades por motivos religiosos, deben llevarnos
a las mismas preguntas. El reconocimiento de la com-
pleja geografía económica y socio-política de Chiapas,
así como de las tensiones y conflictos que ocurren
cotidianamente entre campesinos, debe llevarnos a la
reflexión sobre la vía más adecuada para superar
los rezagos acumulados.
Por otra parte, el historiador Jean Meyer, en su
libro Samuel Ruiz en San Cristóbal, no entra en un
debate sobre el EZLN y tampoco fija una postura.
Sin embargo, en algunos pasajes se dejan entrever
apreciaciones interesantes que en otros textos no se
mencionan. Uno de estos se refiere a la concepción
de la diócesis de San Cristóbal, en particular del
obispo Samuel Ruiz, sobre los indígenas, que pare-
ce retomar la vieja concepción de la antropología
norteamericana que hasta fines de los sesenta estu-

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diaba al indígena tal cual, aislado de la sociedad re-
gional y nacional, apartado del tiempo histórico. Esta
concepción de nuevo está de moda bajo el discurso
etnicista. Según Meyer, esta corriente es mayoritaria
en el mundo académico chiapaneco, mexicano y
mundial: la etnicidad es considerada la última ins-
tancia de la realidad social, una instancia perenne,
intocable, casi eterna. Samuel Ruiz recibió la influen-
cia de los diversos autores, desde los antropólogos
norteamericanos hasta los más representativos de la
llamada antropología mexicana. “Samuel Ruiz llegó
a esa antropología por la vía de la Iglesia católica y
del Concilio, recobrando una vieja tradición, tan
antigua, como la llegada de la Iglesia al nuevo mun-
do” (Meyer, 2000: 119).
En resumen, el debate sobre Chiapas está lejos
de haberse agotado. Es necesario abrirlo y esto sig-
nifica comenzar por señalar la complejidad de los
problemas en la perspectiva de encontrar salidas a
los laberintos. La cuestión indígena es un gran tema,
pero junto con este están otros que tienen que ver
con la reconfiguración de la frontera sur; con la dis-
persión y la pobreza de la población del campo y la
ciudad; con el subempleo, el deterioro y la destruc-
ción de los recursos naturales; con la producción, la
tecnología, la generación y distribución del ingreso;
con el problema agrario; en fin, con el desarrollo y
las vías posibles. No debemos olvidar que Chiapas
es una región de regiones, que no es lo mismo ha-
blar de Los Altos que de la Selva; de la región Norte
que la del Centro; de la Sierra o del Soconusco.
II. La maldita trinidad económica: el
maíz, el café y la ganadería bovina
Como una realidad caprichosa, que se niega a des-
aparecer, se mantiene una estructura económica en
el campo que ya no corresponde a los nuevos tiem-
pos de la globalización. La crisis del campo, espe-
cialmente de la producción de maíz, café y ganado
vacuno, parece evidenciar las graves carencias y fa-
llas de un modelo económico arcaico, que no ga-
rantiza la alimentación de la población, excepto el
maíz, ni permite generar ingresos suficientes para la
reproducción económica de quienes practican estas
actividades.
Chiapas sigue manteniendo una agricultura con
bajos índices de producción y productividad; es una
agricultura predominantemente temporalera, esca-
samente tecnificada, que soporta a una población
muy grande y en proceso de crecimiento, que cada
vez presiona más por el recurso tierra ante la falta
de otras alternativas de empleo. Un indicador que
sintetiza el nivel de subdesarrollo del medio rural
chiapaneco es la relación entre la cantidad de pobla-
ción y el PIB que genera el sector primario. Se trata
de valores muy bajos, que no llegan a los mil dólares
per cápita. Ligados a la baja productividad del traba-
jo agrícola, se encuentran los bajísimos niveles de
escolaridad de la población rural.
Otro elemento que caracteriza al sector
agropecuario es la estrechez del patrón productivo,
lo cual lo hace más vulnerable. En efecto, el patrón
productivo está integrado por 12 cultivos2, sin em-
bargo en términos de la ocupación del suelo, del
empleo de mano de obra y del valor de la produc-
ción, el maíz y el café, junto con la actividad ganade-
ra, determinan la dinámica socioproductiva. Veamos
algunos indicadores:
El cultivo de maíz ocupa 66% de la superficie
total cosechada, un promedio de 910 000 hectáreas,
y su producción significa 56% del volumen total
generado por el grupo de los 12 cultivos; el valor
que aporta es el más alto del sector agrícola y es la
actividad que absorbe mayor fuerza de trabajo. En
el marco de la producción nacional aún sigue ocu-

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pando el tercer lugar, alcanzado desde 1980. En la
producción de este grano están involucrados 290
mil productores, es decir, casi 300 mil jefes de fami-
lia que multiplicados por cinco miembros se obten-
dría un millón y medio de personas que viven del
cultivo. Además, la producción maicera genera más
de 24 millones de jornales que impactan las econo-
mías de las regiones productoras.
Se estima que 175 mil productores cultivan me-
nos de cinco hectáreas, de los cuales 75 mil son
indígenas que en conjunto siembran 410 mil hectá-
reas con una producción promedio de 1.2 toneladas
por hectárea. Aun cuando se calcula que el número
de productores que entra al circuito de la comer-
cialización del grano es de 50 mil, con alrededor de
600 000 toneladas.
El carácter dicotómico del cultivo de maíz, como
generador de alimento y al mismo tiempo como ele-
mento que perpetúa las condiciones de pobreza, lle-
va a preguntar sobre los límites de su cultivo, en la
perspectiva de avizorar mejores condiciones de vida
para los miles de productores que se dedican a esta
actividad. Hay razones de peso para considerar la ne-
cesidad de continuar con el cultivo, la seguridad y
soberanía alimentaria, es un motivo necesario pero
no suficiente para mantener el cultivo del maíz en las
condiciones en que se le ha fomentado. El programa
de subsidios directos al campo (PROCAMPO), acompa-
ñado de otros subsidios como el de Kilo por Kilo,
que consiste en proporcionar semillas mejoradas a
bajos precios, ha logrado aumentar la frontera maicera.
A tal grado que la superficie sembrada en los últimos
cinco años (1995-1999) ha pasado de 917 312 hectá-
reas a 988 176 hectáreas, lo que representa un aumen-
to de casi 71 000 hectáreas, es decir, 14 000 hectáreas
por año. Sin embargo, los rendimientos por hectárea
han mantenido un comportamiento errático: 1.87
toneladas en 1995, 1.64 en 1997 y 2.15 en 1999.
En este contexto, las paradojas son evidentes:
mientras los románticos y furibundos defensores del
medio ambiente y de los minifundistas reivindican
el sistema de producción tradicional de maíz3, las
organizaciones campesinas que representan a miles
de productores de maíz reclaman todos los años
que se mantenga el programa Kilo por Kilo, un pro-
grama que consiste en la entrega de semillas a los
productores de maíz, semillas producidas por las
grandes transnacionales que controlan el mercado
mundial de semillas.4
El aumento de la frontera maicera ha tenido
costos ambientales de grandes dimensiones, aun-
que todavía no existe ninguna evaluación oficial. La
apertura de tierras no aptas para el cultivo y las que-
mas provocadas por reconversión de superficies ar-
boladas, constituyen factores que deben agregarse
al costo de producir maíz, además del rápido dete-
rioro de las nuevas tierras abiertas al cultivo. Hay,
sin embargo, quienes sostienen una visión ro-
mántica y creen firmemente en que el maíz debe
ser la razón de la existencia de miles de campesi-
nos: “El maíz no es sólo el cultivo más importante,
la especie para la que se dispone más superficie, la
actividad agrícola a la que la mayor parte de los
agricultores se dedican. El maíz es y seguirá siendo
uno de nuestros pilares culturales que nos da iden-
tidad como mexicanos. El maíz nos caracteriza como
pueblo, el maíz es posiblemente el punto de unión
más fuerte entre todos los mexicanos y entre todos
los chiapanecos” (Perales, 2000).
El cultivo de café es el segundo en importancia,
con poco más de 280 mil hectáreas, que genera en-
tre 27 y 37 millones de jornales promedio al año
con importantes flujos de fuerza de trabajo de ori-
gen centroamericano (entre 70 y 90 mil trabajado-
res anuales). La frontera cafetalera y el padrón de
productores se han venido ampliando desde los años

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ochenta mediante la incorporación de tierras ejidales
y comunales. Hoy, la producción del aromático
involucra a cerca de 83 000 productores, de los cua-
les 68 413 pertenecen al llamado sector social, esto
es, comuneros y ejidatarios que representan 86.6%
del total y que en conjunto cultivan una superficie
de 164 529 hectáreas, 67.7% del área cultivada total.
De éstos, 30 000 productores cultivan hasta 1.9 hec-
táreas y el resto de 2 a 5 hectáreas.
Este fenómeno de minifundismo cafetalero se ob-
serva también en el sector privado, en donde 5 600
productores cultivan hasta 1.9 hectáreas y 6 787
cultivan de 2 a 5 hectáreas. En este marco, 1 632
productores del sector privado poseen en conjunto
una superficie de 18 275 hectáreas. Sin embargo,
una fracción de 215 productores privados cultiva
poco más de 36 mil hectáreas, y de éstas 31 mil son
cultivadas por 103 productores, quienes ejercen un
peso significativo en la producción, en el proceso
de beneficiado y en la comercialización (Villafuerte,
et. al., 1995).
Por otra parte, los productores de café todavía
no terminaban de recuperarse de la crisis de 1989-
1993 cuando el fantasma de una nueva crisis ame-
nazó la supervivencia de miles de cafetaleros. En
los ciclos cafetaleros 1998-1999 y 1999-2000 los
precios internacionales vinieron descendiendo a tal
grado que ya se equiparaban al precio registrado
en 1993, cuando se obtuvo en promedio 45 dóla-
res por quintal; para el ciclo 2001-2002, se mantu-
vo la tendencia a la baja, lo que puso en grave
riesgo a la población que depende directamente
del cultivo y de los que están alrededor de éste.
Esto plantea, de nueva cuenta, una revisión de la
estructura productiva del campo chiapaneco, en
especial de los cultivos tradicionales que tienen un
fuerte impacto en el empleo y en la economía del
estado.
La lección de la crisis de 1989-1993 no fue asi-
milada por los productores y tampoco el gobierno
comprendió la verdadera dimensión económica y
sociopolítica de esta crisis. No se entendió o no se
quiso entender que el café representa uno de los
talones de Aquiles de la economía chiapaneca. La
curva de los precios internacionales del café repre-
senta la línea vital de Chiapas y si ésta se mueve
para abajo la salud del estado se deteriora a tal gra-
do que, como sucedió en los años arriba señalados,
puede catalizar un movimiento social de grandes
proporciones como el ocurrido el 1 de enero de
1994. Seguir ampliando la frontera cafetalera, como
seguramente ha venido ocurriendo en los últimos
nueve años,5 significa mayor vulnerabilidad econó-
mica para Chiapas y mayor pobreza para los pro-
ductores. No hay que olvidar que el café constituye
el postre para la población de los países altamente
industrializados y como tal puede ser prescindible,
lo que mantiene a las regiones productoras en una
condición de subdesarrollo, Chiapas y Centroamérica
son el ejemplo más claro de esta situación.
En lo que se refiere a la ganadería bovina, desde
los años cincuenta, ésta venía constituyéndose en
uno de los pilares de la economía chiapaneca, alcan-
zando para 1970, 1975 y 1980 una participación en
el PIB sectorial de 32.4, 29.9 y 28.2% respectivamente.
Entre 1970 y 1980 la ganadería pasó de 2 millones a
2.9 millones de cabezas en una superficie de poco
más de 2.5 millones de hectáreas. A mediados de
los ochenta, este subsector entró en crisis no sólo
por el agotamiento del modelo extensivo que lo ca-
racteriza, sino por la contracción de los recursos
crediticios. Asimismo, la apertura comercial propi-
ció una reducción en los precios nacionales del ga-
nado y sus productos (carne y leche), llevando a
esta actividad a un proceso acelerado de
descapitalización y a una reorientación de la
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comercialización hacia los estados del norte, con
destino final para su engorda en los Estados Unidos.
La actual dinámica ganadera es distinta a la que
prevaleció hasta 1970, cuando emergió como una
de las ramas económicas donde el sector privado,
con grandes extensiones de tierra, era dominante.
Hoy se hace evidente no sólo el agotamiento del
sistema extensivo de su explotación y los bajos ren-
dimientos respecto a la media nacional y los
estándares norteamericanos, sino también un proce-
so importante de reordenamiento espacial de la actividad
donde los ejidos han aumentado su participación
(Villafuerte, et. al., 1997).
Después del levantamiento armado del 1 de enero
de 1994, la ganadería bovina del sector privado su-
frió un duro golpe que, aunado a la crisis que venía
arrastrando, hasta el momento no ha logrado repo-
ner los inventarios alcanzados en los años ochenta.
La región más afectada es la llamada zona de con-
flicto, donde 60 000 hectáreas fueron sacadas de la
actividad ganadera. En contrapartida, se observa un
incremento de la actividad en el sector ejidal, inclu-
so en la selva Lacandona.
La ganadería constituye uno de los problemas
más serios que tiene la economía agraria de Chiapas,
pero paradójicamente es un tema que no se discute.
La crisis de la ganadería bovina ha conducido a la
desganaderización6 del sector privado y a la ganaderización
del sector social; esta aparente paradoja tiene
implicaciones muy serias en un estado donde el
subempleo es uno de los problemas más críticos y
donde la población del llamado sector social no come
carne por constituir un artículo de lujo. En otras
palabras, el modelo de explotación ganadera no
mejora el empleo ni contribuye a mejorar el estado
nutricional de la mayoría de la población.
Sin extendernos hacia el resto de la estructura
productiva agropecuaria, lo que observamos es que
durante las últimas tres décadas, la economía agra-
ria ha venido sustentándose en la incorporación
continua de los productores del sector social al mer-
cado de productos no sólo con destino al consumo
directo y a los mercados locales sino también con
una fuerte orientación hacia los mercados naciona-
les e internacionales, el café y la ganadería bovina
son los ejemplos más claros. Esto explicaría el por
qué los impactos sectoriales de las políticas de ajus-
te han sido tan dramáticos en el campo chiapaneco.
Sobre todo porque cada vez tenemos más mercado
y menos Estado.
¿A qué conduce la situación de la economía
agropecuaria en un estado en subdesarrollo como
Chiapas? Hoy, paradójicamente, bajo una nueva
administración, que goza de legitimidad, los con-
flictos comienzan a recrudecerse tanto en el campo
como en la ciudad, donde todos los actores econó-
micos reclaman la protección y el apoyo del Estado
nacional y local. Una de las características de la eco-
nomía chiapaneca es que mantiene su anclaje en
actividades primarias y terciarias. Esta situación está
relacionada con dos fenómenos principales, uno de
carácter sociohistórico y otro estructural: en el pla-
no sociohistórico, el predominio de la actividad agrí-
cola se debe a una relación desigual con el centro
del país, orquestada bajo parámetros de coloniza-
ción, por concepciones que vieron a Chiapas como
una gran despensa para surtirse de materias primas
y alimentos, y luego como entidad aportadora de
energéticos.
En el plano estructural se observa que Chiapas se
sigue viendo como digno productor de materias pri-
mas, lo que nos lleva a considerar las tristes veleidades
de la industrialización. Incluso el Plan Puebla-Pana-
má (PPP) sigue considerando a la región sureste, y
Chiapas en particular, como productor de materias
primas. El café y el cacao, por ejemplo, son manu-
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facturados en Estados Unidos o en Europa, por
empresas que bien pueden estar funcionando en la
entidad. La política de sustitución de importaciones
ensayada en México en los años cincuenta, sesenta
y setenta no tuvo ningún efecto en Chiapas. El go-
bierno local no se ocupó ni se preocupó por impulsar
un proceso de desarrollo industrial que hiciera me-
nos vulnerable a la economía; tampoco los empresa-
rios se preocuparon por diversificar sus inversiones,
hasta hoy día los empresarios cafetaleros siguen man-
teniendo su “identidad” como cafetaleros a pesar de
las grandes crisis de los últimos años.
Las consecuencias del esquema productivo no
se hicieron esperar, al caer los precios mundiales del
café, cacao y banano se produjo la catástrofe: de los
200 millones de dólares que en promedio generaba
el café chiapaneco, se llegó a obtener sólo 100 mi-
llones de dólares en el ciclo 2001-2002, lo que re-
presentó una situación muy grave para la economía
del estado y de los productores. Lo mismo pasó con
el cacao y el banano, así como con otros productos
como la carne bovina y el aceite de palma africana,
que sufrieron una baja considerable en los merca-
dos internacionales.
Piam, refiriéndose al caso de África pero que
bien puede aplicarse al caso de Chiapas, señala que
esta situación hace que los ciudadanos se vuelvan
exclusivistas y contribuye asimismo a disminuir sus
sentimientos cívicos. El despertar de tendencias
centrífugas, que se observan aquí y allá desde el
ajuste, expresa el hundimiento de los sistemas se-
cundarios de solidaridad (relacionados con la
redistribución del ingreso), por consiguiente, se
entra en los sistemas de solidaridad primaria, cuyo
principio de identificación se refiere no ya a la
sociedad global (estatal), sino a particularismos
regionales, incluso étnicos (1994:92).
El modelo neoliberal que ha impactado fuerte-
mente en el gasto público hace que el Estado nacio-
nal y el local no puedan responder a las demandas
de la sociedad y de un proyecto económico capaz
de favorecer a los amplios sectores excluidos de la
sociedad. De tal suerte que siendo el primer inver-
sor, patrón y empleador social en otros tiempos, el
adelgazamiento del Estado deja un vacío que los
actores sociales y económicos no han podido llenar.
Esta situación ha llevado, según Piam, a la miseria
social con millones de ciudadanos sumidos en la
miseria más completa. Rencores y desórdenes con-
tinúan acumulándose y sólo podrían ser reabsorbidos
si el Estado volviera a participar sobre bases más
pragmáticas y gerenciales. El autor señala que es
necesario canalizar la explosión social que cada vez
se hace menos evitable: poderes en déficit crónico
de legitimidad, economías parcial o totalmente a la
deriva, sistemas de identificación y solidaridad en
quiebra, crisis de los parámetros de referencia y de
las representaciones sociales, cristalización de ten-
dencias centrífugas (93-94).
El autor formula una pregunta fundamental, a la
que debemos responder con todos los elementos que
nos proporciona la teoría y los elementos empíricos
¿Qué interés hay en discutir sobre la competitividad
de la economía en estos estados –refiriéndose al Áfri-
ca pero que bien puede aplicarse a Chiapas–, cuando
el problema esencial es saber cómo reunir las fuerzas
sociales en torno a un proyecto, cuya meta sería el
surgimiento de una verdadera trama económica que
pudiera reactivar la dinámica del desarrollo?
Hoy se discute sobre las vastas riquezas de
Chiapas, particularmente en lo que respecta a la
biodiversidad, pero se olvida que cotidianamente se
destruyen cientos de hectáreas y no precisamente
por empresas transnacionales, sino por los propios
campesinos que frente a la falta de opciones tienen
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79
que subsistir aun a costa de la destrucción de su
entorno natural. Un ejemplo en este sentido resulta
altamente ilustrativo: sólo en los municipios de Las
Margaritas, La Trinitaria, La Independencia y
Altamirano la producción de madera alcanzó en
1997 la cifra de 51 mil 86 m3, cifra que representa
58% de la producción total del estado. Actualmen-
te, en la región de Las Cañadas se registra más de 25
aserraderos y, de acuerdo con Ramón Pinto More-
no, director del departamento agropecuario de Las
Margaritas, la explotación de madera en los últimos
años se ha dado sin control por parte de algunas
comunidades, que en su mayoría tienen permisos
anuales de aprovechamiento. Casi todos tienen un
permiso por uno o dos años, pero termina este per-
miso y continúan talando clandestinamente sin nin-
gún control, y este es el principal problema (Cuarto
Poder, 4 de junio de 2001). Otro ejemplo es el de las
invasiones y desmontes en la selva Lacandona: un
sobrevuelo de monitoreo realizado por la organiza-
ción Conservación Internacional (CI), el día 11 de
junio de 2001, constató que al interior de la Reser-
vas Montes Azules y Lacantún existen asentamientos
y deforestación (Lacandonia, junio de 2001).
Para tener una idea más clara de lo que ocurre
en Chiapas en el ámbito forestal es importante se-
ñalar que la producción más elevada de madera en
los años recientes se registró en 1984, cuando el
general Absalón Castellanos Domínguez estaba al
frente del gobierno del estado, con 347 692 m3 ro-
llo, y la producción más baja se obtuvo en los años
1992 y 1993, en la administración de Patrocinio
González Garrido, quien impuso la veda forestal fren-
te al acelerado proceso de deforestación, con 33 689
y 23 232 m3 rollo, respectivamente.7 Sin embargo, a
partir del levantamiento armado la producción fue
incrementándose de tal manera que a finales de 1994
la cifra era de 41 534 m3 rollo. De acuerdo con las
cifras oficiales más recientes, en 1999 se obtuvo una
producción de 79 474 m3 rollo (SEMARNAP, 2000).
Esto sin contar la cantidad de madera producida
sin permiso y que se comercializa de manera clan-
destina.
III. El problema agrario como expresión de
los usos y costumbres de una sociedad rural
que se resiste a desaparecer
A pregunta expresa sobre el fin de la lucha agraria
en Chiapas, un alto dirigente de una organización
campesina nos dijo: “la lucha por la tierra no se va a
agotar porque somos un estado rural”, aunque re-
conoció que en la coyuntura de 1994 se cometieron
injusticias al invadir muchas pequeñas propiedades
(entrevista a dirigente de la organización Solidari-
dad Campesina-Magisterial, 7 de junio de 2001).
Si en los años sesenta y setenta el problema del
campo era el latifundio, en los ochenta y noventa
fue el minifundio, fenómeno que mantiene una ten-
dencia creciente al comenzar el siglo XXI. La frag-
mentación de la tierra como consecuencia del in-
cremento de la población que vive en el campo y la
ausencia de opciones de empleo en otras activida-
des económicas han convertido a la tierra en el prin-
cipal elemento de conflicto. Muchas de las disputas
que ahora se observan ya no son entre “terratenien-
tes” y campesinos, sino entre campesinos.
A pesar de haber tocado fondo el reparto agrario,
no sólo por la cancelación legal dictada por las refor-
mas al artículo 27 Constitucional en 1992, sino tam-
bién porque en realidad no existe la disponibilidad de
tierras como en décadas pasadas cuando abundaban
los terrenos nacionales y muchas propiedades reba-
saban los límites que marcaba la ley agraria, ¿por qué
se vuelve una y otra vez al problema de la tierra?
Ahora con el gobierno de Pablo Salazar, aun cuando
T E M Á T I C A

80
la tierra no es la principal demanda, no deja de llamar
la atención que todavía aparezca como uno de los
puntos de la larga lista de peticiones de las organiza-
ciones campesinas. Esto tiene que ver con el proble-
ma estructural que padece Chiapas y que hasta ahora
no se ha podido resolver, es decir, la posibilidad de
desarrollar otros sectores de la economía con un pro-
yecto de futuro, incluyente y democrático, en el que
todos los actores económicos participen con sus
mejores ideas y aporten recursos para avanzar en un
sendero diferente. Si los funcionarios encargados de
instrumentar los programas no tienen idea de lo que
hay que hacer y tampoco se tiene claro el orden de
prioridades, mucho menos lo tendrán los empresa-
rios chiapanecos, los grandes, medianos y pequeños
agricultores, los campesinos que siguen en la idea de
pedir. En este sentido, es interesante observar cómo
hasta ahora, en el nuevo gobierno, las organizaciones
campesinas se han limitado a presentar su “pliego
petitorio” con la idea de que el gobierno resuelva
cada una de sus peticiones, que al no encontrar res-
puesta satisfactoria se lanzan a las calles y toman edi-
ficios públicos.
En su informe de los primeros 100 días de go-
bierno, Pablo Salazar fijó la postura oficial en torno
al problema agrario: “Hemos dicho que el gobierno
garantizará todas las formas de propiedad de la tie-
rra: la ejidal, la comunal y la privada. Es un compro-
miso que parte del respeto a la legalidad. En este
sentido, instalamos el ‘Comité de Reacción Inmedia-
ta contra las Invasiones’, integrada por la Secretaría
de Gobierno, la Procuraduría General de Justicia, la
Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Desarrollo
Rural” (Cien días de gobierno, 21 de marzo de 2001).
Días después, el gobernador Pablo Salazar reco-
noció, por primera vez, que el EZLN mantenía inva-
didos 275 predios en los municipios de Ocosingo,
Las Margaritas y Altamirano; también indicó que
669 grupos y organizaciones distintas al EZLN habían
solicitado la compra de 71 mil hectáreas, que corres-
pondían a 276 predios, de los cuales 22% ya se en-
cuentran invadidos. También aceptó que “diariamente
llegan a la Secretaría de Desarrollo Rural nuevas so-
licitudes de tierra” (La Jornada, 15 de abril de 2001).
El nuevo gobierno reconocío que en los prime-
ros cuatro meses de gobierno se habían registrado
invasiones en los predios El Naranjo, El Limón y
Moxviquil, ubicados en los municipios de Bochil,
Salto de Agua y San Cristóbal de Las Casas. Tam-
bién confirmó que Mario Álvarez Rodríguez, diri-
gente estatal de la Central Unitaria de Trabajadores
(CUT) y cofundador del Congreso Permanente de
Organizaciones Sociales y Económicas de Chiapas
(CPOSECH), fue detenido y encarcelado el día 1 de
abril de 2001 por el delito de despojo de 532 hectá-
reas, ubicadas en el municipio de Palenque, que fue-
ron entregadas a 50 familias campesinas. Asimismo,
se indicó que la CPOSECH exigía la entrega de 250
mil hectáreas, de las cuales 100 mil tenían invadidas
(véase La Jornada, 15 de abril de 2001).
Pablo Salazar ha señalado que “no va a permitir
más invasiones. Con invasiones no se resuelven los
problemas de Chiapas”. Estas declaraciones fueron
ratificadas por Julio César Padilla, subprocurador
de justicia de la zona norte, al indicar: “aunque se
digan luchadores sociales o líderes que quieren apo-
yar al campesino, la procuraduría de justicia no tole-
rará más invasiones”. El propio Subsecretario de
Desarrollo Agrario, Jorge Arturo Luna Lujano, ha
declarado que no se permitirán más invasiones en
el campo chiapaneco, toda vez que va en contra de
los intereses de los propios campesinos (gobierno
del estado de Chiapas, comunicado de prensa 728,
abril 28 de 2001).
Los primeros saldos rojos en la administración
del nuevo gobierno ocurrieron en la noche del 19 de
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abril de 2001: ocho campesinos afiliados a la organi-
zación “Alianza San Bartolomé”, de la comunidad
de Canalucum, perteneciente al poblado Paraíso del
Grijalva, en el municipio de Venustiano Carranza,
fueron asesinados en una emboscada. Este hecho,
aunque fue calificado por las autoridades del gobier-
no del estado como un conflicto intercomunitario, y
que luego derivó en varias líneas de investigación, no
resulta del todo claro. Por una parte, se da en un
contexto donde días anteriores la OCEZ, organiza-
ción que simpatiza con los comuneros de la “Casa
del Pueblo”, grupo contrario al que pertenecían los
campesinos asesinados, invadió 2 mil hectáreas. Por
otra parte, el mismo 19 de abril, en un comunicado
de prensa, se destaca que el gobernador Pablo Salazar
desahogó una intensa agenda de trabajo con orga-
nizaciones sociales donde, por separado, se reunió
con la CIOAC-Independiente, con la Aric-Unión de
Uniones, el grupo de Las Abejas y grupos de des-
plazados de las zonas Altos y Norte. El comunica-
do señala que el gobernador manifestó que la tierra
es una demanda creciente, pero que ésta no puede
expandirse; “la que existe está en manos de comune-
ros, ejidatarios o propietarios privados, no hay más, y
el gobierno respetará a todos, por lo que no existe ni
habrá un programa gubernamental de adquisición de te-
rrenos” (gobierno del estado de Chiapas, comuni-
cado de prensa 635, 19 de abril de 2001).
En una larga entrevista realizada por Marco Lara
Klahr, reportero de El Universal, Pablo Salazar se-
ñaló: “La caracterización de los finqueros de los años
cincuenta, sesenta ya no es la misma. Más de 80%
de la propiedad del estado es social. Desgraciadamen-
te, la lucha por la tierra ha llegado a tal nivel de degradación,
que hoy son grupos de campesinos invadiéndole a otro grupo
de campesinos; es una lucha de pobres contra pobres. En el
centro de todo está el crecimiento de la población,
que es mayor que nuestra capacidad de respuesta y
que se traduce en una enorme presión sobre la tie-
rra, lo cual ha costado muchos muertos. Debemos
crear alternativas laborales, porque ya no hay tierra
que repartir. Si alguien me sostiene que hay latifun-
dios, estoy dispuestos a verificarlo, a hacer un censo
y a repartir la tierra” (véase Cuarto Poder, 7 de mayo
de 2001: 14, cursivas nuestras).
La participación de destacados miembros de la
CIOAC en el gabinete del nuevo gobierno ha genera-
do una serie de contradicciones al interior de las
filas de este organismo. Pero no sólo al interior de
esta central sino también del mismo Partido de la
Revolución Democrática (PRD), cuyo punto más ál-
gido se dio con la renuncia de Gilberto Gómez Maza,
entonces dirigente estatal y líder moral de dicho
partido, quien criticó duramente al gobierno de Pa-
blo Salazar por la utilización que éste había hecho
del partido, también arremetió contra el partido se-
ñalando que se había convertido en un gran negocio
de grupúsculos.8 Hoy la dirigencia de la CIOAC plan-
tea, a través de Víctor Manuel Pérez López, vocero
oficial, establecer en sus estatutos una división entre
los funcionarios que surgieron de esa organización y
que ocupan cargos en el nuevo gobierno, a fin de que
éstos no tengan injerencia en los asuntos de esa cen-
tral (véase Cuarto Poder, 10 de abril de 2001: 14).
Pero volviendo al problema de la tierra hay ele-
mentos que todavía no están claros en la política
del nuevo gobierno. Por una parte, éste creó el lla-
mado “Comité de Reacción Inmediata contra las
Invasiones”, una especie de cuerpo consultivo poli-
ciaco, extrañamente sin la participación de la Secre-
taría de la Reforma Agraria, para intervenir en caso
de invasiones, pero por otro lado, no resuelve el pro-
blema de los predios invadidos por bases de apoyo
del EZLN y tampoco ha dado una solución a las 100
mil hectáreas invadidas por grupos afiliados a la
CPOSECH.
T E M Á T I C A

82
Como hemos afirmado en otros escritos, el pro-
blema de la tierra no tiene solución en sí mismo, es
decir, la solución de los problemas del campo co-
rresponde a un nuevo planteamiento de proyecto
de desarrollo y para ello se necesita ir más allá de las
medidas implementadas en gobiernos anteriores; es
decir, no continuar haciendo obras con un sentido
político, sin articulación a un proyecto de desarrollo
de largo aliento. Un mal presagio para el nuevo go-
bierno fue que hasta el 12 de junio de 2001, luego
de una fuerte confrontación con el poder ejecutivo,
el congreso local aprobó el presupuesto de egresos
cuando a más tardar debió estar en los primeros
días de enero; otro elemento adicional fue el largo
retraso en la elaboración del Plan Estatal de Desa-
rrollo que, de acuerdo con la Ley de Planeación del
estado, debió estar aprobado por el congreso del
estado el día 9 de marzo. Este plan debe condensar
la visión global del nuevo gobierno, tomando en
cuenta las necesidades reales de la población, sus
demandas y aspiraciones.
¿Por qué celebrar los primeros 100 días de go-
bierno, como lo hizo Vicente Fox, cuando ni si-
quiera se tenía el presupuesto aprobado por el con-
greso y el mismo equipo todavía no tenía el sufi-
ciente conocimiento sobre el terreno que estaba
pisando? No se puede construir una alternativa, y
mucho menos cambiar la situación imperante, con
discursos. Se necesita una discusión muy seria con
todos los actores económicos, sociales y políticos
sobre el rumbo que debe tomar la sociedad
chiapaneca, valorar lo que representan los Acuer-
dos de San Andrés para la población indígena y no
indígena, someter a revisión las iniciativas federales
como el PPP y el programa Marcha hacia el Sur.
Estos elementos constituyen, como se ha men-
cionado en los círculos políticos gubernamentales,
parte de la transición. Sin embargo, no puede darse
una transición tan caótica, llena de sobresaltos, por-
que los costos políticos serán muy altos. Es muy
probable que a estas alturas (finales de junio de 2001),
la aplicación de una encuesta a la población
chiapaneca revele una baja importante en la popu-
laridad del gobernador Pablo Salazar, lo cual sería
francamente preocupante porque llevaría a perder
legitimidad y eficacia, elementos fundamentales para
la gobernabilidad democrática.
Por otra parte, según Arturo Warman, en Chiapas
ya no existen latifundios, sin embargo reconoce que
hay un problema agrario, que paradójicamente no
tiene solución agraria, y plantea la necesidad urgen-
te de que se establezca un programa de desarrollo
económico que genere empleo y oportunidades, que
sustituya tecnologías que requieren de mucha tie-
rra. Señala que –en el tiempo en que fue secretario
de la Reforma Agraria– se pidió a todo mundo que
se hicieran denuncias y no se recibió ninguna de-
nuncia precisa y concreta respecto a la existencia de
latifundios. En alusión al programa de compra de
tierras indica que de las propiedades que se com-
praron –en total 260 mil hectáreas–, el promedio es
inferior a las 70 hectáreas, y hay que recordar que en
esas condiciones el límite de la pequeña propiedad
ganadera es de 500 hectáreas9. La fragmentación no
se da sólo en la propiedad social, sino también en la
privada, y mucha gente, en efecto, fue despojada de
20 hectáreas (Cuarto Poder 15 de abril de 2001: 38).
IV. Entre las recetas del Plan Puebla
Panamá y la economía solidaria
Frente a los males que padece el sureste mexicano,
Chiapas en particular, el gobierno federal ha lanza-
do el Plan Puebla Panamá (PPP). Desde su anuncio,
éste ha recibido fuertes críticas que han subido de
tono con el rechazo del EZLN a dicho proyecto. Las
T E M Á T I C A

83
críticas más fuertes se ubican en los riesgos que,
según los críticos, entraña la puesta en marcha de
un proyecto empresarial sustentado en inversiones
multimillonarias de los hombres de negocios más
importantes del país, acompañado de la inversión
extranjera, fundamentalmente por la vía de la
maquila. La mayoría de las ONG que se han pronun-
ciado en contra de este plan señalan que hay otras
vías para el desarrollo de estados como Chiapas, y
han puesto el énfasis en la llamada economía solidaria.
¿Cuál es la garantía que ofrecen las vías del desarro-
llo planteadas por ambas visiones, es decir, economía
solidaria versus PPP? Lo cierto es que no hay vías se-
guras, desde hace algunas décadas hemos asistido al
fin de las certidumbres (Prigogine, 1997). Esto lleva al
cuestionamiento del determinismo, de la relación
del presente y futuro, y del reconocimiento del pa-
pel primordial de las fluctuaciones y la inestabilidad
en la construcción del futuro.
Una primera lectura del documento base del PPP,
capítulo México, no arroja mucha luz sobre los
propósitos ocultos de biopiratería y de convertir a
los indios en mano de obra barata. El diagnóstico
es de carácter descriptivo y poco analítico, en esto
radica su mayor debilidad, lo cual no equivale a
decir que sea incorrecto pues en las líneas más
amplias señala aspectos que son parte de la realidad
que viven los estados del sureste del país. Sin em-
bargo, si consideramos que el diagnóstico juega un
papel fundamental en la formulación de políticas
que permitan superar los problemas que padece la
región, podemos decir que hace falta un análisis
crítico y profundo sobre la situación estructural, el
origen de los problemas, la situación actual y los
factores que favorecen la reproducción del círculo
del subdesarrollo.
Pero vayamos a la parte más sustantiva del PPP,
a su visión para rescatar la macrorregión y a sus
pobladores de las condiciones de pobreza y
marginación:
Un esfuerzo conjunto entre Centroamérica y
México para el desarrollo de la macrorregión
comprendida entre el estado de Puebla de México
y Panamá, en una marco respetuoso de
concertación, entendimientos y consensos y de
pleno respeto a la soberanía de los Estados
comprendidos en ella, permite que dicha región
haga valer su potencialidad y características para
convertirse en un polo de desarrollo de “clase mundial”
en América Latina.
Los beneficios para la región Sur-Sureste de México y
Centroamérica son sustanciales y les permiten superar el
rezago existente, mejorando la calidad de vida de sus
habitantes a través de una mayor y mejor educación, un
crecimiento económico sostenido y sustentable (con tasas
superiores a la media internacional y en actividades
de creciente valor agregado), la generación de
empleos bien remunerados, la armonización del
desarrollo social y humano de la población con
un aprovechamiento eficiente de los recursos y
una expansión e integración comercial (37,
cursivas nuestras).
¿Cómo pasar de ser la región más atrasada y
marginada a convertirse en polo de desarrollo “cla-
se mundial” en América Latina? ¿Cómo poner de
pie lo que está de cabeza? Los sueños y fantasías del
PPP son verdaderamente sorprendentes. La situación
estructural que padece la macrorregión se deriva de
un abigarrado complejo de problemas relacionados
con las políticas públicas que no pudieron o no qui-
sieron compensar los efectos del capitalismo disfor-
me que privó en México durante el siglo pasado;
con la actuación de los grupos de poder y de los
gobiernos locales que se conformaron con aplicar
programas diseñados desde el centro del país, los
proyectos de las grandes hidroeléctricas construidas
T E M Á T I C A

84
en Chiapas y de los complejos petroleros en varios
estados de la región constituyen ejemplos claros de
esta política deliberada de extracción de rentas.
Lo que vemos en varios estados del sureste del
país es una agricultura en crisis, que no sólo ha
dejado de generar excedentes para transferir al sec-
tor industrial, como lo hizo durante el llamado
“Milagro mexicano”, sino que tampoco genera
recursos suficientes para incrementar su producti-
vidad. El medio rural, por lo menos en el estado
de Chiapas, acusa graves problemas sociales
gestados a lo largo de varias décadas: miseria so-
cial, intolerancia religiosa, disputas violentas por
tierras, minifundización, baja productividad, des-
trucción del hábitat, etcétera.
El PPP reconoce, y esto no es nada nuevo en los
documentos oficiales en los gobiernos preceden-
tes, que:
La región es la principal generadora del país de
diversos productos agrícolas, entre los que
destacan frutas, café y cacao. Su vocación inmediata
descansa en las actividades agropecuarias, las forestales,
las piscícolas (pesca y acuacultura) y el turismo. Una
parte importante de la región (en particular en
la Costa del Golfo de México) cuenta con
importantes yacimientos de hidrocarburos. No deben
descartarse tampoco las actividades extractivas
minerales (en particular las no metálicas). Existe
también en la región potencial para explotar sus
condiciones ístmicas para convertirse en paso de carga
entre el Pacífico y el golfo de México. El desarrollo de
la región se ha concentrado hasta ahora en los
sectores tradicionales. Se requiere que el Plan
consiga un desarrollo mejor balanceado; en
particular, sería deseable un mayor grado de
industrialización en ramos vinculados a las vocaciones
de la región y un desarrollo industrial inducido en
otros de mayor valor agregado (40, cursivas
nuestras).
Este párrafo sintetiza, en buena medida, los ejes
sobre los cuales se montará el PPP: agricultura de
plantaciones, recursos forestales, piscícolas y el tu-
rismo; también en la explotación de hidrocarburos
y las ventajas de localización que ofrece el istmo de
México para el transporte interoceánico.
Adicionalmente, se menciona la necesidad de mayor
industrialización de acuerdo con las vocaciones de la
región, así como la inducción de procesos industria-
les de mayor valor agregado. El gran reto consiste
en cómo hacer que los recursos agrícolas y foresta-
les –por cierto no menciona a la ganadería bovina
que es la que ocupa las mayores superficies, ya en
1980 poco más de 8 millones de hectáreas de pastos
se encontraban en los estados de Chiapas, Tabasco,
Veracruz y Campeche– abonen al desarrollo de la
macrorregión porque justamente estas actividades
han profundizado el subdesarrollo. Las frutas tro-
picales y el café, que constituyen el postre para los
países desarrollados, han tenido a lo largo de su his-
toria crisis recurrentes que han empobrecido aún
más a los productores, sobre todo a los pequeños y
medianos. Los recursos forestales han sido prácti-
camente devastados en los estados de Veracruz y
Tabasco, y los que aún quedan en Quintana Roo,
Campeche y Chiapas están en un proceso acelerado
de destrucción.
Frente a la oferta del gobierno federal, ¿existe
un proyecto alternativo? El único visible hasta aho-
ra es la economía solidaria. Se trata de una propuesta
que lleva por lo menos 20 años de ejecución, en
cuyo centro está el sujeto consciente. Esta idea ha
sido puesta en práctica por algunas organizaciones
campesinas que, alentadas sobre todo por la Iglesia,
reivindican la solidaridad y el compromiso de un
desarrollo de tipo comunitario con base en princi-
pios morales que lleven al cambio social, sin perder
de vista la dimensión humana. Esta propuesta des-
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cansa en tres aspectos: 1) capacitación administrati-
va, 2) capacitación técnico-agrícola y 3) gestión de
recursos financieros. En el primer aspecto se toman
en consideración las habilidades para fortalecer la
organización; el cálculo de los costos de produc-
ción; la planeación estratégica para evitar el desabasto
alimentario; el desarrollo de habilidades de liderazgo;
la motivación para la capacidad negociadora de los
participantes para reducir costos de producción e
incrementar las ganancias, y la administración de la
producción para evitar la venta prematura de la co-
secha (véase Salgado,1997). En el segundo aspecto
se buscan soluciones conjuntas con el propósito de
lograr mayor productividad agrícola en las comuni-
dades, y en el tercer aspecto se recurre a organismos
internacionales como el PNUD, OXFAM, Fraternidad
St. Paul, etcétera, para apoyar pequeñas unidades
productivas con métodos de autogestión.
La economía solidaria hace hincapié en el desarrollo
de pequeños proyectos, y éste es un punto central
junto con el papel del sujeto social, porque se parte
del supuesto de que los proyectos grandes corren el
riesgo de crear diferencias que llegan a generar gru-
pos de poder y a estimular el egoísmo humano. El
razonamiento es muy sencillo: “cuando hay dinero, la
solidaridad puede llegar a ser un valor secundario”
(Salgado, 1997: 25).
Esta última idea lleva a preguntarnos sobre los
límites de las escalas de los proyectos y sobre la po-
sibilidad de una salida al neoliberalismo y la
globalización con proyectos de mayor tamaño que
ahorren insumos, mano de obra, recursos financie-
ros, costos de transacción, etcétera. Y es que hoy la
realidad es muy distinta a la de hace 20 años por lo
que las estrategias para un nuevo estilo de desarrollo
basado en la economía moral deben cambiar. Para
esto es necesario un amplio debate que conduzca a
ver las interacciones del conjunto de la economía
chiapaneca y de ésta con el resto del país. La pre-
gunta central para comenzar este debate es la si-
guiente: ¿en qué medida la economía solidaria puesta
en práctica por algunas organizaciones de peque-
ños productores ha llevado a un cambio en las con-
diciones de vida de la población?
Frente a la propuesta del gobierno federal y la
de la economía solidaria es necesario reconocer la rea-
lidad regional, a partir de la cual confrontar las vías
de desarrollo. Como hemos señalado anteriormen-
te, la economía agraria chiapaneca ha transitado de
una estructura latifundista a un creciente
minifundismo, y en el ámbito urbano prácticamen-
te no existe una industria manufacturera sólida. Fuera
de la disminuida actividad petrolera y de la genera-
ción de energía hidroeléctrica, la mediana y gran
empresa está ausente de Chiapas, es decir, existe un
predominio absoluto de lo que podríamos denomi-
nar changarrerío industrial, y la industria maquiladora,
después de muchos años de residencia en el país, no
se conoce en la entidad, lo que evidencia la falta de
condiciones para que este tipo de actividades se
desarrolle en el estado, y es en este sentido que el
PPP tendrá un papel relevante al crear la infraestruc-
tura necesaria.
De acuerdo con la información de INEGI, en 1993
se contabilizaron 8 183 establecimientos manufac-
tureros, de los cuales 2 865 (35%) pertenecían a la
rama de alimentos, bebidas y tabaco. El personal
ocupado en la industria fue de 27 246, de lo que
resulta un promedio de 3.3 empleados por estable-
cimiento. Por su parte, la rama de alimentos, bebi-
das y tabaco absorbió 12 619 trabajadores (46.3%),
es decir, un promedio de 4.4 obreros por estableci-
miento. Dentro de esta rama, el mayor número de
establecimientos perteneció a las actividades de
molienda de nixtamal y fabricación de tortillas: se
trata de 1 275 establecimientos donde laboraban 3
T E M Á T I C A

86
106 trabajadores, es decir, un promedio de 2.4 tra-
bajadores por establecimiento. Le sigue en impor-
tancia la rama de textiles y prendas de vestir, con 1
851 establecimientos (22.6%) y 2 763 empleados
(10.1%), esto es, un promedio de 1.49 trabajadores
por establecimiento. En orden descendente está la
rama de madera y productos derivados con 1 155
establecimientos y 2 789 obreros, de lo que resulta un
promedio de 2.4 trabajadores por establecimiento.
Finalmente, tenemos la rama de sustancias químicas
y derivados del petróleo con 50 establecimientos y 2
882 empleados, un promedio de 57.6 trabajadores
por establecimiento.
Respecto al comercio también se observa una
estructura muy parecida a la de la industria manu-
facturera, pues en su mayoría son establecimientos
micro, que por su número alcanzan a emplear, en
conjunto, una masa mayor de trabajadores, que en
muchos casos son miembros de la misma familia.
Para el mismo año, 1993, el número de estableci-
mientos registrados por el INEGI llegó a los 36 427 y
el personal ocupado fue de 76 716, de lo que resulta
un promedio de 2.1 trabajadores por establecimien-
to. Si analizamos el número de establecimientos y
personal ocupado por estratos podemos observar que
el mayor número se concentró en el rango de 0 a 2
personas, donde se registraron 32 302 establecimien-
tos (88.7%), con 41 482 empleados (54.1%); el se-
gundo rango, que va de 3 a 5 personas, sumó 2 882
establecimientos (7.9%), con 10 013 empleados
(13%). El porcentaje acumulado de ambos rangos
suma 96.6% de los establecimientos y 67.1% del
personal ocupado.
Además, la poca actividad manufacturera está
concentrada en unos cuantos municipios, lo que trae
como consecuencia una serie de distorsiones eco-
nómicas y de orden social, como la distribución
desigual del ingreso, el bajo dinamismo en el merca-
do interno y las desigualdades sociales que se trans-
forman en un exceso de demandas que rebasan la
capacidad de respuesta del gobierno estatal y fede-
ral. Para dar una idea de este fenómeno en la activi-
dad manufacturera, basta con revisar las cifras que
ofrecen los más recientes censos económicos: tene-
mos que siete municipios10 concentraban 35.6% de
los establecimientos; estos mismos centralizaban
57.3% del personal ocupado y 73.3% de las remu-
neraciones totales al personal ocupado, lo mismo
ocurre con el valor agregado censal cuya concentra-
ción fue de 73.9%. Dentro de estos siete munici-
pios, sobresalen tres de ellos: Reforma, Tapachula y
Tuxtla Gutiérrez, que presentaron niveles de con-
centración muy altos: en lo que respecta al personal
ocupado fue de 43.4%, las remuneraciones al per-
sonal ocupado de 64.6% y en cuanto al valor agre-
gado censal de 62%.
El mismo patrón asimétrico se observa en el
comercio, donde pocos municipios11 tienen un peso
enorme en el subsector. A diferencia de la actividad
manufacturera, Tuxtla Gutiérrez genera el mayor
valor agregado, pues su condición de capital le con-
fiere la posibilidad de una actividad mayor. Aquí
tienen asiento los establecimientos más grandes, te-
niendo un gran peso los almacenes de autoservicio
como Sam’s Club, Chedrahui, Aurrerá y Gigante. A
Tuxtla acude una gran cantidad de población de
otros municipios de la región Centro del estado y
de Los Altos, incluso de municipios más lejanos
como Ocosingo y Comitán.
Frente a la estructura de la industria y del comer-
cio, que no ha redundado en un proceso de desarro-
llo vigoroso, capaz de ofrecer mayores y mejores
oportunidades para elevar la calidad de vida de los
chiapanecos, por qué profundizar la changarrización
de Chiapas. Esta visión del gobierno federal, quizá
inspirada en la proposición de Shumacher: Small is
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87
beatiful, lleva a más de lo mismo y es que, en el fon-
do, no existe una política industrial que responda a
las necesidades del país y se recurre al expediente de
los changarros que, por lo demás, resulta una pro-
puesta que tendrá escasos efectos no sólo por la
escasez de recursos –200 millones de pesos para el
año 2001– sino por las elevadas tasas de interés.
Por otra parte, y como complemento de los
changarros, está el planteamiento de construir los co-
rredores maquiladores que si bien generan empleos
de calidad y remuneración muy cuestionables, no
arrastran a otros sectores económicos dado que las
materias primas utilizadas son importadas. Sin em-
bargo, no creemos que en el corto plazo –tres años–
Chiapas se convierta en un estado maquilador ya
que necesariamente tendrá que haber una etapa para
crear condiciones mínimas para que estas empresas
operen, en particular la infraestructura es un ele-
mento clave. De ahí que la prioridad del PPP sea la
creación de los ejes carreteros costeros, el canal seco
interoceánico del istmo de Tehuantepec, la rehabili-
tación del ferrocarril Chiapas-Mayab y de Puerto
Madero, por cierto muy cuestionable porque desde
hace tiempo se viene invirtiendo sin resultados de-
bido a su mala ubicación.
Lo que debemos tener claro, en principio, es que
Chiapas no puede ser analizado como un espacio
aislado. Hoy más que nunca los factores exógenos
juegan un papel de primer orden en la dinámica de
la entidad. Por principio de cuentas, no hay que ol-
vidar que el territorio chiapaneco forma parte de
una entidad más amplia que es México, un país que
tiene un gobierno central y se rige, por lo menos en
teoría, bajo un pacto federal. Esta particularidad hace
que el destino de los chiapanecos no sea definido
exclusivamente por ellos, las políticas públicas de
orden federal imponen una forma, una orientación
en el estilo de desarrollo, incluso el gasto público
que sustentan las acciones de política social y eco-
nómica viene con el sello del gobierno central. Di-
cho en otros términos, la autonomía de Chiapas,
como Estado Libre y Soberano, es extremadamen-
te acotada.
V. De la aldea global a la aldea local
Como señala Wallerstein (1998), nadie está en con-
tra del desarrollo. Desde posiciones de izquierda,
centro o derecha se reivindica el desarrollo. Pero el
problema consiste en cómo lograr esto que se llama
desarrollo, qué vía es la más adecuada para alcan-
zarlo. La historia del siglo XX se caracterizó por el
ensayo de numerosas vías: socialismo real, capitalis-
mo de estado, apertura comercial, “libre” mercado.
Sin embargo, ninguna de estas vías ha logrado el
desarrollo sin consecuencias drásticas para impor-
tantes sectores de la población mundial y sin la des-
trucción de los recursos naturales, sobre todo de los
países subdesarrollados.
El desarrollo bajo sus distintas vertientes ha te-
nido costos muy altos para la humanidad, pero hay
quienes justifican los costos porque, según este ra-
zonamiento, lo que se ha conseguido compensa los
saldos negativos. Al comenzar el siglo XXI, muchas
de las metas del desarrollo que ya habían sido al-
canzadas hace cuarenta o cincuenta años todavía
no se han cumplido en muchos países de los conti-
nentes africano y americano. Los organismos inter-
nacionales como el Fondo Monetario Internacional
y el Banco Mundial han expresado preocupación
por el crecimiento del número de pobres en el mun-
do y han lanzado iniciativas que pretenden mitigar
las desigualdades cuyas brechas se han ampliado
enormemente, no solamente entre pobres y ricos,
sino al interior de estos dos sectores, situación que
ha elevado los niveles de tensión y conflictividad en
T E M Á T I C A

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todo el mundo. El Banco Mundial ha venido re-
creando el discurso del desarrollo sostenible o sus-
tentable, un discurso cuestionable en un contexto
de economía real donde el Estado ha dejado en ma-
nos del mercado muchas de las funciones regulatorias
que antes tenía. Las falacias del desarrollo sustenta-
ble se han convertido, de tanto repetirlo, en slogan
publicitario que sirve para obtener financiamientos
internacionales.
La globalización económica se ha venido expre-
sando de distintas maneras en los países. Hay re-
giones que ganan y hay regiones que pierden.
Paradójicamente, las regiones excluidas de la
globalización han cargado con los efectos más ne-
gativos de este proceso: destrucción de recursos
naturales, desempleo, desnutrición, enfermedades
relacionadas con la pobreza, bajos niveles de ingreso,
altos índices de analfabetismo, etcétera. Pero las re-
giones globalizadas tampoco gozan de un desarrollo
armónico y generalizado. En Europa y Estados Uni-
dos existen sectores sociales excluidos de los benefi-
cios de la globalización, el número de desempleados
y pobres ha aumentado considerablemente. Estos
hechos están cuestionando fuertemente el proceso
de globalización y el modelo económico neoliberal
en el que se sustenta. Los movimientos globalifóbicos
se han hecho cada vez más fuertes y mejor
pertrechados, lo que ha llevado a los países más
industrializados del mundo, agrupados en el llamado
G-7, a plantear un “diálogo” con los representantes
de las corrientes que encabezan las manifestaciones.
La economía mexicana es una de las más abier-
tas del mundo. México es el país que ha firmado
más tratados comerciales y, sin embargo, los benefi-
cios que supuestamente debían derivarse de estos
acuerdos no han favorecido a la mayoría de su po-
blación. El número de pobres ha crecido considera-
blemente y la brecha de desigualdad entre regiones
ha aumentado. La región sur-sureste, que desde dé-
cadas atrás acusa un rezago en relación con el cen-
tro y norte, ha profundizado su atraso y con ello los
conflictos sociopolíticos también han aumentado.
En este contexto, el PPP es una respuesta guberna-
mental que pretende atenuar los desfases del desa-
rrollo entre las regiones del país y compensar, en
algún grado, las desigualdades económicas y so-
ciales presentes.
En los últimos años, Chiapas ha pasado de ser
una entidad relativamente cerrada a una entidad
abierta, al grado que muchos de los problemas que
hoy experimenta no pueden explicarse cabalmente
si no se toman en cuenta las condiciones de contex-
to que de una u otra manera influyen en su situa-
ción. Como parte de México, Chiapas no es ajeno a
los efectos de la aplicación de políticas económicas
orientadas a la apertura de fronteras y de la firma de
acuerdos bilaterales y multilaterales en los últimos
quince años. Éstos no se constriñen al ámbito de la
economía y de las relaciones comerciales, de hecho
cruzan todas las esferas de la vida social, política y
cultural: la garantía a los derechos humanos y el
fortalecimiento de la democracia han sido elemen-
tos que condicionaron la firma del Tratado de Libre
Comercio entre México y la Unión Europea (TLCUE);
el convenio 169 de la ONU, que entró en vigor en
septiembre de 1990, ha sido uno de los asideros del
debate en torno a los Acuerdos de San Andrés; el
Convenio de Biodiversidad con vigencia desde 1992,
los tratados de libre comercio con América del Norte
(TLCAN), con el G3, con Costa Rica, Nicaragua, con
Israel y más reciente con el Triángulo del Norte de
Centroamérica, constituyen tan sólo algunos ejem-
plos de la nueva realidad que vive nuestro país.
Los procesos de globalización económica han
traído como consecuencia la emergencia de nuevos
retos y desafíos para todos los países y, en general,
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89
para las sociedades y grupos inmersos en ellos que
los obliga a actuar en forma deliberada para la de-
fensa de sus intereses particulares. La globalización
está representando para Chiapas la profundización
de las condiciones de subdesarrollo y de miseria de
grandes sectores de población. Está significando el
resquebrajamiento del precario equilibrio de los pro-
ductores rurales, llegando a trastocar el tejido social
como consecuencia de los conflictos provocados
por la crisis económica y política.
Chiapas se encuentra al margen de los “benefi-
cios” de la globalización en términos de la inver-
sión nacional y extranjera: de las 32 entidades del
país, la entidad ocupa el penúltimo lugar en mate-
ria de inversión extranjera directa (IED) y el monto
total de la inversión de este tipo representó, entre
enero de 1994 y marzo del año 2000, 5.4 millones
de dólares. La IED está concentrada en 22 empre-
sas, equivalente a 0.1% del total de las empresas
en el país con IED, que suman 18 mil 809. Las
empresas con presencia en Chiapas se ubican en
seis municipios: 12 en Tapachula, seis en Tuxtla
Gutiérrez, una en Comitán, una en Chiapa de
Corzo, una en Ocosingo y una en Pijijiapan. En
cuanto a su origen, siete provienen de Estados
Unidos, cinco de Guatemala (entre las que se en-
cuentra Agroshule y Grupo Caribe), dos de Costa
Rica y dos de Suiza; Tailandia, España, Inglaterra
y Canadá participan con una empresa, respectiva-
mente. La aportación de capital de estas empresas
en ninguno de los casos es de 100%, la mayoría es
menor a 50%: 10 de éstas se ubican en actividades
comerciales; ocho en la industria manufacturera;
dos se encuentran en el sector agropecuario; y las
dos restantes en la rama de servicios financieros.
A partir de que el subcomandante Marcos con-
denó el PPP, en el contexto de la marcha zapatista
que se inició en La Realidad y culminó en el Dis-
trito Federal, algunas voces han advertido las con-
secuencias negativas del PPP, particularmente para
las comunidades indígenas, las que se pretende in-
corporar a la corriente del desarrollo impulsada
por el Plan. Dentro de las críticas más fuertes está
el señalamiento de que dicha iniciativa pretende
abrir las puertas al capital transnacional y al gran
capital nacional, como el vilipendiado grupo Savia
del empresario regiomontano Alfonso Romo. Se-
gún estas críticas, los empresarios explotarían los
recursos naturales y la biodiversidad, que se consi-
dera patrimonio de las comunidades indígenas.
También se ha dicho que la iniciativa pretende
convertir el sureste mexicano en una región
maquiladora, aprovechando la mano de obra ba-
rata que ofrecen los estados, con una población
rural subempleada y empobrecida.
Secundando esta condena, algunos intelectuales
y dirigentes políticos han manifestado su rechazo a
la iniciativa PPP. Lo curioso del asunto es que en
muchos casos los argumentos tienen un sello de
etnicidad. Un buen ejemplo de esto es la argumen-
tación que presenta el senador Daniel López Nelio,
que en un artículo publicado en la revista Memoria
señala:
No pretendo que el plan deba ser juzgado y
rechazado sin conocerlo. Pero precisamente
entre las razones que hacen que los pueblos
indígenas puedan tener muchas dudas y hasta
una primera reacción de rechazo hacia el
mencionado plan se encuentra, precisamente,
la escasa información que hasta el momento han
recibido los mexicanos, y los pueblos indígenas
en particular, acerca de lo que implica concreta
y precisamente ese proyecto presidencial.
En cualquier caso, ya hay un motivo para la
alarma, puesto que el gobierno impulsor de tal
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90
plan no ha dado la menor muestra seria de tener
la intención de consultar a la población que sería
involucrada, particularmente a la población
indígena. Esto incluye, en primer lugar, el que se
exponga claramente a los pueblos en qué
consiste el plan, cuáles son los términos de su
puesta en práctica, qué implicaciones de todo
tipo (sociales, culturales, económicas, ecológicas,
etcétera) tendrá para la gente y qué beneficios
se derivarán de su aplicación.
En suma, mientras no se hagan las aclaraciones
pertinentes sobre éstos y otros puntos básicos,
los pueblos indígenas no estaremos confiados, ni
mucho menos. Estaremos vigilantes y, al mismo
tiempo, exigiendo y luchando porque se realice
una condición fundamental: el reconocimiento
de nuestros derechos políticos, sociales, culturales
y económicos, es decir, el reconocimiento de
nuestra autonomía en tanto pueblos.
Esa es la condición y la base para que cualquier
plan que afecte nuestros territorios se realice a
partir de un diálogo equilibrado, de una nego-
ciación justa y sobre cimientos que garanticen un
verdadero desarrollo para nuestros pueblos y el
mantenimiento y enriquecimiento de nuestras
culturas (López, 2001:30-31).
La iniciativa PPP constituye una evidencia de que
el proceso de globalización seguirá su marcha. La
vertiente económica del PPP, en su capítulo México,
que es el programa Marcha hacia el Sur, reafirma
esta apreciación. Sin embargo, el rechazo o la acep-
tación condicionada de tal iniciativa tiene que ver
con la idea de desarrollo que se tenga y la posibili-
dad de ofrecer una alternativa convincente. En esta
situación se encuentran algunos sectores políticos
como el Partido de la Revolución Democrática (PRD),
el que está considerando presentar al presidente
Vicente Fox una guía para que no cometa errores al
ejecutar el PPP y “no se le venga abajo”. Una parte
de la dirigencia de PRD está de acuerdo con que la
iniciativa se lleve a cabo, siempre y cuando haya metas
fijas en desarrollo rural, laboral, educación y
sustentabilidad. Señalan que “el PPP debe garantizar
la soberanía del país, considerar los derechos auto-
nómicos de los pueblos con mecanismos de partici-
pación social mucho más amplios que el Consejo
Consultivo...exigimos que el crecimiento de la región
esté acompañado de un nivel de desarrollo humano
equiparable a lo que se pueda lograr con la aplica-
ción correcta de políticas públicas que no sólo privi-
legien la inversión, sino que exista un compromiso
social para las comunidades y pueblos indígenas al
igual que un compromiso que asegure el equilibrio
y preservación de medio ambiente” (Cuarto Poder, 4
de junio de 2001: 42).
La situación creada por el conflicto que estalló el
1 de enero de 1994 y la crisis de la economía mexica-
na de 1995 se expresaron en un profundo deterioro
de la actividad económica chiapaneca, cuyo PIB no
sólo no creció sino que registró una tasa de -0.2% en
el periodo 1994-1995. El descalabro de las finanzas
mexicanas y el clima político-militar afectaron de
manera particular al sector terciario, pues una de las
principales fuentes de ingreso, el turismo, sufrió el
mayor impacto; fue la división de comercio, restau-
rantes y hoteles la que experimentó el más fuerte
retroceso al presentar una tasa de -10.9%.
Para frenar la crisis económica, el gobernador
interino, Roberto Albores Guillén, propuso su mini
“Plan Marshall” que, entre otras cosas, buscaba ge-
nerar 300 mil empleos, 100 mil cada año. Para este
propósito, se invitó a los empresarios del centro y a
la Corporación Financiera Internacional,12 filial del
Banco Mundial, para integrar un proyecto que po-
sibilitara el rescate de la economía chiapaneca y per-
T E M Á T I C A

91
mitiera la generación de empleos. Sin embargo, los
timoratos empresarios no estaban dispuestos a po-
ner en peligro sus capitales y arreglaron un progra-
ma que les diera certidumbre, de tal forma que el
gobierno del estado se constituyó en garante. De
esta manera surgió, en 1995, el fideicomiso llamado
“Fondo Chiapas”, que luego se convertiría en So-
ciedad de Inversión de Capitales (Sinca); se trata de
capitales de riesgo que son compartidos por los go-
biernos federal y del estado, con esquemas de inver-
sión ventajosos para los inversionistas, en los que la
creación de infraestructura y los subsidios son parte
de la oferta que hace el gobierno para atraer capital,
pero una vez que recuperan su inversión y obtienen
los beneficios esperados se retiran del negocio.
En los últimos años se ha venido señalando,
con insistencia, los intereses empresariales sobre
Chiapas. Sin embargo, las evidencias demuestran
que el capital no fluyó en las proporciones espera-
das y en esto tienen que ver la lógica y la naturaleza
del capital, el cual requiere de las condiciones ade-
cuadas para que se reproduzca y obtenga el óptimo
de ganancias. Uno de los hombres de negocios
más señalados por los críticos es Alfonso Romo-
Madero, y es que, según sus declaraciones, “Pulsar
Internacional llegó a Chiapas en 1992, desarro-
llando proyectos agrícolas y muchas fuentes de
trabajo. No importa el monto de inversión. Hemos
creado 15 mil empleos y 2 500 socios, eso es lo
importante” (Vidal, 2001: 35).
La imagen de Alfonso Romo ha crecido en los
últimos años. Se ha mencionado que en 1996 habría
donado 10 millones de dólares a la organización Con-
servación Internacional para la preservación de la selva
Lacandona y en mayo de 1999 se anunciaba que el
Grupo Pulsar invertiría 300 millones de dólares en el
desarrollo de plantaciones forestales. Por medio de
su filial, Desarrollo Forestal, se tenía contemplado
plantar 300 mil hectáreas de nuevos bosques en
Tabasco y Chiapas, para generar una producción anual
de ocho millones de toneladas al año, lo que equivale
a la actual producción de madera del país (Vidal).
Pero más allá de la publicidad que adquirió el
Fondo Chiapas, en la práctica no logró atraer la in-
versión de los grandes capitales. Para empezar, el
multicitado Alfonso Romo no invirtió en las pro-
metidas plantaciones forestales y de los 40 millones
de dólares comprometidos para 1995, hasta princi-
pios del año 2001 la inversión acumulada ascendía
a 300 millones de pesos,13 incluidos los 7.5 millones
de dólares del Parque Ecoturístico Cañón del Su-
midero que se encuentra desfasado (alrededor de
30 millones de dólares en seis años). El gran pro-
yecto, que todavía no ha sido aprobado, es la cons-
trucción del aeropuerto regional en el valle de Acala,
con una inversión de 40 a 50 millones de dólares y
capacidad para operar 15 mil vuelos anuales. El fra-
caso del Fondo Chiapas también se manifiesta en
que no fue suficiente la presencia del Grupo Mode-
lo, Maseca, Minsa, Grupo Mexicano de Desarrollo,
Bital, Grupo Escorpión y Santander, que formaban
el consejo de administración, para atraer los capita-
les. Además de que no logró generar los empleos
que la administración de Roberto Albores había
anunciado como meta de gobierno.
Algunos de los creadores del Fondo Chiapas ca-
yeron en desgracia, es el caso de Roberto Alcántara,
quien perdió el control de Bancrecer, y de Adrián
Sada que le ocurrió lo mismo con banca Serfin. Los
que se mantienen de manera firme son las empre-
sas que después de la creación de este Fondo se
incluyeron, tal es el caso de las empresas Minsa y
Maseca, y aunque se sigue incluyendo a la empresa
Nestlé lo cierto es que ésta data de los años sesenta
y no es producto de la coyuntura de 1994. La que
puede considerarse nueva es la empresa estadunidese
T E M Á T I C A

92
Genesse & Wyoming, que logró la concesión del
Ferrocarril Chiapas-Mayab.
En un nuevo intento por convencer a los due-
ños del capital para invertir en la región sureste, es-
pecialmente en Chiapas, el gobierno federal lanza la
iniciativa PPP, mediante la cual se busca cumplir una
de las condiciones para la inversión, la creación de
infraestructura. No es casual que en el arranque
del programa se tenga como prioridad la creación
y rehabilitación de las vías de comunicación aérea
y terrestre. En este sentido, Florencio Salazar, coor-
dinador del PPP, es claro al señalar que los primeros
empresarios interesados en invertir son “Isaac Saba,
Moisés Saba y Alfonso Romo, quien ya está invir-
tiendo en la región, pero hemos tenido reuniones
con empresarios muy destacados que quieren saber
qué facilidades y estímulos fiscales se van a dar; otros pre-
guntan de qué infraestructura se dispone y algunos piden
que les digamos de qué manera se pueden atraer
inversiones (véase La Jornada, 16 de abril de 2001,
cursivas nuestras).
La complejidad de la globalización, en su etapa
reciente,14 está teniendo efectos múltiples que se
expresan en el redimensionamiento y resignificación
de viejos problemas que ya estaban presentes en
Chiapas: predominio absoluto de la población rural
sobre la urbana15; profundización de la crisis agríco-
la; empleo no remunerado y pobreza estructural.
Además, estamos en presencia de nuevos fenóme-
nos como el crecimiento de la economía informal y
la saturación de los espacios de intercambio; au-
mento de la población urbana “sin urbanización”,
provocado por el desplazamiento de miles de per-
sonas que generan fuertes tensiones en localidades
urbanas como San Cristóbal de Las Casas, Comitán,
Ocosingo y Palenque, entre otras, y que se expresan
como procesos de “indianización”. Como parte de
los nuevos procesos que genera la globalización está
la formación de nuevos municipios y de munici-
pios autónomos fundados por el EZLN.
Todo esto ha tenido efectos importantes en los
ámbitos del crecimiento y desarrollo económico, que
no contribuyen a superar la endeble y deficiente es-
tructura económica; asimismo, ha provocado un
acelerado proceso de deterioro de los recursos na-
turales, y en términos sociopolíticos se expresa en
prácticas que han fortalecido el clientelismo y la re-
cuperación de espacios perdidos por el Partido Re-
volucionario Institucional (PRI). La fuerte presión
sobre el campo ha configurado un entorno de ma-
yor pobreza de la población chiapaneca, pues las
expectativas de vida de la mayoría de la población
están centradas en el campo. Los programas guber-
namentales como el PROCAMPO y el programa de
educación, salud y alimentación (PROGRESA) han con-
tribuido de manera decisiva a la configuración de la
realidad que hoy vive la entidad.
Frente a los efectos negativos de la globalización,
en Chiapas se mantiene la idea de defender la de-
manda de hacer valer los Acuerdos de San Andrés y,
en este contexto, la cuestión de la autonomía. No
obstante, en la “aldea local” las cosas no son como
parecen. Suponiendo que la autonomía fuese acepta-
da por el Estado en los términos que lo propone el
EZLN, existen dos problemas fundamentales que la
autonomía no podrá resolver: el primero tiene que
ver con la concepción de comunidad y pueblo indí-
gena, que denota la ausencia de tensiones, conflictos,
diferenciación social, económica y religiosa. En una
proporción bastante significativa, en los municipios
y localidades donde habitan poblaciones indígenas
existen fuertes divisiones provocadas por disputas
en torno a la tierra y por el control político y religio-
so, los ejemplos más evidentes se pueden encontrar
en municipios como Chalchihuitán, Chamula,
Chenalhó, San Andrés Larráinzar, Sabanilla,
T E M Á T I C A

93
Tenejapa, Tila y Venustiano Carranza. El segundo
problema se refiere a la economía y a la base material
sobre la que se sustentan las actividades productivas;
así, resulta muy difícil pensar en el concepto de desa-
rrollo sustentable en un contexto de pobreza y mise-
ria en que se encuentra el grueso de la población
indígena y donde los recursos materiales no guardan
proporción con las necesidades de crecimiento y de-
sarrollo de la población: es decir, a la escasez de agua,
tierras de cultivo y de bosques para la explotación
maderable se añade el deterioro que cada año sufren
éstos por la presión que ejerce la población y por los
inadecuados métodos de manejo.
En el mejor de los casos, es posible que en los
territorios donde la dotación de recursos productivos
es más abundante y la diferenciación económica y
sociopolítica no tan pronunciada tenga viabilidad la
autonomía. No obstante, se mantiene la interrogante
en el sentido de su funcionamiento al margen de los
mercados y de la política estatal y nacional. En este
sentido, el problema va más allá en tanto que el en-
torno obligará a cierta dinámica que rompería con la
idea de la autodeterminación. El proceso de apropia-
ción del excedente, por ejemplo, la acumulación mis-
ma, la dependencia de la población del mercado de
trabajo y de mercancías para satisfacer sus necesidades,
obligarán a formas de producción no necesariamen-
te bajo el principio de “sustentabilidad”.
Reflexión final: debate sobre
Chiapas-debate de las ideas
Chiapas transita por uno de los momentos más di-
fíciles de su historia. Los problemas sobrepasan las
capacidades del gobierno y de los partidos políticos.
En medio de las expectativas de sectores importan-
tes de la sociedad local, que reclamaban un cambio,
surge un candidato al gobierno del estado producto
de una alianza de cuatro partidos (PAN, PRD, PT y
PVEM). Sin embargo, el día de la elección el nivel de
abstención llegó a 50%, y el triunfo del candidato
de la Alianza se logró por un margen relativamente
pequeño al obtener 52.79% de los votos válidos,
frente a 46.82% del PRI. A esto hay que agregar la
existencia de un congreso local de mayoría priista y
un poder judicial favorable al otrora partido oficial.
Así, Chiapas inicia el siglo XXI con un gobierno di-
vidido y una sociedad en crisis, fragmentada hasta
en sus componentes básicos.
El nuevo gobierno hereda un enorme conflicto
económico y sociopolítico: el problema indígena y
la persistencia del EZLN, los conflictos agrarios y el
recrudecimiento de la violencia derivada de dispu-
tas territoriales y religiosas, la crisis rural, la crisis
fiscal y una economía estancada. A esto se suma la
enorme cantidad de peticiones de organizaciones
sociales y campesinas que apoyaron al candidato de
la Alianza y ahora exigen al nuevo gobierno la solu-
ción de viejas y nuevas demandas.
El conflicto entre el gobierno federal y el EZLN
mantiene una tensión en el estado e impacta ne-
gativamente en varios puntos de la geografía. Al
amparo de este conflicto se recrean viejas formas
de hacer política y se recurre al expediente de la
negociación y la cooptación. Mientras tanto, se
mantienen los niveles de pobreza, particularmente
en el campo. De acuerdo con información del censo
general de población y vivienda del año 2000 los
niveles de pobreza se han profundizado: 75.87%
de la población ocupada en el estado se situó en el
rango de pobreza; y de éstos, 70.11% estaba en el
rango de pobreza extrema. En el medio rural la
situación es aún más dramática pues, según estos
criterios, 84.85% de la PEA ocupada se encuentra
en extrema pobreza debido a que sus ingresos no
alcanzaron el salario mínimo.
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Este entorno debe llevarnos a una reflexión sobre
las posibilidades de construir, en el ámbito
chiapaneco, un proyecto alternativo para salir de la
crisis y avanzar en un proceso de desarrollo
autocentrado con el apoyo del gobierno federal.
En este sentido, debemos preguntarnos cuál es la
vía o las vías posibles para salir de la situación en
que se encuentra el estado, tomando en considera-
ción los contextos económico y sociopolítico que
están teniendo un peso importante en la configu-
ración de la realidad chiapaneca. La construcción
de alternativas pasa, necesariamente, por un
cuestionamiento de las tensiones y conflictos, lo
que conduce a encontrar explicaciones sobre el
origen y la reproducción de éstos. Un punto de
partida, como bien señala Wallerstein es “el reco-
nocimiento de que los principales problemas que
enfrenta una sociedad compleja no se pueden re-
solver descomponiéndolos en pequeñas partes que
parecen fáciles de manejar analíticamente, sino más
bien abordando estos problemas, a los seres huma-
nos y a la naturaleza, en toda su complejidad y en
sus interrelaciones” (1996:87). Las consideraciones
sobre las dimensiones micro-macro resultan de vi-
tal importancia para explicar los problemas y plan-
tear opciones; en este sentido, uno de los peligros
que se observan en las valoraciones sobre Chiapas
es el sesgo hacia lo micro: lo étnico, el territorio,
etcétera. En este sentido, la advertencia de
Wallerstein es pertinente cuando señala que “el én-
fasis en la importancia de los espacios locales pue-
de conducir al descuido de las interrelaciones más
amplias del tejido histórico” (1996:73). Ésta ha sido
una de las características de la mayoría de las apre-
ciaciones sobre el problema chiapaneco, en donde
tampoco encontramos una jerarquía de los pro-
blemas y consecuentemente de las prioridades para
avanzar en la solución de los mismos.
Hoy en Chiapas se lucha por la democracia y la
igualdad, dos elementos fundamentales de la mo-
dernidad pero, al mismo tiempo, se rechaza la otra
parte de la modernidad: el mercado, la técnica, el
marketing. Pero, paradójicamente, Chiapas no es una
entidad moderna desde el punto de vista de su eco-
nomía y quizá aquí radique uno de los problemas
más serios del problema de atraso que vive. La po-
breza generada y reproducida hasta hoy día no se
debe a la modernidad en estricto sentido, el analfa-
betismo tampoco es producto de la modernidad y
la destrucción de los recursos naturales no es atri-
buible tan fácilmente a la modernidad. Ciertamen-
te, Chiapas ha entrado por la puerta trasera de la
modernidad, con todos sus efectos perniciosos: hoy,
las comunidades indígenas más apartadas consu-
men frituras, Coca Cola y cerveza, incluso estas
bebidas son un distintivo de prestigio. Asimismo,
encontramos en varios municipios de las regiones
Sierra y Altos una buena cantidad de teléfonos celu-
lares, tecnología de primer mundo en una realidad
local caracterizada por la pobreza de sus habitantes;
sin embargo, ésta hace posible la comunicación con la
familia que se encuentra en calidad de migrante en el
norte del país o en Estados Unidos.
Si bien, como dice Touraine, el siglo XX llama-
do de progreso ha sido concebido, por lo menos
en Europa, como un siglo de crisis y a menudo de
decadencia y de catástrofe (1999:101), los territo-
rios del sur de México, particularmente en Chiapas,
han pasado por un siglo de crisis pero no precisa-
mente por el progreso derivado de la revolución
industrial, sino todo lo contrario, es la crisis de un
sistema cuyo nivel de desarrollo no llegó, ni de
cerca, a una industrialización mediana como ocu-
rrió en el resto de México. Chiapas no ha conocido
el mundo de las técnicas y sin embargo, de pronto
hace su aparición en la Internet; este artefacto, pro-
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ducto de la racionalidad instrumental, se constitu-
ye en herramienta fundamental para apoyar uno
de los movimientos más significativos de fines del
siglo XX, el neozapatismo. Estamos, como bien
señala Carlos Portantiero (1980), en la lógica de la
inclusión-exclusión.
Hoy se discute el significado del PPP y se conclu-
ye que las consecuencias para los pueblos indios
serían desastrosas. En un análisis maduro, Arman-
do Bartra señala alternativas que bien merecen una
reflexión: “Pienso que la salida está en repensar la
economía y su estatuto, para que, escapando de la
presunta dictadura del mercado, podamos hacer del
fomento productivo no un fin en sí mismo sino una
palanca del desarrollo. Y para esto no hace falta ne-
gar de manera voluntarista las ‘ventajas comparati-
vas’. Las ‘señales del mercado’ son, sin duda, condi-
ciones de toda política de fomento que se respete,
premisas duras de cualquier estrategia de desarrollo,
pero los valores y objetivos del proyecto deberán ser
de carácter social. La función del Estado no es ser
croupier que sirve cartas marcadas a los tahúres del
gran dinero y la política económica no está para ha-
cerle los mandados al mercado. Necesitamos una eco-
nomía del sujeto y no del objeto, una economía que
se ocupe de las necesidades y potencialidades huma-
nas no sólo de mercancías, una economía moral. Y
esta economía ya existe, no en los megaproyectos
gubernamentales, pero sí en la lógica de la produc-
ción doméstica rural, en la vida comunitaria, en las
prácticas de algunas organizaciones campesinas”
(Massiosare, 17 de junio de 2001).
La pregunta que surge de esta propuesta de
Bartra es si realmente existe la economía moral en
la lógica de producción doméstica y en la vida co-
munitaria. La crisis también ha llegado a la vida
comunitaria: la violencia y la confrontación por
motivos religiosos, los alarmantes niveles de po-
breza en las comunidades rurales, el éxodo de jó-
venes y familias enteras hacia el norte del país y los
Estados Unidos, así como las disputas por la tierra
entre campesinos, entre otras cosas, son signos
contrarios a la economía moral y muestra una cru-
da realidad del sálvese quien pueda.
El replanteamiento de la economía en una pers-
pectiva ética, que lleve a la recuperación de la di-
mensión de la “calidad de vida”, en los términos
planteados por Amartya Sen (1998), es un punto de
partida. Sin embargo, debemos preguntarnos qué
hacer con el mercado cuando en el discurso actual
se habla del mercado libre como uno de los cami-
nos fundamentales para llegar a la modernización
de la sociedad y de su economía. Aquí resultan inte-
resantes las apreciaciones de Kurnitzky cuando se
refiere al mercado y señala: “no solamente nos referi-
mos al mercado de tipo popular, al mercado cotidiano
en las calles, sino que nos referimos también al merca-
do mundial, al mercado informal, al mercado de las
drogas y al mercado que conforma a las culturas, al
mercado de ideas, de las creencias, los sentimientos y
las expresiones culturales que se manifiestan en las
costumbres de los pueblos. Si lo entendemos así, vere-
mos al mercado como una institución histórico-social
de mediación, que se presenta como una fuerza irre-
nunciable para la edificación de todas las socieda-
des, de todas las culturas mundiales hasta hoy en
día” (1994:26).
Sin embargo, aclara, citando a Braudel, que “el free
trade sin límites destruye automáticamente la econo-
mía social del mercado. Así como en el pasado el
desarrollo de una sociedad de clases hizo fracasar la
utopía democrática, así hoy en día la sociedad
consumista de masas aparentemente neutraliza to-
dos los conflictos y se fuga en un estado de ausencia
del sujeto, en una sociedad de objetos que no necesi-
ta ni el mercado ni a la democracia” (28).
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Hoy más que nunca, economía y política están
estrechamente vinculadas, no puede haber un cam-
bio económico sin la voluntad política para hacerlo,
pero también se necesita un cambio fundamental
en la concepción de la economía, recuperar la ética
en la esfera económica para avanzar hacia un mo-
delo más racional, que revierta, en la medida de lo
posible, el gran deterioro de los recursos naturales y
del nivel de vida de la población, donde ese gran
potencial que se dice tiene Chiapas —y se sigue
manejando como un slogan publicitario, porque cada
día la superficie de selvas y bosques decrece, y el
proceso de erosión va en aumento—, pueda bene-
ficiar a la población.
Si los actores económicos, sociales y políticos no
logran ponerse de acuerdo sobre la necesidad de
construir un proyecto incluyente, que beneficie a
todos, que rompa con los esquemas actuales tanto
en el discurso como en la práctica es imposible que
la entidad pueda cambiar el rumbo de su historia.
Por el contrario, los conflictos históricos, que en los
últimos ocho años se han agudizado, se manten-
drán como una constante.
En esta perspectiva es fundamental la educación,
punto medular para un cambio en la cultura política
y la ciudadanización, la madurez para criticar y liber-
tad de elegir, como dicen los neoliberales. Sin embar-
go los esquemas actuales de educación requieren ser
revisados para adecuarlos a los requerimientos de un
proyecto liberador, sin olvidar el rigor científico y del
uso de las tecnologías de la modernidad, pero con un
sentido profundamente humanista. Esto debe con-
tribuir a la construcción de una sociedad plural en el
sentido de Sartori (2001), es decir, sin poner en el
centro el multiculturalismo que hoy aparece en el dis-
curso de moda como un valor supremo.
Notas
1 En los últimos cinco años el nivel de vida de la población
chiapaneca se ha deteriorado y la brecha entre los niveles de
ingreso se ha ampliado. En efecto, la comparación de las cifras
del Conteo de Población y Vivienda 1995 y las del Censo General
de Población y Vivienda 2000 permite observar un incremento
en los niveles de pobreza, particularmente en el sector de
población en situación de pobreza extrema, así como un
incremento de la población que obtuvo dos salarios mínimos y
hasta cinco, lo mismo con el sector de más altos ingresos, que
ganó más de cinco salarios mínimos: en 1995, 19.24% de la
población ocupada no recibió ingresos; y para 2000, la cifra fue
de 22.46%; en lo que respecta a la población que ingresó menos
de un salario mínimo, para el primer año fue de 37.41% y para
el segundo de 33.11%, lo que nos estaría indicando una leve
mejoría en este segmento; sin embargo, al sumar el primer grupo
de ingresos con el segundo, que podemos caracterizarlos como
pobres extremos, se puede ver que la situación no cambió
sustancialmente pues en el primer año la cifra fue de 76.71% y
en el segundo de 75.88%. El segmento que recibió un salario
mínimo y hasta dos, que podríamos considerarlo en el grupo
de pobres, no presentó modificación ya que en el primer año
representó 20.06% y en el segundo 20.31%. En cambio, la
población que recibió dos salarios mínimos y hasta cinco pasó de
12.37% a 13.67%, lo mismo ocurrió con el grupo que obtuvo
más de cinco salarios mínimos que en el primer año fue de 4.48%
y en el segundo de 5.54%, lo que refleja una tendencia de deterioro
en el sector de pobres extremos y de diferenciación social al crecer
la población con ingresos superiores a los dos salarios mínimos.
2 Dentro de este grupo se encuentran los siguientes productos:
maíz, café, plátano, caña de azúcar, cacao, soya, mango,
cacahuate, sorgo.
3 En esta posición ubicamos a Ronald Nigh, quien plantea el
retorno a la agricultura tradicional y la práctica de la ag ricultura
orgánica. Sin embargo, no es claro qué debemos entender por
tradicional pues pareciera que la “flecha del tiempo” no ha
pasado en Chiapas y se olvida de la irreversibilidad del tiempo
(véase Ronald Nigh, 2001). Uno de los sustentos de la llamada
agricultura tradicional ha sido la práctica de la roza-tumba y
quema, una práctica casi en extinción ante la reducción de tierras
disponibles para estas prácticas, ya que implicaban períodos de
descanso de uno a cinco años.
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4 DuPont-PIONER es la multinacional más grande del mundo
en el ámbito de la comercialización de semillas, con ventas por
1 800 millones de dólares en 1997 (véase Villafuerte, 2002).
5 No hay cifras recientes que indiquen con precisión cuánto ha
crecido la superficie cafetalera. El último censo cafetalero llevado
a cabo por el Instituto Mexicano del Café (INMECAFÉ) data de
1992. El nuevo gobierno de Chiapas está comenzando a levantar
un censo en las zonas cafetaleras.
6 Según declaraciones de Segio Zuarth, uno de los dirigentes de
los ganaderos, el hato ganadero se redujo hasta 50 por ciento,
esto ha traído como consecuencia que los rastros no tengan
dónde abastecerse. El rastro de Arriaga, uno de los más
importantes en producción durante más de 20 años, ahora se
encuentra sacrificando caballos, los cuales son importados de
Guatemala y comercializados en canal en Monterrey. La
ganadería del municipio de Ocosingo se encuentra en la r uina y
la carne que se consume en Tuxtla Gutiérrez, la capital de
Chiapas, es de importación (véase Cuarto Poder, 5 de julio de 2001:19).
7 Véase Villafuerte, Daniel, 1998, Chiapas frente al Tratado de
Libre Comercio México-Centroamérica, tesis doctoral, UAM -
Xochimilco, México.
8 En su carta-renuncia, fechada el día 12 de diciembre de 2000
y dirigida al profesor Joel Hidalgo Martínez, con copia a Amalia
García Medina y a los medios de comunicación, Gómez Maza
señala: “las razones que me llevan a tomar esta decisión son
entre otras tantas la pérdida de la identidad del partido, de los
fines y metas, de los modos y métodos, que han convertido a la
organización política en un gran negocio de grupúsculos y
mafias, que prestos están a la venta de su primogenitura sin
tomar en cuenta la historia de construcción cimentada en las
centenas de sacrificados en la lucha por lograr la democracia en
nuestra patria. Andulio Gálvez, Sebastián Pérez Núñez, Roberto
Hernández, Agustín Rubio, Roberto Mancilla, Golonchán,
Pijijiapan, Acteal, El Bosque, Nicolás Ruiz, van quedando en el
olvido. Otra razón más es la falta de institucionalidad de sus
dirigentes nacionales, estatales y municipales que hoy aprueban,
mañana dicen ignorar lo que aprobaron y al siguiente día cambian
el sentido de los acuerdos, como sucediera en los últimos dos
plenos estatales en que se determina primeramente no aceptar
por parte del ejecutivo ningún cargo que no fuera de primer
nivel para el comité ejecutivo estatal y no avalar los de segundo
nivel, si no ocurriera lo anterior. Y en el siguiente pleno cambian
de opinión por decisión ‘soberana’, y con este cambio de opinión
resulto ser el único que acatando dicho mandato una vez más,
quedo descalificado ante el ejecutivo estatal, la opinión pública
y la militancia de base”.
9 La ley marca como límite de la pequeña propiedad ganadera
la extensión necesaria para mantener a 500 cabezas de ganado,
de tal suerte que si la calidad de la tierra no es buena el límite de
la pequeña propiedad ganadera aumentará.
10 Arriaga, Comitán, Reforma, San Cristóbal de Las Casas,
Tapachula, Tonalá y Tuxtla Gutiér rez.
11 Arriaga, Comitán, San Cristóbal de Las Casas, Tapachula,
Tonalá, Tuxtla Gutiérrez y Villaf lores.
12 En 1996 esta institución canalizó al Fondo Chiapas la cantidad
de 5 millones de dólares.
13 Las empresas promovidas hasta el momento son:
Plantaciones de hule, con 66.3 millones de pesos; Promotora
del Marañón, con 8.3 millones; Capamex, con 5.8 millones;
Promotora de Palma, con 47.7 millones; Parque Turístico, con
73 millones; Engorda intensiva, con 12.7 millones.
14 Si el debate sobre la globalización llegó 10 años más tarde a
varios países de Europa (Beck, 1998), en el caso de los países
de América Latina el retraso es aún mayor, y cuando pensamos
en los espacios marginados como Chiapas, la situación es
todavía más dramática. Es decir, estamos pensando el
problema 20 años después de la discusión que comenzó en
Inglaterra.
15 En los últimos diez años el estatus de ruralidad no ha
cambiado sustancialmente para Chiapas: de acuerdo con los
censos de población y vivienda, en 1990, 76% de la población
era rural –tomando como criterio a las localidades menores
de 15 habitantes– y para 2000 la cifra fue de 71.4%. Aun con
el criterio más utilizado, que es de localidades menores a 2
500 habitantes, la población mantiene su carácter rural al
situarse en 59.7% y 54.3%, respectivamente.
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