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Hispania Sacra, LXVII
135, enero-junio 2015, 303-338, ISSN: 0018-215X, doi: 10.3989/hs.2015.009
LA ASOCIACIÓN CATÓLICA NACIONAL DE PROPAGANDISTAS
DURANTE LA FASE CENTRAL DEL RÉGIMEN DE FRANCO
POR
antonio Martín puerta
Universidad San Pablo CEU, Madrid
resuMen
La creación de la ACN de P en 1909 responde a la necesidad de generar una
forma actualizada de presencia pública del catolicismo. Durante el régimen de
Franco la ACN de P tuvo una importante repercusión en la vida pública: inuyó
en los ámbitos institucionales; sus miembros colaboraron en la vida de las orga-
nizaciones católicas; también en obras asistenciales, dada la complicada situa-
ción social de la época. Hacia la mitad del régimen se generan varios puntos
de inexión histórica: un nuevo gobierno en 1957; la constitución del Mercado
Común; la política de estabilización, que modica el modelo económico; nal-
mente, el Concilio Vaticano II. Todas estas líneas modican el panorama de
fondo. Los propagandistas también modicarán sus actuaciones en la vida política
y religiosa, en consonancia con tales cambios.
palabras clave:
Vida pública. Inuencia institucional. Estado confesio-
nal. Doctrina Social de la Iglesia. Evolución política.
Promoción de la participación. Desarrollo político.
THE ACN DE P DURING THE CENTRAL
PHASE FRANCO’S REGIME
abstract
The creation of the ACN de P in 1909 is the result of a need: to try to develop
a modern form of public action for the Catholicism. Inside the Franco’s political
system, the ACN de P had important inuence in the political life: institutional
inuence. The members of the association developed an important role inside
catholic and social institutions. Important new events during the central years of
the system where going to be denitive. A new government in 1957; the crea-
tion of the Common Market; the new economic policy; and nally, the Vatican
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Council. All these lines were going to modify the background. The members of
ACN de P will change their lines of action too.
Key words:
Public life. Institutional inuence. Confessionalism. Social
Doctrine of the Church. Political evolution. Action in favor of
political participation. Political development.
Recibido/Received 30-07-2011
Aceptado/Accepted 03-09-2014
La Asociación Católica Nacional de Propagandistas, fundada en 1909 por un
jesuita, Don Ángel Ayala, ha sobrepasado recientemente cien años de presencia en
la vida pública y religiosa de nuestro país. Para cualquier conocedor de la historia
contemporánea de España es evidente su relieve desde el punto de vista religioso,
político, social y de inuencia en los medios de comunicación. Ello debido a la
impronta infundida por una personalidad nada común: Ángel Herrera, un abogado
del Estado que la acaudilló desde sus orígenes hasta 1935, para luego profesar
como sacerdote, ser nombrado obispo de Málaga en junio de 1947 y cardenal de la
Iglesia en febrero de 1965. Es y ha sido la Asociación de Propagandistas una enti-
dad peculiar, de la que uno de sus presidentes, Francisco Guijarro, decía que resul-
taba muy difícil comprender desde fuera. En efecto, así ha sido desde el principio,
aunque las claves para su interpretación no son nada complejas, ni tampoco le es
atribuible una vocación por lo secreto; bien al revés: pocas entidades, religiosas
o no, han dejado plasmadas de modo tan evidente en las páginas de sus boletines
las distintas interpretaciones que sus socios tenían acerca de cuestiones capitales.
Lo que la hace peculiar es la romanidad de su origen, su especial subordinación a
los criterios de la jerarquía de la Iglesia, la voluntad de acatamiento a los poderes
constituidos y la búsqueda de la proyección social del catolicismo. Proyección
que se ha efectuado a través de obras creadas especícamente para ciertos nes,
y cuyo historial incluye también un elemento que causa sorpresa: ¿cómo una aso-
ciación que nominalmente ha tenido una media histórica de no más de seiscientos
socios –siendo efectivos no más de la mitad a efectos de actuación– ha podido
alcanzar tal relevancia en la historia de España?
el trasFondo histórico de su creación
Para conocer las razones históricas de la creación de la ACN de P no puede
prescindirse –ya se ha mencionado el elemento de romanidad– de cuáles eran los
elementos de juicio que en Roma prevalecían en cuanto a las formas de actuación
de los católicos en la vida pública en los países clave. Hablamos de Francia y de
Alemania, países centrales entonces y hoy, cuyos movimientos católicos habían
actuado de modo completamente opuesto, y con resultados también distintos.
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Proclamada la III República en 1870, y habiendo cobrado esta desde 1880 un
fuerte sesgo anticatólico, el modelo francés fue el de un predominante catolicismo
reactivo, vinculado al legitimismo y a posturas de carácter integrista. El resultado
fue calamitoso: en 1905 se consumaba con la Ley de Separación de las Iglesias y
el Estado un sistema que había acabado por segregar socialmente a la Iglesia. El
modelo alemán, por el contrario, se basó en la difícil inserción de los católicos den-
tro de las estructuras de un Imperio proclamado en 1871, con carácter fuertemente
luterano y con la impronta anticatólica del Kulturkampf. Pocos años más tarde, y
con el instrumento fundamental del Zentrum Partei, se había logrado erradicar los
elementos esenciales del anticatolicismo, siendo elemento determinante, además,
para el establecimiento de la política social más avanzada de Europa. Dos mode-
los bien distintos tanto en planteamiento como en resultados. De lo que Roma
era perfectamente consciente. Ahora bien: ¿qué expectativas ofrecía España?
Evidentemente, las de seguimiento de la vía francesa.1 Había para ello un elemento
notoriamente inuyente: el integrismo, siempre exaltador de una visión hispánica
lindante con la xenofobia, pero con frecuencia, en la realidad, imitando e inspi-
rándose en los integristas y legitimistas franceses. Maximiliano Arboleya y Juan
María Laboa han analizado con detalle los efectos de la trayectoria integrista. 2
Pero en España la política antirreligiosa francesa había empezado a tener sus
imitadores. Para empezar con actitudes reticentes de los gobiernos liberales en
materia educativa, y con una pública actitud contra la expansión de la Iglesia con
la llamada «Ley del Candado» de 28 de diciembre de 1910, siendo Canalejas
presidente del Consejo de Ministros. El nacimiento en 1909 de la ACN de P obe-
deció a la preocupación romana por las cosas de España. Existía el temor de que,
con toda posibilidad, se seguiría el camino del catolicismo francés. Y se buscó
desarrollar un planteamiento estratégico que ya había tenido su implantación en
Alemania a través del Zentrum y del catolicismo social. Muestra signicativa de
ello es el siguiente dato: en 1883 el presidente de la Comisión de estudios sociales
del Zentrum, el príncipe de Loewenstein, escribía estas palabras acerca de una
república que algunos pocos veían en el horizonte: «nosotros podemos convertir-
nos en sus dueños».3 Tal hecho tendría lugar en 1918, treinta y seis años después;
el Zentrum pasó a ser elemento clave de la República, y sus sucesores siguen hoy
gobernando en Alemania. El hombre que en España desarrollaría una estrategia
1 Sobre la preocupación del cardenal Secretario de Estado, Merry del Val, por una reproducción en
España del modelo laicista francés ver Larkin, M. 2004. L’Église et l’État en France. 1905: La crise
de la séparation: 198-200 Paris: Privat. Otro tanto se observa en la carta del obispo de Niza, monseñor
Chapon, remitida al P. Lecanuet el 20 de mayo de 1910. Ver Lecanuet, É. 1910. L’Église de France sous
la Troisième République (1878-1894): XI París: Ancienne Librairie Poussielgue.
2 Ver Arboleya, M. 1930. Otra Masonería. El integrismo: Madrid: Cía. Ibero-Americana de
Publicaciones. Y Laboa, J.M. 1985. El integrismo, un talante limitado y excluyente: Madrid: Narcea.
3 Rovan, J. 1964. El catolicismo político en Alemania: 158 Madrid: Instituto de Estudios Políticos.
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comparable sería el sucesor del P. Ayala: Ángel Herrera Oria. Por encima de cuá-
les pudieran ser los regímenes políticos, y a través de las obras creadas para la pro-
yección del catolicismo en la sociedad, la Asociación Católica de Propagandistas
lleva cien años de actividad, en general no demasiado conocida –al contrario que
sus obras– ni siempre bien comprendida, ello desde los propios orígenes.4
la acn de p y el nuevo régiMen de 1939
Era evidente que no faltaban en el nuevo régimen quienes se situaban frente
a la Asociación, lo que fundamentalmente ocurrió por hostilidad política. Una
de las obras creadas por Herrera fue Acción Nacional –pronto Acción Popular,
ante la prohibición de Azaña de utilizar el término «nacional» salvo por organis-
mos ociales–, que sería el núcleo de la CEDA. La no fácil recuperación de El
Debate, cuya publicación no se autorizó alegando que en Madrid existía el diario
Ya –un mismo grupo no podía publicar dos diarios en la misma ciudad– fue ejem-
plo de ello. Pero Ya tendría hasta 1952 un director impuesto por Serrano Súñer,
Juan José Pradera, situación bien expresiva de las reticencias hacia la Asociación,
pese a haber en ese momento en el gobierno dos ministros propagandistas. No
son infrecuentes por esas fechas las alusiones en los órganos del Movimiento
contra la democracia cristiana, identicación, cuando menos por esas fechas,
no particularmente exacta. De hecho la asociación como tal no ha tenido rango
político, y estuvo presidida hasta 1953 por Fernando Martín Sánchez Juliá, nada
dudoso partidario del régimen. Por otro lado la mayoría de los socios era parti-
daria del sistema, aunque, también mayoritariamente, favorable a su evolución y
a la eliminación de cualquier formato de inspiración totalitaria. No faltando tam-
poco nunca un sector de oposición, que desde 1954 se vincularía a la Asociación
Española para la Cooperación con Europa, orientado hacia posiciones demócrata
cristianas, y generalmente conexas con la línea de Don Juan de Borbón.
La completa rehabilitación de la Asociación para la vida pública vino de
la mano de la complicada situación de España a partir del nal de la Segunda
Guerra Mundial. Las previas y especiales relaciones del sistema político con
los países derrotados habían creado la imagen de un régimen anómalo dentro
del nuevo orden mundial. En buena parte la identicación del sistema con los
modelos totalitarios era incorrecta, más allá de las apariencias externas. De
hecho Falange nunca tuvo control sobre los ministerios esenciales, Ejército,
4 De hecho el cardenal arzobispo de Madrid, don José María Salvador y Barrera, manifestó, ya en
los primeros momentos, reservas ante la nueva agrupación, creada, decía, «sin anuencia mía». El per-
sonaje crucial en la creación había sido el nuncio, Monseñor Antonio Vico. Sobre el desarrollo inicial
ver Gutiérrez García, J.L. 2010. Historia de la Asociación Católica de Propagandistas. (1908-1923):
Madrid: CEU Ediciones.
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Hacienda, o Gobernación, salvado para este último caso la presencia de Serrano
Súñer desde 1938 hasta octubre de 1940. Incluso para muchos falangistas, lla-
mar «nacionalsindicalismo» a un sistema en el que no había sino uno o dos
ministros falangistas, salvo el titular de la Secretaría General del Movimiento
–que ni siquiera controlaba más que una de las cuatro fuerzas originarias del
Movimiento–, aparecía como absurdo. Pero, ciertamente, la imagen ofrecida
por el régimen, tenía vinculaciones provenientes de la guerra civil, ribetes y
estética de carácter totalitario. No había otra salida que la utilización de políticos
católicos que modicaran la imagen exterior del sistema, de modo que el ante-
rior ministro de Asuntos Exteriores, José Félix de Lequerica, fue sustituido por
Alberto Martín Artajo, hasta la fecha Presidente de la Junta Técnica de Acción
Católica. Franco transmitió este requerimiento a Carrero Blanco: «Necesito
un católico»; el designado solicitaría la autorización previa del primado Pla
y Deniel, que le alentaría para aceptar tal propuesta.5 Aunque ciertamente el
más notable, no era el único propagandista que ocupaba puestos en los gobier-
nos nombrados tras la guerra. José Ibáñez Martín sería ministro de Educación
Nacional desde agosto de 1939 hasta julio de 1951; José Larraz sería nombrado
ministro de Hacienda también en 1939, como igualmente, dato poco conocido,
el Ministro sin Cartera, Pedro Gamero del Castillo, antes Vicesecretario General
del Partido, era igualmente un hombre proveniente de la Asociación. Como tam-
bién José María Fernández Ladreda, titular de Obras Públicas entre 1945 y 1951.
Era evidente, en cualquier caso, el carácter católico del régimen, con un catoli-
cismo recién salido de una persecución y de una guerra civil, lo que le daba matices
históricos peculiares. La carta pastoral del primado, cardenal Gomá, Catolicismo
y Patria, de 5 de febrero de 1939 denía ese estadio histórico: «Catolicismo y
Patriotismo representan para nosotros a un tiempo los factores máximos de nues-
tra grandeza y el doble altar en que ofrezcamos los mayores sacricios». Pero,
alertando contra las concepciones totalitarias, advertía: «Es a veces la exagera-
ción, la sustancialización, hasta la divinización del Estado, que transforman los
nes del poder político, haciendo de él n supremo de las actividades del hombre,
que queda absorbido por la fuerza estatal que lo invade todo». Pronto sería la
Iglesia el principal freno contra las tendencias totalitarias, y uno de sus principales
instrumentos de acción, en cumplimiento de sus objetivos de origen, la ACN de P.
el entorno de la época
El espacio histórico que tratamos ha venido a quedar caracterizado por un
conjunto de lugares comunes poco conexos con la realidad en muchos casos. Es
5 Marquina Barrio, A. 1983. La diplomacia vaticana y la España de Franco: 330 Madrid: CSIC.
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una etapa sobre la que los historiadores tienen todavía mucho que decir. Que aún
se dejaban sentir los efectos de la posguerra es evidente. Que es una época de
oreciente recuperación del catolicismo, es también obvio: no sólo por la anula-
ción de la legislación laicista de la República, sino por un intenso trabajo de la
Iglesia, que logra impregnar notablemente la sociedad del momento. Ahora bien,
el subsuelo abarca unas corrientes no siempre reconocidas que terminarán ao-
rando para sorpresa de muchos. Pues resulta que la sociedad ocialmente cris-
tiana regida por un estado confesional, es, en muchos casos, sólo nominalmente
cristiana. Bastantes organismos sociales creados para la acción de la Iglesia, si
bien se encuentran nutridos en número, empezarán, ya en los años cincuenta, a
manifestar ciertos rasgos de languidez y de crisis. Los seminarios, expandidos
en dimensiones sin precedentes durante esos años, empezarán a reejar poco a
poco una caída de vocaciones que, dato importante, es anterior al Concilio. Y el
ambiente socioeconómico seguirá siendo, hasta principios de los años sesenta,
reejo de un país que acumula serias lacras históricas. Aspectos todos que con-
dicionan seriamente la actividad pública de cualquier entidad de tipo apostólico.
El llamado «nacionalcatolicismo», un concepto de no fácil acotación, aunque
expresivo de una época de estrecha vinculación de la Iglesia y el Estado, encie-
rra más sorpresas de las que se piensa. Ni fue una etapa tan obscura y gris como
con frecuencia se quiere presentar, ni las relaciones entre el Estado y la Iglesia
carecían de suspicacias, ni tampoco la sociedad era tan católica como se supone.
Prueba de lo dicho es el número de sacerdotes por persona dedicado a labores
parroquiales en 1959; resulta que España aparece en el tercer puesto por la cola,
sorprendentemente acompañado por los países considerados como más católi-
cos, tal como Stanley Payne reeja en su libro El catolicismo español :
País Habitantes/sacerdote parroquial
Suiza 766
Holanda 907
Irlanda 917
Bélgica 974
Francia 1.090
Italia 1.109
Alemania 1.125
ESPAÑA 1.336
Austria 1.578
Portugal 2.311
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Como es digna de considerar la tabla ofrecida por Guy Hermet acerca de la
evolución de la senda de seminaristas:6
Por no hablar de la evolución de las aliaciones a Acción Católica, sobre lo
que explica José Andrés Gallego: «…habían sido casi 600.000 en 1955; eran
500.000 en 1966, de los que en 1979 quedarían –conocidos– menos de 15.000.
Decimos conocidos porque la pluralidad de los movimientos de AC, la propia
naturaleza –tan diversa– de la adscripción a los mismos y las meras deciencias
de la estadística interna hacen que esas cifras no sean más que estimaciones
seguramente aproximadas de la realidad. La JOC (Juventud Obrera Católica)
pasa de 87.000 al comenzar la década de los sesenta a ochocientos en 1979; las
mujeres de AC, de 150.000 a 11.000. No pocos dejan también la Iglesia y pier-
den la fe».7 Declive de Acción Católica que causaba verdadera preocupación en
la Nunciatura ya en 1957.8 En cuanto a la situación social, hoy olvidada en un
6 Hermet, G. 1980. Les catholiques dans l´Espagne franquiste: 46-48 Paris: Presses de la Fondation
Nationale de Sciences Politiques.
7 Andrés Gallego, J. 1992. «Entre la religión y la política», en Andrés Gallego (coord.), Historia
general de España y América: T. XIX-1,136-137 Madrid: RIALP.
8 Revelador de ello es el contenido de una nota que aparece en el archivo de Castiella. A lo largo
de una conversación sostenida por D. Esteban Fernández Ruiz con el Nuncio y con el Auditor de la
Nunciatura, Monseñor Carlo Martini, éste efectuó unos reveladores comentarios sobre algunos aspec-
tos de la situación religiosa de la España de los años cincuenta. Observa sobre las Conferencias de
Metropolitanos: «El temario de las conferencias es de llorar. Asuntos de escaso interés cuyos acuerdos,
Año Inscritos Abandonos Año Inscritos Abandonos
1953-1954 8.406 446 1963-1964 8.021 888
1954-1955 8.301 530 1964-1965 7.903 978
1955-1956 8.242 554 1965-1966 7.689 1.147
1956-1957 8.230 561 1966-1967 7.114 1.719
1957-1958 8.470 638 1967-1968 5.945 1.563
1958-1959 8.511 765 1968-1969 4.823 1.465
1959-1960 8.728 740 1969-1970 3.932 1.161
1960-1961 8.610 760 1970-1971 3.526
1961-1962 8.397 782 1971-1972 3.014
1962-1963 8.340 841
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país pobre hasta hace no mucho, por aquellas fechas era de verdadera acumula-
ción de dicultades.
Muestra de la difícil situación social fue el informe que desde la ACN de
P fue remitido en octubre de 1955 al arzobispo de Madrid informando sobre
la actuación de los propagandistas en suburbios según los objetivos que por
el arzobispado se habían señalado. En la carta se indicaba que no se habían
elaborado estudios previos ni por el Estado, ni por el Ayuntamiento, ni por la
Iglesia, de modo que la Asociación nombró un propagandista para cada una
de las cuarenta y tres parroquias afectadas. Los resultados suministrados al
arzobispado fueron los siguientes: se habían censado unas 6.000 cuevas «que
podemos calicar de habitaciones infrahumanas». El 16,7 por cien de la pobla-
ción escolar de las parroquias afectadas (unos 750.000 habitantes), carece de
escuelas. Incluso en 1960 había un número de 131.361 chabolas y cuevas,
1.238.878 viviendas sin agua corriente, y casi todas las situaciones aictivas
recaían sobre una misma población estimada en cinco millones de habitantes.9
Cuestiones todas ellas de la máxima importancia para la ACN de P, pues una
de las principales preocupaciones de Ángel Herrera fue siempre la relacionada
con las cuestiones sociales.
En cuanto al medio ambiente institucional, se habían producido dos aconte-
cimientos notables en cuya génesis participaron los propagandistas. El primero
de ellos el Concordato de 1953, impulsado por el embajador ante la Santa Sede,
Joaquín Ruiz-Giménez, y rmado el 27 de agosto de 1953. Que produjo todo tipo de
exaltaciones públicas por ambas partes, pero sin que dejara de haber reticencias.10
por añadidura, no suelen llevarse a la práctica». Sobre Acción Católica: «Vive en estado lamentable.
Hace dos días visité la Ciudad Universitaria y solamente encontré a un chico que llevaba la insignia.
En el año 40 y 41 Madrid estaba plagado de insignias». «Ninguno de los que forman parte de la Junta
Nacional es capaz de ponerse al frente de un movimiento renovador ni de crear nada. Lo han demos-
trado ya». Sobre los profesores de religión: «Es inconcebible. Se dan cargos para que cobren nóminas,
pero no hay verdadera preocupación por la enseñanza. No se hacen los concursos a pesar de nuestra
insistencia. Nunca tendrán las leyes y facilidades que ahora tienen». Archivo Fernando María Castiella.
Nota de 22 de noviembre de 1957. Real Academia de la Historia.
9 Informe de Francisco Guijarro Arrizabalaga, Presidente de la ACN de P entre 1953 y 1959, y
Director Nacional de Cáritas desde febrero de 1963. Reexiones ante el Día Nacional de la Caridad
publicadas en Ya el día 13 de junio de 1963.
10 Comenta sobre ello el Cardenal Tarancón: «Se produjo un cierto malestar en los ambientes
eclesiásticos y políticos cuando el padre Lombardi –a quien todos consideraban como condente de
Pío XII– dijo, en una reunión de La Granja, con ocasión de una tanda de ejercitaciones de ‘Un Mundo
Mejor’, que el Papa se negaba a raticar en el Concordato el privilegio de presentación del Estado
para el nombramiento de obispos, y que tan sólo por las presiones, muy fuertes, que había recibido
de distintos sectores de la Iglesia, lo había concedido, aunque lo lamentaba hasta con lágrimas des-
pués de la rma. Esta condencia del padre Lombardi produjo una discusión muy seria en círculos
amplios de la Iglesia. Consiguió que se iniciase una especie de contestación no sólo con respecto a
ese privilegio del Estado, sino a los privilegios eclesiásticos que se habían conseguido. En general se
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El segundo acontecimiento fue la rma de los acuerdos con los Estados
Unidos el 26 de noviembre de 1953. La anterior etapa de aislamiento inter-
nacional había concluido. En todo ello fue básica la labor de los propagandis-
tas Alberto Martín Artajo, Joaquín Ruiz-Giménez y Fernando María Castiella.
De todo ello cabe deducir que el catolicismo político y social podía tener aún
mucho que aportar, y la ACN de P podía igualmente seguir siendo para ello un
instrumento útil para la Iglesia.
la acn de p entre 1953 y 1965
11
En 1953 tuvieron lugar las elecciones para nombrar un nuevo presidente que
sustituyese a Fernando Martín-Sánchez, el hombre que desde 1935 gobernaba
la Asociación, y persona elegida por Ángel Herrera para sucederle. Dígase que,
pese a dejar de ser presidente, su inuencia seguía siendo relevante, pues no
en vano la renovación del censo que se produce en la posguerra se efectúa bajo
su mandato. Había logrado reinsertar a la ACN de P dentro del nuevo ámbito
histórico, no sin dicultades, a través de una institución regida por unos esta-
tutos que le otorgaban un alto grado de autoridad. Tales estatutos serían refor-
mados en 1954, no sin serias discusiones, en las que aoraron las divergencias
creía comúnmente que la rma del Concordato no era tan sólo beneciosa para el Estado, sino también
para la Iglesia. Pasados los años, hemos de constatar que pronto nos dimos cuenta muchos de que la
rma del Concordato había hecho más difíciles las relaciones Iglesia-Estado en España». Enrique y
Tarancón, V. 1996. Confesiones: 151-152 Madrid: PPC. De parte del Estado venía a suceder algo pare-
cido. Incluso en los primeros años se produjeron ciertas diferencias; así lo maniesta, por ejemplo, la
carta remitida el 4 de abril de 1956 a Alberto Martín Artajo, ministro de Exteriores, por el embajador
en el Vaticano, Castiella, en relación con los nombramientos de obispos auxiliares: «Dicha práctica
(acreditada por una larga serie de casos que no es necesario citar) supone nada menos que arruinar
el artículo VII del vigente Concordato entre la Santa Sede y España, anulando en gran medida los
efectos, ya muy parcialmente beneciosos, del Acuerdo sobre el modo de ejercicio del privilegio de
presentación suscrito por el Ministro Señor Serrano Súñer y el Nuncio Mons. Cicognani el 7 de Junio
de 1941. El Acuerdo que acabamos de mencionar representó ya, como todos sabemos, una serie de
importantes renuncias por parte de España a los tradicionales privilegios que su acendrado catolicismo
y sus servicios a la Iglesia romana le habían concedido.»...«Ahora bien, el procedimiento actualmente
seguido por la Nunciatura Apostólica de Madrid, nombrando unilateralmente Obispos Auxiliares
siempre que lo juzga oportuno, supone, en gran parte, la anulación en sus efectos prácticos, del citado
Artículo VII del Concordato». ... «..la Nunciatura Apostólica procede a los nombramientos de Obispos
Auxiliares sin formular, ni aún por motivos de cortesía, consulta alguna a los Departamentos ministe-
riales interesados». Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores. Correspondencia con Embajada de
España ante la Santa Sede.
11 El desarrollo de la Asociación en la época ha sido descrito en mi obra de reciente publicación.
Ver Martín Puerta, A. 2010. Historia de la Asociación Católica de Propagandistas, (1953-1965):
Madrid: CEU Ediciones. Para la época inmediatamente anterior ver: Barreiro, C. 2010. Historia de la
Asociación Católica de Propagandistas, (1935-1953): Madrid: CEU Ediciones.
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políticas. Francisco de Luis, el hombre fuerte de La Editorial Católica era hom-
bre extremadamente contrario a Franco, afecto a la línea juanista de Gil Robles
–antiguo propagandista con quien estaba en contacto–, y vino a generar notables
enfrentamientos contra la línea de continuidad prevista desde la Presidencia.
En efecto, el nuevo presidente, Francisco Guijarro Arrizabalaga, inspector
del Timbre de profesión, se encontró inicialmente con una dura oposición en
el Centro de Madrid, que reeja claramente en sus memorias Federico Silva
Muñoz. Éste último era el hombre designado por Martín Sánchez para dirigir
a los jóvenes y pasaría a ser el nuevo Secretario General. El nuevo presidente
promovería la indicada reforma estatutaria, en línea de una mayor participación
de los socios, buscando una institucionalización que rebajara la línea fuerte-
mente presidencialista impresa por el fundador y su sucesor en la Presidencia.
Francisco Guijarro era un hombre absolutamente ajeno a la política, ello en
un momento en que no son pocos los propagandistas que ocupan notables car-
gos públicos. Pero su objetivo consiste en aumentar la tensión espiritual de
la Asociación y en promover la presencia en obras sociales. Así por ejemplo,
colaborando en misiones de tipo espiritual y de apostolado, en la lucha contra
el chabolismo o colaborando con Cáritas, presidida en ese momento por el
propagandista Jesús García Valcárcel. Será, por otra parte, hombre distante de
las cuestiones polémicas. Así, entre 1956 y 1958 tiene lugar una fuerte lucha de
poder en el seno de La Editorial Católica. El anterior hombre fuerte, Francisco
de Luis, pasará a ser Consejero Delegado de Administración, ello a instan-
cias de Ángel Herrera, mientras la persona de conanza de éste, José María
Sánchez de Muniáin, ejercerá el cargo de verdadero relieve, el de Consejero
Delegado de Redacción. De Luis no aceptará la nueva situación, creciendo la
tensión en la editorial hasta el punto de que en 1958 el propio Herrera vino
desde Málaga para imponer una solución: la personalidad de máximo relieve
en la editorial pasaría a ser Alberto Martín Artajo, que ya había dejado el minis-
terio de Asuntos Exteriores el año anterior. Pero en todo ello nada tuvo que ver
Francisco Guijarro: la impronta de Herrera en las obras, especialmente en La
Editorial Católica, se sentiría hasta el n de su vida. Guijarro, no obstante su
discreción, sí dejó su huella en la que con el tiempo pasaría a ser la principal
obra de la Asociación: el Centro de Estudios Universitarios, en esas fechas
órgano docente del Colegio Mayor de San Pablo. No faltarían problemas en su
senda de consolidación a ambas entidades: el CEU, creado en 1933, como el
colegio, con su imponente –y costosa– construcción, hubieron de hacer frente a
varias crisis nancieras durante aquellos años. Serían resueltas gracias a gene-
rosas donaciones de ciertos socios, entre los que destaca José María Sánchez-
Ventura, notario que sería director del colegio y, con el tiempo, último ministro
de Justicia de Franco.
Próxima a celebrar su cincuentenario, se hacen públicos los datos en su
Boletín 639 y 640 de 15 y 30 de agosto de 1958, que vienen a reejar la inuencia
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de la Asociación: 269 socios trabajaban en la Administración Pública.12 Otros
199 se dedicaban a la enseñanza.13 Y 173 a actividades productivas, más 44
a periodismo y cine.14 En cuanto al número de propagandistas comprometido
por actividades, el desglose era el siguiente: 435 en apostolado seglar 288 en
obras de difusión del pensamiento, 204 en obras de caridad, 118 en obras de
enseñanza, 101 en obras de piedad, 45 en actuaciones económico-sociales, 21
en actividades culturales y 79 sin actividad, siendo compatibles, lógicamente,
varias actividades entre sí. En el sector de actividades sociales colaboraban 139
a través de las Conferencias de San Vicente de Paúl, 39 en Cáritas, 18 en protec-
ción de menores, y 11 en protección a la mujer.15
Para dar idea de la presencia política de los propagandistas por esas fechas
se ofrecía en el Boletín 708 de 15 de agosto de 1961 la siguiente informa-
ción sobre socios que participaban en las comisiones de las Cortes Españolas.
Asuntos Exteriores: Francisco Jiménez Torres, Joaquín Ruiz-Giménez Cortés y
Alberto Martín Artajo. Comercio: Ramón Hermida. Educación: José Corts Grau
y Fernando Martín-Sánchez Juliá. Hacienda: Luis Coronel de Palma, Alfredo
López Martínez, Fermín Zelada de Andrés Moreno y José Sinués Urbiola.
Información: Antonio González Martínez, Alfredo López Martínez, Fernando
Martín-Sánchez Juliá y José Sinués Urbiola. No se mencionaba, por ejemplo, a
Mariano Puigdollers ni a Adolfo Muñoz Alonso.
Pese a lo dicho anteriormente, ha de recalcarse que la mayoría de los propa-
gandistas no se hallaba dedicada a cuestiones políticas, sino de tipo apostólico y
social. La evolución del censo de la época es la siguiente:
12 La distribución de este grupo era: 38 ocupaban un cargo público; 16 eran Agentes de Bolsa y
Corredores de Comercio; 14 eran scales; 10 jueces; 7 magistrados; 7 secretarios judiciales; otros 10
trabajaban en la Administración de Justicia; 42 eran militares; 23 notarios; 10 registradores; 21 trabaja-
ban en Hacienda; 7 eran diplomáticos; 17 en la Seguridad Social; 9 en los sindicatos; 5 en Telégrafos;
25 en Vivienda, y 7 se ocupaban de cuestiones de benecencia.
13 La distribución era: 5 académicos; 53 catedráticos de universidad; 23 catedráticos de enseñanza
media; 46 profesores; 49 maestros; 18 en otras actividades relacionadas.
14 Había 10 directores de diarios, 2 de revistas semanales y uno de publicación mensual.
15 El desglose de las actuaciones en el primer grupo, apostolado seglar, era el siguiente: 263 pro-
pagandistas en Acción Católica, 66 en Congregaciones Marianas, 48 en asociaciones de Padres de
Familia, 31 en asociaciones Profesionales, 14 en Cursillos de Cristiandad, 10 en Obras Apostólicas
Familiares y 3 en el Movimiento Mundo Mejor. Concretamente 41 propagandistas ocupaban presiden-
cias en Acción Católica a niveles parroquial y diocesano, y en su Junta Técnica Nacional ocupaban la
presidencia, dos vicepresidencias, secretaría y 15 vocalías.
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El siguiente período de la Asociación, entre 1959 y 1965, verá en la
Presidencia de la ACN de P a Alberto Martín Artajo. Letrado del Consejo
de Estado, antiguo Presidente de la Acción Católica y brillante ministro de
Exteriores entre 1945 y 1957, pasará a ser el hombre de Herrera para recon-
ducir la línea de La Editorial Católica desde 1958. Su período presidencial
coincidirá con uno de los momentos críticos de cambio, no sólo en España, sino
en Europa y en la Iglesia. Se producen en esas fechas unos puntos de inexión
que modicarán las líneas históricas de tal modo que ni España ni el mundo
serán ya iguales pocos años más tarde. Elementos que es imprescindible reme-
morar si se pretende captar la naturaleza de los profundos cambios que van a
producirse.
Hecho notable en la evolución del sistema español fue el cambio de gobierno
de febrero de 1957, que, dando lugar a la entrada de los llamados tecnócratas,
modicó la dirección política y económica de España. Sólo dos en el gobierno
nominalmente, Mariano Navarro Rubio y Alberto Ullastres, pero poco a poco
se irían modicando los aspectos del régimen más vinculados a las formas de
la posguerra. Un hecho sería denitivo: el Decreto-Ley de 21 de julio de 1959
avalando el contenido del Plan de Estabilización, aprobado en Cortes el 28 de
julio de ese año. Comenzaba una etapa de estricto control de la inación y de
liberalización, acompañada de una devaluación de la peseta –el cambio pasó
de 42 pesetas/$ a 60 según decreto de 17 de julio publicado en BOE del día
20– y de ayudas del exterior. Suponía la inserción de España en los organis-
mos económicos internacionales y en el ámbito económico de Occidente, lo que
dejaba atrás denitivamente las derivaciones de la autarquía. Mariano Navarro
Año Numerarios
activos Numerarios
cooperadores Inacritos
activos Inscritos
cooperadores Total
1956 265 55 178 67 565
1957 279 51 182 68 580
1958 211 58 210 136 615
1960 348 50 210 60 668
1961 356 47 245 55 703
1962 360 46 241 54 701
1963 368 41 223 50 682
1964 369 39 206 51 665
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Rubio comentará sobre el único propagandista en ese gobierno, Fernando María
Castiella, nuevo ministro de Asuntos Exteriores: «En lo que a mí respecta, fue,
quizá –y sin quizás– el defensor más decidido del Plan de Estabilización desde
el primer momento. Advirtió claramente que nuestra política exterior necesi-
taba librarse del ‘sambenito’ de vivir en un país mal administrado». «Preparó
rápidamente el contacto con los organismos internacionales –Fondo Monetario
Internacional, Banco Mundial y OECE– y logró que los ministros de Hacienda
y Comercio fuésemos como miembros recién nombrados a la reunión que se
celebró en Nueva Delhi en septiembre de 1958». España era miembro del FMI
y del Banco Mundial desde julio de 1958, encontrándose en la OECE desde
mayo de ese año.
Conexo con el cambio de estructuras sería también el hecho de promulga-
ción de la ley de Principios del Movimiento Nacional de 1958, que preveía
formas orgánicas de participación. Fueron constantes los editoriales de Ya rei-
terando la necesidad de promover la participación política, como también las
modicaciones necesarias en tal sentido. Entre muchas y reiteradas peticiones
al respecto, un ejemplo es el del editorial de 31 de marzo de 1963, En pleno
desarrollo político, donde se señalaba: «Lo que importa es desenvolver todo el
rico contenido que está en germen en los principios y en las instituciones. Así
como se habla de un desarrollo económico, así se debe hablar, más que de una
evolución política, de un desarrollo político del régimen», a lo que añadía que
«para conseguirlo deben estudiarse las reformas precisas». Peticiones que se
repetirían constantemente. Así el editorial del día 13 de julio de 1963 La clave
de una genuina democracia era un conjunto de observaciones sobre la carta
dirigida por el nuevo pontíce, Pablo VI, al presidente de las Semanas Sociales
de Francia. Sobre ello se comentaba: «La humanidad está experimentando un
creciente proceso de madurez en el orden de la convivencia social y política.
La democracia es la forma histórica adecuada para canalizar ese proceso y
satisfacer la tendencia democrática, que se viene apoderando de los pueblos
como expresión y como cauce de un progreso civil inequívoco e ineluctable de
la humanidad». Ello «repercute hondamente en la conguración de un orden
constitucional nuevo, ya que el antiguo, que todavía subsiste, está amenazado,
felizmente, de ruina». Recordaba a continuación que la Pacem in terris había
jado «orientaciones harto claras en esta línea de renovación de arquitecturas
y ensamblajes constitucionales». Finalizaba reclamando la atención a las exi-
gencias sociales y con la siguiente armación: «Por ello, tal articulación cons-
titucional es la pieza clave del organismo político de un país. Y en ello reside el
secreto último de la democracia nueva, a la luz de la doctrina de la Iglesia». De
modo que era bien clara la reiterada postura del periódico, cuya línea editorial
era en ese momento dirigida por Alberto Martín Artajo, presidente de la ACN
de P desde 1959.
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Otro de los cambios esenciales sería el inicio del proceso de unicación de
Europa, habiéndose rmado en Roma en marzo de 1957 los tratados para su
creación. Es importante observar la actitud de La Editorial Católica, pues el
30 de marzo destacaba una cabecera del diario Ya: «Pío XII calica de sublime
meta política la gran obra de la Europa unida». Se añadía a continuación que días
antes el Papa se había dirigido a un grupo de sacerdotes españoles «haciendo un
llamamiento para que España entre también por los caminos de la abertura hacia
el europeísmo y el universalismo». Una nueva orientación exterior aparecía en
el horizonte que forzaría cambios en las posiciones internas. El europeísmo den-
tro de la Asociación no era nada nuevo, y José Larraz trataba con frecuencia
acerca de ello en sus artículos. Es llamativa la larga visión de este antiguo minis-
tro de Hacienda, del que el editorial de Ya del día 14 de 1957 señalaba: «El señor
Larraz prevé que llegará un día en que Europa y Rusia se hayan de poner de
acuerdo bajo el inujo de la industrialización china». Evidentemente el proceso
forzaba hacia una toma de postura que ya estaba en la sensibilidad de muchos
propagandistas. Máxime teniendo en cuenta que el Sumo Pontíce tomaba serio
interés por la cuestión. De hecho el editorial de 6 de noviembre de 1957 Hacia
la comunidad europea, observaba cómo en reciente audiencia de Pío XII a los
delegados de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, el pontíce había
señalado la necesidad de «federarse realmente», y que era «necesario y urgente
comprender su carácter ineludible».
Ahora bien, el período tratado contemplaría otro acontecimiento que ven-
dría a generar cambios denitivos: el 25 de enero de 1959 el nuevo pontíce
Juan XXIII había anunciado a los cardenales su intención de convocar un con-
cilio durante una ceremonia celebrada en la basílica de San Pablo Extramuros
con motivo de la conmemoración de la conversión de San Pablo. Las sesiones,
desarrolladas entre 1962 y 1965, provocarían notables modicaciones históricas
en la Iglesia. Analizados los anteriores elementos de cambio, cabe la siguiente
reexión: modicados tanto el gobierno como la legislación del régimen polí-
tico, cambiado el modelo económico, surgidas nuevas estructuras de integración
en Europa y renovada la Iglesia, era evidente que todo ello tenía que forzar a
cambios en el interior de la ACN de P. Una institución creada para la proyección
del catolicismo en la vida pública tenía, por fuerza, que generar corrientes de
adaptación a las nuevas formas.
los Ministros propagandistas de la época
Tal como se ha dicho nunca ha sido la política la mayoritaria actividad de los
socios de la ACN de P, pero siempre ha habido personalidades con inuencia en
el mundo de la política. Cuatro fueron los ministros propagandistas en la etapa
tratada, y ciertamente personajes bien destacados.
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Joaquín Ruiz-Giménez Cortés (Madrid, 1913. – Madrid, 2009.)
Hijo de quien fue en dos ocasiones ministro de gobiernos liberales presidi-
dos por Romanones, había pertenecido durante la República a la Asociación de
Estudiantes Católicos, llegando a ser su presidente. Era Licenciado en Filosofía
y Letras y Doctor en Derecho por la Universidad de Madrid, y fue Alférez
Provisional de Artillería durante la guerra. Trabajó como profesor ayudante de
Mariano Puigdollers desde 1940, y en 1943 obtuvo por oposición la Cátedra
de Filosofía del Derecho y Derecho Natural en Sevilla. En 1939 fue pro-
puesto por el cardenal Gomá como representante español de la Confederación
Iberoamericana de Estudiantes Católicos, y a los veintiséis años fue nombrado
Presidente Mundial de la rama de estudiantes de Pax Romana. En septiembre
de 1946 fue llamado por Alberto Martín Artajo para ser el primer presidente del
Instituto de Cultura Hispánica. En el Instituto de Estudios Políticos, y por indi-
cación de Pla y Deniel y de Artajo, intervino en modicaciones sobre el Fuero
de los Españoles y sobre la Ley de Sucesión. En 1948 fue nombrado embaja-
dor de España ante la Santa Sede, desde donde promovió el que luego sería
Concordato de 1953. Sería nombrado Ministro de Educación Nacional en 1951,
sustituyendo al también propagandista Ibáñez Martín. Nada más llegar al minis-
terio, Ruiz-Giménez emprendió una reforma que, si bien no tuvo dicultades en
su aplicación, le generaría prolongadas, graves y soterradas inquinas: la modi-
cación de las normas de acceso para la plaza de catedrático de universidad,
sistema que había dado lugar a acusaciones de favoritismo. La modicación
dejaría en dos sobre cinco el número de miembros del tribunal nombrados por
el Ministerio, frente a los cinco anteriores. En efecto, en plena época de Ibáñez
Martín, se promulgaba la Ley de 29 de julio de 1943 sobre Ordenación de la
Universidad Española, que sobre la cuestión tratada decía:
Artículo 58. El ingreso en el Cuerpo de Catedráticos numerarios de Facultad de
las Universidades se hará mediante oposición, cuyo procedimiento será objeto de un
Reglamento, de acuerdo con los siguientes principios:
b) La oposición se realizará siempre en Madrid, en turno único y ante Tribunal nom-
brado por el Ministerio de Educación Nacional y constituido por cinco miembros, de
los cuales tres, como mínimo, han de ser catedráticos numerarios de la misma disci-
plina o análoga; uno podrá ser designado entre personas especializadas en la materia,
y el Presidente deberá pertenecer al Consejo Superior de Investigaciones Cientícas, al
Consejo Nacional de Educación o reales Academias.
El Decreto de 7 de septiembre de 1951 por el que se regulaba la forma de
nombrar los Tribunales para las oposiciones a Cátedras de Universidad reducía
el anterior sistema de pleno arbitrio del titular del ministerio hasta una inuencia
directa de como mucho dos miembros sobre cinco; aunque sobre su forma de
aplicación no dejó de haber discrepancias.
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Hito notable fue la Ley de 26 de febrero de 1953 sobre Ordenación de
Enseñanza Media, que proveería al sistema educativo español de un excelente
instrumento, pero que supuso un enfrentamiento con ciertos sectores eclesiásti-
cos que temían ingerencias gubernamentales. La persona a la que se encomenda-
ría sacar adelante el proyecto sería José María Sánchez de Muniáin, catedrático
de Estética, miembro del Consejo Superior de Investigaciones Cientícas y
también propagandista. Ruiz-Giménez, en el viaje que efectuó a Roma para
despedirse como antiguo embajador, comunicó su intención de reformar las
enseñanzas medias. A su regreso comentó al cardenal primado, Pla y Deniel,
su deseo de consensuar la ley con la Comisión Episcopal de Enseñanza y, en
su caso, con la Conferencia de Metropolitanos. Ya el 21 de octubre de 1951 la
Junta de Padres Provinciales había enviado una nota defensiva comunicando
a Ya, ABC y Ecclesia su conformidad básica con el plan vigente. Regulación
que se había generado en 1938 sobre la marcha, y que, lógicamente, había de
adaptarse. El ministro argumentaba a favor de la nueva norma señalando que la
Ley de 1938 no mencionaba expresamente los derechos de la Iglesia, sino sólo
los de centros privados, de modo que colegios privados no católicos podrían
apoyarse en esa ley. Por otro lado se regularía la actuación de la Inspección del
Estado para exigir el cumplimiento de los planes de estudio y de la capacitación
del profesorado, además de llevarse los exámenes de grado a capitales de pro-
vincia y ciudades intermedias. Buscando la independencia y ecuanimidad de los
tribunales se iría hacia una composición mixta. Aunque Ruiz-Giménez deseaba
una solución consensuada no pudo evitar el enfrentamiento con el sector de la
enseñanza más hostil a cualquier incremento del control por parte del Estado.
Incluso entre monseñor Olaechea, arzobispo de Valencia, y el primado, hubo
algún tipo de fricción, ante la hostilidad abierta del primero a la reforma.
Vista la situación, desde Roma se decidió que sería la Conferencia de
Metropolitanos la que negociaría con el Gobierno, que, a través de carta de
Ruiz-Giménez a Pla de 12 de marzo de 1952 manifestaba haber tomado el
acuerdo «de someter a la consideración de la Santa Sede y de Vuestra Eminencia
Reverendísima, aquellos extremos que, por referirse a la enseñanza no ocial,
son susceptibles de negociación y acuerdo con la Jerarquía Eclesiástica, según lo
prevenido en el Convenio de 7 de junio de 1941». Nuevas discusiones dejaron el
proyecto en situación complicada. El 29 de septiembre de 1952 la Conferencia
de Metropolitanos publicó un texto manifestando el deseo de transacción, donde
se empezaba recordando al gobierno su obligación de atenerse a lo pactado en
los acuerdos vigentes de 7 de junio de 1941 y 16 de julio de 1946.16 Por su
parte Olaechea volvió a reiterar su oposición en una carta pastoral de 25 de
16 Iribarren, J. 1974. Documentos colectivos del episcopado español. 1870 – 1964: 267-291 Madrid:
BAC.
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diciembre de 1952; allí se rearmaba sobre lo dicho en la pastoral reproducida
en el número 577 de Ecclesia de 2 de agosto de 1952, defendiendo la norma-
tiva de 1938. Finalmente la Ley de 26 de febrero de 1953 sobre Ordenación de
Enseñanza Media aparecería publicada en el BOE del día veintisiete. Un edito-
rial publicado en el número 608 de Ecclesia de 7 de marzo de 1953 manifestaba
nalmente su criterio, que en términos generales podía evaluarse como favora-
ble.17 Ahora bien: pese a que la ley había salido adelante, ello no había sido sin
un cierto desgaste del ministro.
Mayor erosión aún le supuso la polémica cultural iniciada sobre la actitud
ante Ortega con la publicación de los siguientes libros de autores jesuitas: Ortega
y Gasset. Su persona y su doctrina (1942) y La ruta mental de Ortega (1948)
de Joaquín Iriarte; José Ortega y Gasset. Pensamiento y trayectoria (1943) y
La crisis del historicismo y otros ensayos (1945) de José Sánchez Villaseñor; y
nalmente Filosofía y vida. Cuatro ensayos sobre actitudes (1946) de Juan Roig
Gironella. El común denominador era el intento de probar el carácter anticató-
lico de la losofía orteguiana. Menos discusiones había acerca de Unamuno,
autor ya fallecido en 1936, acerca del cual se daba mayor unanimidad en cuanto
a la consideración de su escasa ortodoxia. Ahora bien: ambos autores eran
defendidos por los intelectuales falangistas, y desde las páginas de sus publi-
caciones se tomaba postura a favor de una línea que venía a contrastar con la
seguida por Arbor, como igualmente por una buena parte de la jerarquía de la
Iglesia. Lo peculiar del asunto es que Arbor era una revista dependiente de un
organismo como el CSIC, con lo que desde el propio ámbito universitario se ata-
caba la postura del ministro de Educación Nacional.18 La polémica entre Rafael
Calvo Serer y Pedro Laín Entralgo tuvo inicialmente características de debate
puramente cultural. La obra de Laín España como problema de 1948, sería
17 Se decía en él: «La Santa Sede hubiese podido llevar directamente las negociaciones con el
Gobierno; sin embargo en su altísima prudencia, ordenó a la Conferencia de Metropolitanos, organismo
representativo el más autorizado de la Jerarquía eclesiástica española, que estudiase el proyecto y pro-
curase que quedasen salvaguardados los derechos de la Iglesia, pero reservándose la Santa Sede la deci-
sión denitiva en este importante asunto». Se reconocía: «Es muy digno de notar y alabar el respeto que
en las Cortes se ha guardado a la inspección de la Conferencia de Metropolitanos, y en su consecuencia,
al mínimum convenido entre la Iglesia y el Gobierno...». Se manifestaba, no obstante: «No creemos que
la nueva ley aprobada y promulgada sea inmejorable. Es más, esperamos que en algunos puntos de los
derechos de la Iglesia sea mejorada, ya por disposiciones meramente civiles en el orden económico, ya
en el futuro concordato que está negociando el Gobierno con la Iglesia. Mas creemos que ella ofrece un
desenvolvimiento digno a los colegios de enseñanza media de la Iglesia....». Por último recalcaba las
diferencias que se reconocían en materia de inspección.
18 En mi libro Ortega y Unamuno en la España de Franco, publicado en Ediciones Encuentro el año
2009, he descrito el desarrollo de la polémica desde sus comienzos en la posguerra hasta sus últimos
estertores en los nales de los años cincuenta. Dos obras de Unamuno, Del sentimiento trágico de la
vida y La agonía del cristianismo, aparecerían inscritas en el Índice de libros prohibidos por decreto de
la Suprema Congregación del Santo Ocio de 30 de enero de 1957.
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replicada por España sin problema publicada en 1949 por Rafael Calvo Serer.
De momento fue una polémica cortés entre intelectuales, que iría subiendo de
tono, donde había discrepancias, pero también coincidencias. La publicación
por Rafael Calvo de un artículo en la revista monárquica Écrits de Paris contra
la apertura cultural concluiría con una sanción contra Calvo, que se quedó con el
ejercicio de su cátedra en la Universidad, pues el BOE de 11 de noviembre reco-
gía su cese como vocal del pleno del CSIC. Ahora bien, desde el momento en
que Laín fue nombrado rector de la universidad de Madrid, como Antonio Tovar
rector de la universidad de Salamanca, y además el ministro incorporaba a su
equipo a falangistas como Pérez Villanueva y Fernández Miranda, la controver-
sia subía de nivel y cobraba carácter político. No habían faltado declaraciones
eclesiásticas. Así la carta pastoral de diciembre de 1953 La restauración cris-
tiana de la cultura, del obispo de Astorga, Don Jesús Mérida, que, tras exponer
los principios sostenidos por la Iglesia en materia de docencia, criticaba la modi-
cación del sistema de acceso a las cátedras universitarias. En cuanto a Ortega y
Unamuno se decía: «no es tolerable que se les erija en maestros indiscutibles del
pensamiento español y guías de la juventud universitaria, y se les exhiba ante
los jóvenes, siempre ‘menores de edad’ intelectualmente como escritores inta-
chables y ortodoxos, y no se haga mención de sus errores y de los riesgos de su
inconsiderada lectura». Aunque nada comparable a la carta pastoral publicada
el 19 de septiembre de 1953 por el obispo de Las Palmas, Don Antonio Pildain,
anticipándose a las celebraciones del centenario de la universidad salmantina, a
celebrar con presencia de Franco entre los días 8 y 12 de octubre. La carta, con
toda rotundidad, se titulaba Don Miguel de Unamuno, hereje máximo y maestro
de herejías. De modo que era evidente el deterioro de la posición del ministro,
que además, veía cómo el propio Boletín de la ACN de P recogía las declaracio-
nes episcopales más hostiles a su propia línea.
El nal de la presencia de Joaquín Ruiz-Giménez en el gobierno tuvo lugar
como resultado de los graves incidentes que se desarrollaron en Madrid el 9 de
febrero de 1956. Un estudiante del Frente de Juventudes recibiría un disparo en
la cabeza, en momentos en que ya se habían producido fuertes enfrentamientos
en la Facultad de Derecho, que incluso fue asaltada por falangistas contra estu-
diantes hostiles al SEU. Aunque el disparo fue efectuado por error desde las las
de los falangistas, se tardó muchos años en saber lo realmente sucedido. Serían
cesados Ruiz-Giménez, considerado débil y demasiado tolerante, y el Secretario
General del Movimiento, Raimundo Fernández Cuesta. La realidad es que el
ministro de Educación venía a padecer la crisis del SEU, un organismo que, pese
a su presencia universitaria, era completamente ajeno a él. Con posterioridad
iniciaría una línea de reticencias hacia el sistema, manifestándose primero par-
tidario de autenticar las vías representativas reconocidas legalmente, y luego,
desde la revista Cuadernos para el diálogo, cuyo primer número corresponde a
1 de octubre de 1963, manifestaría una abierta línea de separación del régimen.
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Sobre su evolución política basta comparar dos manifestaciones no muy dis-
tantes. En la conferencia Convivencia y libertades públicas que pronunciaría
en los locales de la ACN de P, cuyo extracto fue publicado el 18 de octubre de
1963 en el diario Ya, diría: «No se alude expresamente en la encíclica (Pacem in
terris) al complejo problema de la unidad o la pluralidad de partidos políticos.
No queda, pues, eliminada la posibilidad de la representación orgánica. Pero,
honestamente, hay que decir que los principios de la encíclica preconizan más
bien un sistema pluralista de grupos políticos intermedios entre el individuo y
el Estado. En todo caso, en los países –como España– donde se mantenga una
representación orgánica es indispensable que sea radicalmente auténtica y efec-
tiva, so pena de condenarla en un plazo más o menos corto a su desaparición».
Ahora bien, en otra conferencia pronunciada en la ACN de P que se publica en
el Boletín de 15 de septiembre de 1964 se encuentran las siguientes ideas: «...
la democracia orgánica, entendida en el sentido de la terminología de los años
cuarenta, era un sistema de representación ‘posible’ y hasta conveniente en un
país en vías de reconstrucción, pero bajo una doble condición: la autenticidad
representativa y la apertura hacia formas más exibles de ordenación política.
Lo más grave es que la mayor parte de las veces que se ha preconizado la sus-
titución de la democracia pluralista de partidos, clásica u occidental, por un
sistema de democracia orgánica, no se ha puesto realmente en práctica, sino
que ha funcionado un sistema autocrático, de gran concentración de poder; y
esto ha acarreado un tremendo desprestigio de aquella fórmula». Finalmente,
a raíz de un enfrentamiento en las Cortes con el procurador falangista Jesús
Fueyo –llegando a agarrarse por las solapas– en diciembre de 1964, fue a visitar
a Franco para decirle que no deseaba seguir como procurador. Curiosamente,
Franco le abrazó en su despedida.19
Alberto Martín Artajo Álvarez (Madrid, 1905. – Madrid, 1979.)
Letrado del Consejo de Estado, había ingresado en el cuerpo el 5 de abril
de 1930. Por Decreto de Azaña de 18 de agosto de 1936 quedaba separado del
servicio y dado de baja denitivamente en el escalafón. Hubo de abandonar su
domicilio y ocultarse; yendo en su busca, una brigada de investigación asaltó y
saqueó su domicilio. Fue nombrado Secretario General del Consejo de Estado
por decreto de 29 de noviembre de 1940 con sueldo anual de veinte mil pesetas.
Cesaría el 20 de julio de 1945 por nombramiento como ministro, y se reincor-
poraría el 26 de febrero de 1957. Entre 1949 y 1945 presidió la Junta Técnica de
Acción Católica, pero ha de recordarse, pese a la imagen «parroquial» que hoy
19 Sobre el recorrido de Ruiz-Giménez ver Santamarina, Á. 1977. Joaquín Ruiz-Giménez. Perl
humano y político: Madrid: Editorial Cambio 16.
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se tiene de tal organización, que fue creada con objetivos bastante más amplios:
generar un movimiento católico del que pudieran surgir líderes en todos los
campos de actuación social, uno de ellos la política.20 Ya se ha comentado cómo
Artajo fue nombrado ministro de Asuntos Exteriores en 1945 ante la necesi-
dad de ofrecer una imagen distinta del régimen, ya nalizada la guerra mundial
y derrotados los países con los que España había mantenido unas especiales
relaciones, y de los que se había recibido cierta inuencia. Las circunstancias
externas no podían ser peores. El 20 de junio de 1945, y promovida por la Unión
Soviética en la conferencia de San Francisco, habíase acordado que constase
en acta la marginación de España. A lo que siguió la recomendación de 12 de
diciembre de ese año de retirar los embajadores en Madrid por parte de todos
los miembros de la ONU, proclamándose además la hostilidad hacia el régimen
español. Si bien la Asamblea de las Naciones Unidas de 17 de noviembre de 1947
rechazaba por mayoría raticar la retirada de embajadores, y la III Asamblea de
la ONU celebrada en París se abstuvo de tratar el caso. El levantamiento nal
de la condena tendría lugar en la Asamblea General de 1950 por treinta y ocho
votos a favor contra los diez del bloque soviético, aparte de doce abstenciones.
El procedimiento seguido por la política exterior española fue escalar indirecta-
mente hacia la meta nal a través del previo ingreso en los organismos técnicos
de la organización internacional. Una vez que España formaba parte de éstos,
antes o después se resolvería la contradicción de la no pertenencia al organismo
central, lo que tendría lugar en noviembre de 1955. No parecía haber dudas para
nadie en cuanto al acierto del nombramiento de Alberto Martín Artajo, que tuvo
que enfrentarse posteriormente a situaciones incómodas, como la independencia
de Marruecos, vecino permanentemente causante de litigios de mayor o menor
grado, o el asunto de la crisis peronista. Ya se habían producido roces con el
gobierno argentino por la cuestión de los pagos del trigo, pero los incendios
de iglesias en Buenos Aires por peronistas acabaron por deteriorar del todo la
deciente imagen que tenía Perón entre los gobernantes españoles, pese a las
apariencias externas. En cuanto a los criterios políticos de Artajo, ha de decirse
que eran bastante transparentes: era partidario de la autenticación representa-
tiva del sistema y de que se acabara denitivamente con la identicación entre
Falange y Movimiento. Para Arrese –y para los falangistas en general– la línea
de Artajo supone un intento de liquidación del Decreto de Unicación de 1937,
o, en último término, una fórmula para liquidar el Movimiento. No demasiado
conocido es el intento de Artajo de fomentar que la Secretaría General del
20 Es digna de recordatorio la observación del cardenal Tarancón que aparece en la página 325 de
sus mencionadas Confesiones: «...la Acción Católica Española tenía un vicio de origen, aunque no
quisiéramos reconocerlo: canalizó, no sólo la reacción religiosa, sino la acción religioso-política en
la que no se encontraban elementos cristianos exclusivamente». Cabe decir que no fue un fenómeno
exclusivamente español.
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Movimiento fuera a dar a un tradicionalista, desplazando de la Secretaría las
inuencias de Falange. Artajo tendría un papel político de primer orden durante
la gestión del proyecto de José Luis de Arrese de intentar acrecentar el control
de Falange sobre la política española. No era propiamente un proyecto tota-
litario, como se ha dicho, pero sí una subordinación de toda iniciativa a los
criterios de la Secretaría General del Movimiento. Arrese atribuye a Artajo en
su memorias la autoría de la actuación que nalmente derriba los proyectos:
sospecha permanentemente de él como inductor último de la visita a Franco de
los arzobispos de Toledo, Santiago y Tarragona, que presentarán un escrito hos-
til al proyecto político propuesto; todo ello tras las previas gestiones de Artajo
ante la Santa Sede. Ciertamente sería la visita de los obispos a Franco lo que
bloquearía denitivamente el proceso, fracaso que Arrese atribuye nalmente a
la «Democracia Cristiana».21 Ha de decirse que Franco, pese a los grandes ser-
vicios prestados por su antiguo ministro, mantenía ciertas desconanzas hacia
él.22 Durante la entrevista que tiene lugar en Las Cabezas el 29 de diciembre de
1954 entre Don Juan de Borbón y Franco, éste efectuará el siguiente comenta-
rio: «V.A., al referirse a los recientes acuerdos con los EE.UU. y al Concordato
con el Vaticano, me ha hecho un elogio merecido de mi Ministro de Asuntos
Exteriores Alberto Martín Artajo. Y yo digo a V.A.: «Sí, Martín Artajo es un
buen ejecutor cuando se deja dirigir». ¿Quiere esto decir que regateo méritos a
ese excelente colaborador? No, pero con la salvedad que acabo de hacer a V.A.,
por haber sido yo a la vez Jefe del Estado y Jefe del Gobierno».23
Volverá Artajo a ocuparse de la seria cuestión de la reorganización interna
de La Editorial Católica, pues –hombre de Herrera– se tiene en él la plena con-
anza para que juegue el papel previsto por el obispo de Málaga. No en vano
21 La descripción completa del proceso aparece en Arrese, J.L. 1982. Una etapa constituyente.
Testimonio de la marginación de la Falange por Franco: Barcelona: Planeta. Curiosamente, una vez
derribado el proyecto en su formato de máximos, se produjo una nueva propuesta de la Secretaría
General que venía a reconocer la legalización de cuatro entidades políticas (las cuatro fuerzas que par-
ticiparon en el alzamiento), o sea Falange, tradicionalismo, monárquicos dinásticos y sucesores de la
CEDA, con otro nombre. El cambio de gobierno de 1957 impidió que ello prosperara, aunque Franco
inicialmente había dado su visto bueno.
22 Artajo remitirá a Franco la siguiente carta tras su cese: «Mi general: Me duele la forma en que
terminan mis once años y medio de ministro de Asuntos Exteriores a las órdenes de Su Excelencia. Era
natural que cesase cuando a Su Excelencia le pareciere que así convenía al servicio del país, pero me
apena que, habiendo despachado con Su Excelencia la víspera del Consejo en que anunció la crisis,
no me haya conado sus propósitos, aunque me hubiera pedido secreto bajo palabra de caballero. La
verdad sea dicha, mi general; más que una explicación y mucho más que ningún premio, esperaba
una palabra de afecto que me parece el único nal digno de una colaboración tan leal, tan larga y tan
asidua. A muchos ex –ministros he oído quejarse de lo mismo; yo he preferido conarle mi queja a Su
Excelencia para no decírsela a nadie más. En todo caso, ahora como siempre, cuente su Excelencia con
la lealtad y el afecto...». Archivo Alberto Martín Artajo. Archivo familiar. (Sin fecha).
23 Sáinz Rodríguez, P. 1981. Un reinado en la sombra: 227-228 Barcelona: Planeta.
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Herrera había mantenido también conversaciones con Artajo en el momento de
la disputa con Arias Salgado sobre la libertad de la prensa. No mucho después
de su nombramiento para ocuparse de la editorial pasará a jugar dentro de la
Asociación Católica Nacional de Propagandistas el máximo papel: será el nuevo
presidente que sustituya a Francisco Guijarro en 1959. Desde su cese como
ministro fue constante la atribución que recaía sobre Artajo de estar maniobrando
a las órdenes de Ángel Herrera para la constitución de un partido demócrata
cristiano. Tal interpretación será desmentida por Artajo con toda claridad en sus
declaraciones a una publicación mejicana.24 Tampoco existen fundamentos más
allá de la cábala para pensar que estuviese organizando ningún tipo de fuerza
política. Más bien hay datos que prueban lo contrario: cuando en 1962 tenga
lugar la reunión de Munich en la que participan algunos propagandistas vincula-
dos a la Asociación Española de Cooperación Europea y a los grupos demócrata
cristianos, será el Centro Europeo de Documentación e Información la entidad
que juegue un papel determinante para desactivar la actuación de los anterio-
res; pero el CEDI está presidido en esos momentos precisamente por Martín
Artajo. Su criterio constante fue –en la lealtad al poder constituido– fomentar el
desarrollo de la participación política. En 1964 la agencia Reuter difundía este
comunicado sobre unas declaraciones efectuadas por Artajo:25 «Ha sorprendido
esta semana a los círculos políticos españoles la petición de que España refuerce
su Parlamento incluso antes de que el General Franco abandone el poder. Esta
petición fue hecha por el ex Ministro de Asuntos Exteriores, Alberto Martín
Artajo, en unas declaraciones hechas por radio. La reacción inmediata de los
periódicos madrileños fue guardar silencio en sus editoriales... ‘La labor común
a ambos períodos es dotar al Parlamento de una creciente autenticidad represen-
tativa y también de los medios para ejercer un control efectivo sobre la labor
del Gobierno’, declaró. ‘Ambas cosas’, continuó diciendo el Sr. Martín Artajo,
con una franqueza no común en los discursos políticos de las guras españo-
las de segundo plano, ‘son necesarias y urgentes y deben iniciarse justamente
ahora’». Lo que, por otro lado, se defendía constantemente desde los diarios de
La Editorial Católica con toda nitidez, siendo precisamente Artajo el hombre
responsable de su orientación general. Su período de presidencia de la ACN
24 Entrevista publicada en el periódico mejicano Mañana de 9 de agosto de 1958. La entrevista
tenía lugar con Luis Suárez, antiguo capitán del Ejército de la República, que señalaba en la introduc-
ción: «Aunque manifestándose contra el sentido clásico de la democracia, el señor Martín Artajo cree
que «nuestra naciente democracia orgánica, nuestro Estado de Derecho, pueden aún recorrer mucho
camino, tanto en anar sus métodos de representación y audiencia de la opinión pública, como en
facilitar el ejercicio de las libertades personales, conforme a las normas del Derecho público cristiano».
O sea, que la tendencia que representa el señor Martín Artajo, espera y desea cambios políticos, pero
parte del mismo principio proclamado por Franco que el régimen corporativo español en otro tiempo
inequívocamente y hasta orgullosamente fascista, es ahora una democracia orgánica perfectible».
25 Archivo Fernando María Castiella. Real Academia de la Historia. Nota de 24 de julio de 1964.
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de P entre 1959 y 1965 vendría a insertarse en la segunda fase del régimen de
Franco, cuando ya se han modicado muchos de los elementos que generaron el
régimen político, y cuando la Iglesia ha optado por una línea de renovación. La
adaptación no dejará de generar las mismas dicultades generales que al catoli-
cismo español de la época.
Fernando María Castiella y Maíz (Bilbao, 1907.– Madrid, 1976.)
Catedrático de Derecho Internacional Público y Privado desde 1935, era
miembro del Tribunal Permanente de Arbitraje Internacional de La Haya. Se
alistó voluntario en la División Azul, y por ser catedrático se le destinó a tra-
bajar en el boletín de aquella unidad militar, cosa que no le satiszo, por lo
que pidió su traslado al frente. Dirigió el Servicio Exterior de Falange y en
1943 el Instituto de Estudios Políticos. Sería igualmente el primer decano de
la recién creada Facultad de Ciencias Económicas. En 1949, con Federico de
Castro y Antonio de Luna, sería cofundador de la Revista Española de Derecho
Internacional, del CSIC. Tras ser destinado como embajador en Perú en 1948,
fue enviado a ocupar la embajada ante la Santa Sede en 1951 en sustitución
de Joaquín Ruiz-Giménez. Entre 1957 y 1959 sería el titular de la cartera de
Exteriores, sustituyendo a Martín Artajo. Son muy conocidas sus intervencio-
nes en relación con el asunto de Gibraltar y su importante colaboración en la
nanciación de la economía española a raíz del Plan de Estabilización, como
igualmente su labor para que España ingresara en los organismos económicos
internacionales.
Pero son menos conocidas sus actitudes con respecto a la política interna
española. Para empezar ha de decirse que era sumamente reticente en cuanto
a cualquier interpretación de tipo integrista. Así, siendo embajador ante la
Santa Sede, remite una carta a Carrero Blanco el 19 de abril de 1952, donde
indica: «Los españoles, más papistas que el Papa, seguimos resultando incó-
modos. La propia Jerarquía eclesiástica española, con las intemperancias del
Cardenal Segura y los apetitos desenfrenados de las Órdenes religiosas en mate-
ria de enseñanza, siguen creando engorros en el Vaticano que, aunque parezca
paradójico, quizá quisiera que no fuéramos... tan buenos».26 O con motivo de
la inclusión de las obras de Unamuno en el Índice, comenta así el asunto a
Artajo en carta de 31 de enero:27 «Además, este hecho, que ha de tener sin duda
una repercusión mundial, puede demostrar al extranjero que el estado español
26 Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores. Correspondencia con Embajada de España en el
Vaticano.
27 Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores. Correspondencia con la embajada de España. La
carpeta incluye copia del texto del Osservatore Romano con la condena y comentarios.
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no es tan hermético ni tan intransigente con ciertos valores como las propa-
gandas enemigas hacen suponer, mientras que algunos elementos adversos al
Régimen (léase el Señor Obispo de Canarias, piénsese en el Cardenal Segura)
que, debido a esta circunstancia, pasan por liberales o poco menos más allá de
nuestras fronteras, se distinguen en realidad por lo contrario. Son –bien claro es
para nosotros – los paladines de la intransigencia». Calica a monseñor Pildain
–autor de la declaración antiunamuniana de 1953– de «campeón de los demo-
cristianos separatistas vascos», alusión a sus actuaciones políticas durante la
República, cuando fue elegido diputado por Guipúzcoa en 1931 por el Grupo
Vasco-Navarro, constituido por carlistas, miembros del PNV e independientes.
Y añade: «Por lo demás, justo y triste es decirlo, el hecho mismo de la condena
y, sobre todo, las consideraciones que la acompañan en la primera página del
Osservatore Romano del 31 de enero, (véase un amplio y el resumen en mi
telegrama nº 16, así como el texto anejo) no parece que hayan tenido lugar
–salvando siempre las supremas razones de la Iglesia– en el momento más opor-
tuno y en las más adecuadas circunstancias». Sobre el resultado de la condena,
lamenta que «Unamuno será, hoy más que nunca, en vez de un pensador digno
de serio estudio, para desbrozar precisamente la verdad del error, una escanda-
losa bandera política». El efecto nal será que sus obras «sean rebuscadas como
fruto prohibido y lograrán ahora una inuencia, en lo que tienen de negativo,
que no alcanzaron nunca». Se lamentaba igualmente de que «cabía esperar que
el Nuncio Apostólico, el Episcopado o, si se quiere, la Secretaría de Estado,
hubieran informado reservadamente de las intenciones del Santo Ocio –si es
que tenían noticias de las mismas– a un Gobierno católico como el nuestro», lo
que no sucedió. Recalcaba además que la revista de los jesuitas franceses Études
de abril y mayo de 1956 había tratado elogiosamente a Unamuno.
Otro tanto sucedió con las dicultades que tuvo para adecuar la normativa espa-
ñola a los criterios conciliares en lo referente a la libertad religiosa. En septiembre
de 1964 el episcopado español reunido en Roma, en el ámbito de las asambleas
celebradas con motivo del concilio había tratado acerca del anteproyecto sobre las
confesiones no católicas. El cardenal arzobispo de Sevilla había subrayado la con-
formidad de todos los presentes con el texto del anteproyecto. Se trataba de la ade-
cuación a los nuevos criterios sobre libertad religiosa. En conferencia de prensa,
monseñor Enrique y Tarancón, arzobispo de Oviedo, declaraba el 3 de diciembre:
«La declaración sobre libertad religiosa va a deslindar bien los campos. En el terreno
religioso, los de otras confesiones no pueden considerarse como enemigos, serán
hermanos separados o simplemente equivocados. Es un cambio de mentalidad y de
postura que yo juzgo trascendental». Añadiendo, no obstante: «La unidad católica es
un bien inestimable que hemos de conservar». El 10 de septiembre se había reunido
el Consejo de Ministros en el pazo de Meirás, habiendo presentado Castiella –pero
sin gurar en el orden del día– un «Proyecto de ley sobre la condición jurídica de
los acatólicos y de las confesiones acatólicas en España». En su redacción había
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intervenido el Embajador ante la Santa Sede, Antonio Garrigues y Díaz-Cañabate.28
Carrero, Ministro Subsecretario de la Presidencia, escribió personalmente un texto
contrario a la totalidad del proyecto. Esencialmente se basaba en considerarlo con-
trario al segundo principio de la Ley de Principios del Movimiento Nacional,29 y
ponía serias objeciones al procedimiento seguido. Añadía contra el proyecto presen-
tado por Castiella: «Debo señalar que el procedimiento de negociación del texto no
ha sido el correcto. Puesto que era el Gobierno quien debía aprobarlo en última ins-
tancia, el Gobierno debió conocer y aprobar el texto inicial antes de ser enviado a la
Jerarquía». Añadía Carrero una observación basada en una buena información, pero
nalmente de dudosa validez: «Lo mismo que creo que hay muchos Ministros –yo
uno de ellos– que no están conformes con el texto del anteproyecto, estoy seguro
de que hay muchos Prelados, me atrevería a asegurar que la mayoría, que tam-
poco lo están». Equivalía ello casi a negar representatividad a la Conferencia de
Metropolitanos, como a la comisión por estos nombrada, además de autoprocla-
marse como correcto intérprete de la doctrina de la Iglesia y del pensamiento de los
obispos con independencia de lo que la Iglesia y los obispos dijeran.30
28 El anteproyecto comenzaba: «Artículo 1º: El Estado español garantiza la profesión y la libre
práctica en privado de todas las creencias religiosas, en tanto que el ejercicio de las mismas no atente
a los Principios del Derecho Natural, perturbe el orden público o comprometa la unidad espiritual de
España. El ejercicio de cualquier derecho que se reconozca a confesiones distintas de la católica, no
podrá menoscabar las prerrogativas que corresponden a la Religión ocial del Estado con arreglo a las
leyes. Artículo 2º. Las creencias de los españoles en materias religiosas no constituirán, en ningún caso,
motivo de desigualdad ante la Ley, que ampara por igual el derecho de todos los españoles sin prefe-
rencia de clases ni acepción de personas». Por otro lado se podía leer. «Artículo 19º. Las asociaciones
confesionales no católicas legalmente reconocidas podrán celebrar, sin previo aviso de las Autoridades,
todas las reuniones de carácter religioso que tengan lugar en sus templos o capillas, en el recinto de los
cementerios o en otros centros debidamente autorizados. Artículo 20º. Los actos que las Asociaciones
confesionales no católicas hayan de celebrar en sus lugares de culto, cementerios y demás centros reco-
nocidos, podrán ser anunciados discretamente para conocimiento de sus adeptos tanto residentes en la
localidad como transeúntes». Ver López Rodó, L. 1990. Memorias: 748-754 Esplugues de Llobregat:
Plaza Janés. Obsérvese que el Artículo 1º se adecuaba al régimen confesional de unidad católica.
29 El Punto II de la ley de 17 de mayo de 1958 decía: «La Nación española considera como timbre
de honor el acatamiento a la Ley de Dios, según la doctrina de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y
Romana, única verdadera, y fe inseparable de la conciencia nacional, que inspirará su legislación». La
ley que regularía el ejercicio del derecho a la libertad religiosa aparecería nalmente en el BOE de 1
de julio de 1967.
30 Sobre la actitud de Carrero reere Tusell: «Redactó, además, un largo informe en que describía el
propósito de Castiella como un intento de conseguir ‘benevolencia’ exterior que sería, además, recibida
‘despectivamente’. La unidad católica era esencial para España, y cualquier intento de hacerla desapa-
recer resultaría un ‘mal servicio a Dios’ y una afrenta a los Principios del Movimiento; ésa era la razón
‘por la cual nuestros contumaces enemigos tienen tanto interés en quebrantarla’. Se trataba, en n, de
una ‘apertura a siniestra’ que tendría unos resultados políticos inaceptables. El proyecto quedó detenido,
y tardaría en aprobarse otro que el Concilio Vaticano II había hecho inevitable, pero ya no lo redactó
Castiella, sino Oriol, el ministro de Justicia nombrado en 1965. Lo sucedido da idea de la oposición de
fondo de Carrero a la institucionalización de cualquier pluralismo y de su talante religioso». Ver Tusell,
J. 1993. Carrero. La eminencia gris del régimen de Franco: 290 Madrid: Temas de hoy.
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En la carta de Garrigues a Castiella de 27 de agosto de 1964 encontramos
una importante explicación sobre la línea seguida por el ministro de Exteriores:
«La realidad es que tienes, para llevar adelante este asunto, el pleno asentimiento
del Nuncio, representante en España de la Santa Sede, el pleno asentimiento del
Episcopado español a través de su organismo correspondiente, y sobre esto, que
ya es mucho, tienes toda la razón, toda la justicia, toda la rectitud de intención...
Debes, pues, sin la menor duda, llevar el proyecto de decreto al próximo Consejo
de Ministros para su aprobación, porque de acuerdo con Monseñor Riberi y de
acuerdo con el Arzobispo Morcillo y de los demás Obispos que te han hablado en
este sentido, no hay duda que desde todos los puntos de vista es mucho mejor y
mucho más conveniente que el estatuto de los protestantes en España se anticipe
a las deliberaciones y a las propuestas que sobre materia de libertad religiosa
pueda el Concilio acordar».31 Garrigues promovía una actitud anticipativa e inte-
ligentemente conservadora, mientras la de Carrero se hallaba irremediablemente
destinada a perder todas las posiciones.32 La postura de Castiella tendría un coste
político y personal que Fraga reere en sus memorias. En el apartado correspon-
diente al día 6 de abril de 1965 indica: «La jerarquía eclesiástica designa a mon-
señor Morcillo para que, en nombre de todos, visite al Jefe del Estado pidiéndole
que mueva el proceso de institucionalización y de reformas; era, indudable-
mente, el mejor interlocutor. Esto levanta un poco el ánimo de Castiella, que está
pasando horas bajas. ‘Todos me quieren acorralar’, me dice».33 No obstante, pese
a las dicultades, es evidente que fue un hábil transmisor de los criterios de la
Iglesia en una materia entonces tan conictiva, y que implicaba, además de serias
modicaciones legislativas, grandes cambios de actitud.
Federico Silva Muñoz. (Benavente, Zamora, 1923. – Madrid, 1997.)
Había estudiado en el Centro de Estudios Universitarios, donde se licen-
ció en Derecho, ganando ulteriormente plaza por oposición en los cuerpos de
Letrados del Consejo de Estado y Abogados del Estado. Era el joven seleccio-
nado por Fernando Martín-Sánchez para renovar la Asociación, de modo que
fue promovido a Secretario General, puesto desde el que buscó la conexión de la
Asociación con jóvenes de características destacadas. Si bien es conocido por su
31 Igual criterio se manifestaba en la carta remitida por Antonio Garrigues a Castiella el 7 de sep-
tiembre dándole cuenta de las reuniones que había mantenido con el primado y con los arzobispos de
Sión y de Madrid-Alcalá, comentando: «Se cierra el paso antes de la declaración del Concilio sobre
libertad de conciencia, al peligroso sistema de libertad religiosa y de cultos», a la vez que «da a los pro-
testantes un ‘status’ que no es más que expresión del derecho natural y de gentes». Archivo Fundación
Francisco Franco. Documento 20307.
32 Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores. Correspondencia con Embajada de España
1963-1964.
33 Fraga Iribarne, M. 1980. Crónica de medio siglo 1931-1982: 135 Barcelona: Planeta.
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labor como ministro de Obras Públicas, puesto para el que fue nombrado en julio
de 1965, no se conocen tanto algunas de sus actuaciones políticas anteriores. En
especial fue relevante su protagonismo en 1964 con motivo del proyecto pro-
movido por José Solís Ruiz, Secretario General del Movimiento, en torno a las
derivaciones de la prevista Ley de Asociaciones de Familia. La cuestión no era
menor, pues se trataba de desarrollar los cauces orgánicos de participación pre-
vistos en la Ley de Principios del Movimiento Nacional, previéndose la elección
de procuradores por vía electiva a través de los cabezas de familia. La repercu-
sión política era, por tanto, clara. La maniobra desarrollada desde la Secretaría
General del Movimiento consistió en promover la articulación del asociacio-
nismo familiar desde las organizaciones del propio Movimiento presentes en
cada municipio. Silva comenta sobre ello en sus Memorias políticas: «Desde el
punto de vista de la Iglesia católica suponía una negación del carácter natu-
ral y suprapolítico de la familia; y desde el político era, como ya he señalado,
un intento enmascarado de controlar las futuras y ya previsibles elecciones de
procuradores familiares, pues resulta especialmente importante subrayar que,
al menos en el proyecto, a tales asociaciones se les quería atribuir la facultad
exclusiva de presentación de candidatos. El arzobispo de Valencia y numerosos
obispos me pidieron que me opusiera al proyecto de ley. Alfredo López y la junta
nacional de Acción Católica me requirieron en el mismo sentido». Laureano
López Rodó ofrece información adicional.34 Silva recibió una llamada de mon-
señor Olaechea, arzobispo de Valencia, invitándole a almorzar. Se encontró allí
con todos los metropolitanos, además de monseñor Guerra Campos, Ricote y
monseñor Torrella. Concluido el almuerzo, Olaechea propuso remitir un escrito
colectivo al Jefe del Estado sobre el proyecto de ley. Hubo aceptación unánime,
encomendándose a Silva la redacción del texto dirigido al Presidente de las
Cortes, donde se decía: «La Conferencia de Metropolitanos reunida en Madrid
me ha encargado le transmita con el n de que sirva elevarle a S.E. el Jefe del
Estado, la profunda preocupación que tiene ante el alcance del Proyecto de
34 «Federico Silva distribuyó a los miembros de la Conferencia Episcopal una nota concebida en
los siguientes términos: ‘El proyecto de ley de Asociaciones Familiares obedece a principios y orien-
taciones que pugnan con los principios de la doctrina de la Iglesia y del Derecho Público eclesiástico,
que reconoce y ampara la autonomía de la familia, pues como en el preámbulo del citado Proyecto se
dice, trátase de asegurar ‘su unidad y permanencia, dentro del orden social y político del Movimiento’.
Con ello resulta patente que se intenta sustraer a la familia del orden social de la nación para integrarla
(...) en FET y de las JONS». Seguía un párrafo especialmente duro: «Si a todo ello se unen los recientes
intentos de institucionalización realizados fragmentariamente y al margen de las Leyes Fundamentales
del Reino por el Decreto de 18 de junio de 1964 (se refería al que estructuró la Comisión Permanente del
Consejo Nacional) en el que despunta un principio de hegemonía de grupo, es fácilmente comprensible
la honda preocupación que sentimos por la posibilidad de un resurgimiento extemporáneo, siempre
recusable en buena tradición y doctrina cristianas y nacionales, del totalitarismo del Partido». A conti-
nuación indica que Silva fue a visitar al Nuncio para ponerle de relieve la disconformidad del proyecto
con la doctrina de la Iglesia y rogarle que hablase con Castiella. López Rodó, L. 1990: 495.
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Ley de Asociaciones de Cabezas de Familia, sometido a estudio de las Cortes
Españolas, pues no cree se acomode a los principios del derecho natural que
amparan la constitución de la familia como célula social básica, tanto de la
sociedad civil como de la Iglesia, y también porque estima no favorece la uni-
dad de los españoles». Añadirá Silva: «Salí para la casa de Arturo Soria donde
vivía don Marcelino, y se lo leí. Le pareció muy bien. Lo rmó y partí para las
Cortes con el n de entregárselo al presidente. Lo recibió don Esteban con viva
complacencia y a las pocas horas estaba en manos del Caudillo. Del malhadado
proyecto nunca se volvió a hablar».35 Desarrolló Federico Silva, por tanto, una
actuación similar a la que había seguido en 1956 Alberto Martín Artajo con su
oposición a los proyectos de José Luis de Arrese.
reFlexión sobre los puntos de inFlexión histórica de la época
La época referida sigue requiriendo aún de estudios históricos que expliquen
los cambios producidos, y que afectaron a todo tipo de agrupaciones: ya fueran
religiosas, políticas, económicas. En todas ellas se producen variaciones nota-
bles como consecuencia de un conjunto de elementos que modican su curso.
Modicaciones políticas internas, tales como el cambio de gobierno de
febrero de 1957 transformarán el formato del régimen. Los antiguos modos de
carácter totalitario –aunque en muchos casos no fueran más allá de una desfasada
estética externa– irán desapareciendo. La Ley de Principios del Movimiento
Nacional de 1958 produjo inicialmente una expectativa de desarrollo político
superiores a lo que hoy se piensa. Acogidos a tal interpretación, los propagan-
distas vinculados a la política defenderían la autenticación del sistema repre-
sentativo, algo que en muy escasa medida tendría lugar. El siguiente apartado se
ocupará en detalle de este aspecto.
Cambios políticos externos, como la mencionada consolidación del proceso de
expansión de las Comunidades Europeas hacia una forma de integración política,
también a partir de 1957. El horizonte empezará a ser otro. El grupo propagan-
dista, de antiguo vinculado a sectores demócrata cristianos europeos, consideró
con gran interés el proceso. Ha de decirse que en tal actuación se manifestaron
las dos tendencias políticas existentes dentro de la ACN de P. Con motivo de la
reunión del Movimiento Europeo celebrada en Munich los días 7 y 8 de junio
de 1962, un sector vinculado desde hacía tiempo a Gil Robles, protagonista de
aquellas jornadas, se adhirió a la postura hostil al régimen. Sería el grupo cons-
tituido por Fernando Álvarez de Miranda, Juan Luis Simón Tobalina, José Luis
Ruiz-Navarro y Francisco Cantera Burgos, pues Íñigo Cavero no era aún miem-
bro de la Asociación. Pero a la desactivación de sus proyectos colaboraron nada
35 Silva Muñoz, F. 1993. Memorias Políticas: 91-93 Barcelona: Planeta.
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menos que Alberto Martín Artajo, presidente de la Asociación, Fernando María
Castiella, ministro de Exteriores, y Adolfo Muñoz Alonso, Director General de
Prensa. Sin olvidar la nota de descalicación redactada en el ámbito juanista por
José María Pemán, Presidente del Consejo Privado de Don Juan de Borbón. El
grupo vinculado al sector ocialista había establecido sin embargo una más que
notable red de contactos en torno al CEDI, especialmente próximo a la democra-
cia cristiana alemana, cuyos criterios políticos y de cristianismo social compartía.
Cambios económicos substanciales, materializados en el Plan de
Estabilización de julio de 1959 dirigidos al saneamiento económico, control
radical de la inación, liberalización económica y eliminación de los vestigios
de autarquía. Ello implicó la entrada en un nuevo ámbito de instituciones econó-
micas internacionales (OECE, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional),
con serios sacricios internos. Castiella y la organización de Asuntos Exteriores
serían piezas clave para la obtención de nanciación exterior.
Cambio religioso estructural, como fue el Concilio Vaticano II. No hace falta
señalar que es el acontecimiento que marca un antes y un después. La ACN de P
recogió con entusiasmo todos los cambios propuestos y su adecuación a las líneas
conciliares fue inmediata. Lo que tenía en el orden interno serias repercusiones, y
no sólo de cambio de ánimo: España era un Estado confesional, lo que implicaba
también la necesidad de modicaciones jurídicas. Los propagandistas implica-
dos en tales repercusiones normativas, Castiella uno de ellos, como hemos visto,
colaboraron ecientemente para impulsar las necesarias adaptaciones.
Lo cierto es que la España de mediados de los sesenta, comparada con la de
mediados de los cincuenta, es ya esencialmente diferente, habida cuenta de la
existencia de todos esos puntos de inexión. Los grupos católicos debían traba-
jar ahora sobre un terreno bien distinto.
el proyecto político de los propagandistas
Lo primero que ha de decirse es que dentro de la ACN de P nunca hubo
una sola tendencia política, y desde los mismos inicios del régimen de Franco
hubo notables propagandistas situados en posición de distanciamiento. En una
primera fase vinieron a estar relacionados con José María Gil Robles, aliados
a la Asociación Española de Cooperación con Europa. En torno a ella surgiría el
grupo de oposición al sistema presente en la reunión de Munich de 1962. No obs-
tante, la postura rupturista con respecto al sistema tendió siempre a ser minorita-
ria. Otros propagandistas de esas fechas, como Fernando Martín-Sánchez, Blas
Piñar o Adolfo Muñoz Alonso eran notables partidarios del régimen político.
Cabe, no obstante, hablar de un proyecto –no explícito, pero sí identicable
sin dicultad– de los propagandistas implicados en las instituciones políticas.
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Claramente compartido por Alberto Martín Artajo, Fernando María Castiella,
Alfredo Sánchez Bella, Federico Silva Muñoz o Luis Sánchez Agesta, y, también
durante cierto tiempo, por Joaquín Ruiz-Giménez. En seguimiento de la tenden-
cia corporativista católica de los años treinta y en base a lo señalado en la Ley
de Principios del Movimiento Nacional de 1958 se insistió en la aplicación real
de lo señalado en tal ley. El Principio VIII preveía el desarrollo participativo por
vía de los cauces familiar, municipal y sindical; por su parte el Principio VI men-
cionaba el reconocimiento de «instituciones y corporaciones de otro carácter»,
menciones que eran frecuentemente invocadas desde los editoriales del diario Ya.
Dígase que tanto Ángel Herrera como Fernando Martín Sánchez habían escrito
textos críticos con respecto al corporativismo fascista, entendiendo que no eran
desarrollos naturales orgánicos, sino creados desde el Estado. No obstante el cor-
porativismo católico era distinto, buscando instituciones que surgiesen de modo
natural, discrepándose en último término acerca del papel del Estado. Se trataba,
por tanto, de una concepción distinta acerca de la sociedad.
Una carta de 22 de mayo de 1964 remitida a Castiella por el embajador ante
la Santa Sede, Antonio Garrigues Díaz-Cañabate, hombre sumamente próximo
a los propagandistas, expresa con toda claridad: «Mientras tanto fortalezcamos
y desarrollemos más y más nuestra economía y sobre todo llevemos a término
nuestro desarrollo político con un tipo de democracia orgánica, pero que sea
real; con un tipo de libertad, ni liberal, pero que sea en sus límites, verdadera;
con una sociedad de un pluralismo restringido (exclusión del comunismo y mar-
xismo, del ateísmo y de la religiosidad anticatólica, etc.) pero al n de un plura-
lismo. Lo demás vendrá por añadidura».36 En cuanto al posible reconocimiento
de otras fuerzas políticas –en interpretación del Principio VI– había distintos
matices, pero el criterio esencial era que las formas orgánicas debían ser las que
determinasen lo esencial del sistema representativo; los «partidos» –a reconocer
en una u otra forma– no serían los monopolizadores de la representación, sino
elementos complementarios para la dinamización política. Por tanto la cues-
tión considerada como perentoria era la autenticación de la representación
orgánica, algo que encontramos reiteradamente defendido por el grupo político
propagandista. En una carta remitida a Castiella el 30 de junio de 1965 por el
Embajador en Italia, Sánchez Bella, encontramos la siguiente advertencia: «Si
el día que el Jefe del Estado falte existen instituciones sólidas, cualquier persona
que las encarne podrá llevar adelante la empresa con grandes posibilidades de
éxito, dentro de un Estado Presidencialista Coronado. Si estas instituciones, por
acción o por inacción, no se crean o se contribuye a no darles prestigio y reves-
tirlas de autoridad, cualquier fórmula que con precipitación se adopte, será or
36 Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores. Correspondencia con la Embajada ante la Santa
Sede 1964.
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de un día y carecerá de continuidad». Poco antes Sánchez Bella había enviado
otra carta a Carrero Blanco el 15 de marzo de 1965, lamentando la poca atención
que se prestaba a cuestión tan importante: «...tal vez preocupados exclusiva-
mente en el desarrollo no hayamos dado la debida importancia a este natural
proceso de la representación política en todas las escalas», añadiendo: «es de
imperiosa necesidad que lo vayamos abriendo paulatinamente».37 Era evidente
lo que se reclamaba: están defendiendo un régimen del que esperan que ponga
en práctica lo que sus propias leyes prevén en cuanto a desarrollo político.
Aunque hoy día tal intento de revitalización de formas orgánicas o corporati-
vistas se considere un dato menor, o meramente de cción, esa breve etapa sus-
citó notables esperanzas en muchos. Se abría la posibilidad de poner en práctica
unas formas políticas inéditas, y que, conuyendo en un sistema de libertades,
restase protagonismo a los tradicionales partidos dándoselo, por el contrario,
a los cuerpos intermedios de la sociedad.38 Ahora bien: de tales expectativas
incumplidas surgirían decepciones que ya no tendrían vuelta hacia atrás.39
No se piense, no obstante, que se trataba de un proyecto político semi-
clandestino. No sólo se defendía lo mismo en las páginas de los diarios de La
Editorial Católica –con términos quizá menos explícitos en lo que se reere al
reconocimiento de fuerzas políticas–, sino que el propio Castiella remitía tales
cartas a Franco, que generalmente subrayaba los aspectos principales de toda
la abundante documentación que recibía. Tratábase de un criterio interpretativo
37 Archivo Fundación Francisco Franco. Documentos 10718 y 1117.
38 Sorprendente ejemplo de ello es el contenido de la carta de 10 de marzo de 1966 que Antonio
Garrigues remitirá a Franco –con la correspondiente copia a Castiella–, informando al Jefe del Estado sobre
el contenido de su entrevista con Pablo VI: «Especícamente me dijo lo siguiente: a este respecto nosotros no
queremos más que lo que quiera el Caudillo. Si él piensa que la mejor solución para España es la Monarquía,
nosotros apoyaremos la Monarquía. Si él se inclina a otra solución, nosotros nos inclinaremos también a ella.
De la misma manera respecto a las fuerzas políticas en que él piense que debe apoyarse el futuro de España
dentro, naturalmente, de las fuerzas de inspiración cristiana y católica, como son todas las que constituyen
hoy la estructura del Régimen español. Nosotros estaremos también detrás de sus iniciativas». Archivo del
Ministerio de Asuntos Exteriores. Correspondencia con Embajada ante la Santa Sede 1966.
39 El estancamiento político y las correspondientes desilusiones y distanciamientos generarían
igualmente reacciones de defensa del sistema que, ante la no aplicación del modelo propuesto –ya una
pura expectativa– exaltaban fases ya pretéritas del régimen. Una lúcida carta de Garrigues a Castiella
de 4 de febrero de 1969 exponía la situación y los riesgos con toda nitidez, expresándose del siguiente
modo: «... los males a extirpar serían la ley de prensa, la ley de libertad religiosa, el incipiente plura-
lismo del contraste de pareceres y, en suma, toda forma de institucionalización efectiva. Se trataría, en
n, de un neototalitarismo. Pues bien, en tal supuesto que formulo, tan sólo a título de hipótesis, lo que
yo creo estar obligado a hacer desde este puesto es llamar la atención de que si llegara a realizarse, el
Régimen vendría a topar, en una medida mayor o menor, según el grado de realización, con la Iglesia.
Con la Iglesia española y con la Iglesia Romana»... «Lo que no se puede desconocer es que hoy ya una
parte de nuestra Iglesia está situada no contra el Régimen, pero sí en las orillas, en los aledaños del
mismo». Archivo Fernando María Castiella. Real Academia de la Historia.
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de lo que debía ser el régimen, efectuado por gentes que buscaban su perfec-
cionamiento apurando al máximo las posibilidades que la legislación ofrecía.
De la mayor claridad es el texto publicado por el propagandista Luis Sánchez
Agesta en el número 3 de Cuadernos para el diálogo, revista mensual fundada
por Ruiz-Giménez que aparece el 1 de octubre de 1963; dudaba, a esas alturas,
de la posibilidad de prescindir de los partidos, aunque rechazaba, no obstante, la
posibilidad de reproducir el modelo que alcanza hasta 1936. Los partidos, con
ese u otro nombre, no deberían acaparar el monopolio de la representación. La
conferencia pronunciada por Ruiz-Giménez en la ACN de P, y publicada en el
Boletín de 15 de septiembre de 1964, es una abierta crítica demostrativa de que
aún permanece dentro del sistema, pero igualmente de que tiene ya pocas espe-
ranzas en su evolución. En cierto sentido la ruptura de Ruiz-Giménez con el pro-
yecto corporativista era también una separación de la postura ociosa sostenida
desde la ACN de P, defendida por otros propagandistas como Sánchez Bella.
Aunque la decepción ante la falta de desarrollo político terminaría afectando a
muchos que creyeron en las posibilidades de la vía orgánica.
Tales decepciones, unas calladas y otras explícitas –caso Ruiz-Giménez– serían
cada vez más claramente manifestadas. Los propagandistas relacionados con la
política lo reejarían con claridad. El sistema empezaba a deshilacharse, aunque
mientras tanto y en las fechas tratadas, la mayoría del grupo político propagan-
dista siguió adoptando mayoritariamente un viejo principio de la casa: la lealtad
al régimen constituido buscando su perfeccionamiento y su desarrollo político.
principales obras de esos años
Del mismo modo que El Debate había sido el elemento nuclear de la obra
de Ángel Herrera, la prohibición ante una posible reaparición trasladó el pro-
tagonismo periodístico al conjunto de periódicos de La Editorial Católica. Esta
contaba con cinco diarios, que eran Ya de Madrid, Ideal de Granada, Hoy de
Badajoz, El Ideal Gallego de La Coruña y La Verdad de Murcia. Los datos
correspondientes dentro de este conjunto a las tiradas de prensa diaria de La
Editorial Católica –tomando el año 1965– de los tres primeros periódicos eran
130.000 (195.000 los domingos), 20.000 y otros 20.000 ejemplares respectiva-
mente.40 En conjunto la prensa de La Editorial Católica venía a suponer aproxi-
madamente un 60% de las tiradas de diarios vinculados a la Iglesia, y un 12%
del total, contando con una cabecera de primer orden, el diario Ya. Si se compara
40 Los Anuarios de la Prensa de la época son bastante heterogéneos en cuanto a contenido. En oca-
siones guraban las cifras de tirada, pero no siempre. Así por ejemplo, en los diarios de F.E.T. y de las
J.O.N.S. no guraba tal dato, pero no era el único caso. Tampoco de algunos de La Editorial Católica,
como por ejemplo El Ideal Gallego o La Verdad de Murcia.
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la inuencia de Ya con otros diarios madrileños de la época, ha de decirse que
las tiradas del madrileño ABC y del diario Madrid eran 186.000 y 68.000 ejem-
plares respectivamente; es decir, que Ya, con sus 130.000 ejemplares, ocupaba
un lugar intermedio entre ambos.41
En cuanto a la presencia de la Biblioteca de Autores Cristianos, la BAC,
también promovida desde La Editorial Católica, cabe decir que en febrero de
1958 Pío XII recibió a la comisión de la editorial que le entregó los ochenta
segundos volúmenes de la Biblioteca de Autores Cristianos; Radio Vaticana
recordaría que se habían publicado 2.100.000 ejemplares distribuidos por todo
el mundo, un cuarenta y cinco por ciento de ellos en América. En abril de
1961 la BAC ya había editado cuatro millones de ejemplares y doscientos
volúmenes. Y el 26 de marzo de 1965, el recién creado cardenal Ángel Herrera
Oria, entregó al Sumo Pontíce los doscientos cuarenta volúmenes de la BAC,
habiéndose editado 5.600.000 ejemplares. Pablo VI la calicaría como «aris-
tocrática por su contenido y democrática por su difusión», señalando que nin-
gún otro país podía ofrecer un ejemplo semejante, pasando los libros a su
biblioteca ocial.
Otra obra que con el tiempo sería la principal de la Asociación, el Centro de
Estudios Universitarios, tenía por esas fechas la siguiente evolución en cuanto
a su alumnado:
Las cifras no incorporan ni a los alumnos del curso preuniversitario ni a los
opositores. Cabe además observar que los resultados académicos eran superiores
a la media, y que se obtuvieron notables éxitos en los resultados de preparación
41 Ver Cantavella, J. y Serrano, J.F. 2010. Los periódicos de la Editorial Católica: Madrid: Edibesa.
Sobre la evolución del principal diario de La Editorial Católica, ver Martín Aguado, J.A. y Vilamor,
José R. 2012. Historia del Ya. Sinfonía con nal trágico: Madrid: CEU Ediciones.
Curso Alumnos Curso Alumnos
1951-1952 60 1958-1959 398
1952-1953 56 1959-1960 583
1953-1954 75 1960-1961 534
1954-1955 102 1961-1962 560
1955-1956 115 1962-1963 593
1956-1957 138 1963-1964 633
1957-1958 145 1964-1965 650
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de oposiciones a los cuerpos más distinguidos de la administración. El CEU se
concibió como un embrión de universidad privada, pues dadas las tradicionales
inuencias estatistas en la universidad, no era fácil una modicación de esta-
tus. Con setenta y cinco alumnos había iniciado su andadura el CEU en 1933,
teniendo como rector a Don Federico Salmón, abogado del Estado –como el
propio don Ángel Herrera Oria– futuro ministro de Trabajo de la C.E.D.A. en
1935, cuyos días concluirían trágicamente en noviembre de 1936 en Paracuellos
de Jarama. Nada más concluir la guerra volvió el CEU a reiniciar sus activida-
des en un modesto piso cercano a su antigua sede con sólo veinticinco alum-
nos. Pese a que desde agosto de 1939 era ministro de Educación Nacional José
Ibáñez Martín, un miembro de la ACN de P, no pudo conseguirse otra cosa salvo
un régimen de estudios paralelos con cierto grado parcial de convalidaciones.
Ni siquiera durante la época de Ruiz-Giménez como ministro de Educación
Nacional se pudo plantear la cuestión de la universidad católica no estatal, aun-
que el asunto empezaría a tratarse como posibilidad a mediados de la década de
los cincuenta. Cuando en 1951 fue inaugurado el Colegio Mayor de San Pablo,
obra de imponente arquitectura, el CEU quedaría congurado como su órgano
docente. Colegio Mayor que ha sido desde esas fechas un centro de referencia
en su ámbito.
Tales obras eran especícas creaciones de la ACN de P, pero los propagan-
distas tenían también actuaciones en obras cuya gestión se les encomendaba, tal
como se ha mencionado con la dirección de Acción Católica hasta 1959 y con
Cáritas, donde dejó su impronta Jesús García Valcárcel. O colaboraciones que
exigían un importante esfuerzo económico, como el generoso apoyo ofrecido
para la adquisición en La Granja del centro de ejercitaciones del Movimiento
por un Mundo Mejor, promovido por el jesuita orentino Ricardo Lombardi y
apoyado por Pío XII, centro que sería inaugurado en 1956.
Cabe decir, por tanto, que la ACN de P durante el período tratado es uno de
los elementos esenciales para la actuación social del catolicismo en muy diver-
sos ámbitos, tal como fue proyectada por su fundador, Don Ángel Ayala SJ y por
quien sería su hombre de referencia, Don Ángel Herrera Oria.
Fuentes y bibliograFía
Archivo Fernando María Castiella. Real Academia de la Historia.
Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores. Correspondencia con
Embajada de España ante la Santa Sede.
Archivo Alberto Martín Artajo. Archivo familiar.
Archivo de la Fundación Francisco Franco.
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